Leticia Vaca
Representantes legales de regidoras y regidor del Ayuntamiento de Villa de Reyes que han sido víctimas de intimidación, violencia política y retención de su sueldos, denunciaron que, pese a que se han presentado denuncias ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y que el Tribunal Electoral turnó al Congreso del Estado la solicitud de revocación de mandato para la alcaldesa Erika Briones, no se ha obtenido respuesta.
Al respecto, el abogado Leobardo Segura López recordó que las agresiones en contra de María Consuelo Zavala González, Carlos Gerardo Espinosa Jaime y Alma Graciela Segura Hernández, iniciaron desde octubre de 2018, y fueron desde no brindarles un espacio para desempeñar sus labores, amenazas e intimidación, hasta retenerles el pago de su salario
“Las denuncias están presentadas, incluso hemos tenido que recurrir a autoridades federales para obligar a que las autoridades actúen, pero han dejado desprotegidos a los regidores. Una parte es que las autoridades se quedaron paralizadas por la pandemia, por las suspensiones que se tuvieron y otra que no sabemos si hay desinterés o algunos interes ocultos” .
Precisó que por las violaciones cometidas en contra de las regidoras y el regidor, al Congreso le fue turnado por el Tribunal Electoral desde junio de 2020 el procedimiento de renovación de mandato. “Al Congreso le toca investigar, no sé si la intención de los diputados sea dar oportunidad a que pase el tiempo y los regidores y el Ayuntamiento terminen su periodo para que ya al final nada más se laven las manos”.
Irregularidades en la cuenta pública
Al respecto, Guadalupe Segura López, asesor Contable, explicó que al inicio de la actual administración de Villa de Reyes, la deuda pública ascendía a poco más de tres millones de pesos, pero al cierre de 2020 se incrementó a 70 millones de pesos. “El incremento más fuerte que se ha visto es en el gasto de gasolina, en el ejercicio 2020 sumó alrededor de 11 millones de pesos”, abundó.
Además, indicó que, de los recursos de libre disposición, fueron utilizados más de 15 millones de pesos, “resultado esto en deuda o pasivos, como lo quieran llamar”.
En los ejercicios 2019 y 2020, agregó, del recurso propio la mayor parte se destinó a ayudas sociales: “estamos hablando que en 2020 se habla de poco más de 50 millones de pesos (…) obviamente esto podríamos descifrar que es con una doble intención”.
Por las irregularidades detectadas y conflicto de intereses, mencionó el abogado, se presentaron las denuncias ante la ASE, pero “no sabemos por qué la Auditoría no hizo observaciones por el conflicto de interés, cuando es evidente que son familiares entre ellos, socios comerciales; la Auditoría no hizo nada cuando le denunciamos eso, no dijo nada (…) las denuncias están ahí y a ellos como autoridad les corresponde investigar”.
