Por Victoriano Martínez
En los 22 días que faltan para las votaciones del 6 de junio no sólo se elevará el tono de la confrontación entre los candidatos a la gubernatura, como se dejó ver en el segundo debate, sino que también proliferarán los actos al margen de la ley, reales o fabricados, para tratar de obtener ventaja el día de los comicios.
Una confrontación entre los candidatos a la gubernatura que llegó al extremo de que Arturo Segoviano, candidato independiente, anunció en el debate organizado por la Coparmex, una denuncia por el desvío de recursos públicos desde la Secretaría de Finanzas hacia la campaña de Octavio Pedroza, candidato de la coalición Sí por San Luis.
Un debate que, para la población, pasó tan inadvertido como el primero. Al público cautivo de los equipos de campaña seguramente se sumó el sector empresarial que, con la confianza de tener a los candidatos en su cancha, tendría que responder a planteamientos afines a sus intereses. No imaginaron que ese sesgo natural para ellos sería exhibido por al menos dos participantes.
Ninguno de los nueve candidatos tendría por qué extrañarse de ese sesgo natural que siempre estuvo sobreentendido desde el momento en que se sabía que el evento fue organizado por un organismo empresarial que, por si no fuera suficiente, es de donde salió Gustavo de Hoyos, uno de los principales promotores del movimiento Sí por México.
Un sesgo natural que no resulta argumento suficiente para que un candidato se niegue a participar, como lo hizo Ricardo Gallardo Cardona, del PT-PVEM, dado que se encuentran en campaña y como candidatos tendrían que estar abiertos a presentar y defender sus propuestas en cualquier foro. No hacerlo revela una actitud prejuiciosa incompatible con quien pretende encabezar a la sociedad.
El caso del retiro de Juan Carlos Machinena, de Fuerza Por México, cuenta con elementos que podrían justificarlo como, según dijo en entrevista al abandonar el evento, no haber atendido observaciones y acuerdos que habrían derivado en una inequidad en el ejercicio.
“Veo un evento muy cargado al candidato del PAN, al candidato Octavio, y por esa razón y por respeto a la ciudadanía potosina, al pueblo huasteco, a sus etnias, a mis seres queridos y a mis muertos, me retiro de este evento”, dijo.
Los señalamientos sobre ausencias entre los participantes en el foro por parte de José Luis Romero Calzada, de Redes Sociales Progresistas –“me hubiera encantado ver en este debate a enfermeras a obreros, a campesinos…”–, fue un tercer tipo de reacción ante el sesgo empresarial que sólo lo dejó asentado, sin desaprovechar la oportunidad de confrontar sus planteamientos.
Al acusar favoritismo hacia Octavio Pedroza, candidato de la coalición Sí por San Luis, Machinena no sólo acudió para hablar de frente y dar la cara, sino para contrarrestar esos dados cargados, lo que debió ser para el presuntamente favorecido un primer golpe ante el que no reaccionó.
El segundo golpe para el presuntamente favorecido lo dio, al cerrar su participación Segoviano, con el anuncio de una denuncia “ante la FEPADE, el INE, CEEPAC y el TRIFE para solicitar la anulación de este proceso electoral y se reponga”, por la entrega de recursos públicos por parte de Daniel Pedroza Gaitán, secretario de Finanzas, a la campaña de su hermano Octavio.
“A palabras necias, oídos sordos. A falta de ideas, la difamación, la calumnia. Me sorprende de quien viene. Pero bueno, yo no me distraigo…”, fue la evasiva respuesta de Octavio Pedroza frente al señalamiento, con documentos en alto, hecho por el candidato independiente.
Una acusación que, de formalizarse y generar una investigación seria, exhibirá además la opacidad con la que el Gobierno del Estado maneja el erario: la relación de cheques emitidos por la Secretaría de Finanzas que publica en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET) se presenta rasurada, con saltos en los números de folio que revelan la existencia de erogaciones que se ocultan.
Una revisión a esa relación de cheques de noviembre de 2020, cuando iniciaron las precampañas, a abril de 2021, revela que en los dos últimos meses del año pasado la Secretaría de Finanzas reportó seis pagos a la empresa Campizzo, en la que participa Enrique Martín del Campo, coordinador de la campaña de Pedroza, en tanto que en los primeros cuatro meses de este año no reportó ninguno.
Si se toma en cuenta que en esos listados de pagos se oculta información, de confirmarse las transferencias que denunció Segoviano, el desvío de recursos a las campañas se sumaría como una de las muchas causas por las que el Gobierno Estatal oculta información que la Ley de Transparencia le obliga a difundir de oficio.
Las irregularidades en que incurren los candidatos para lograr su meta de la gubernatura no paran en desvíos de recursos como ese, pues parece que en esta contienda echarán mano de todo el catálogo posible de maniobras al margen de la ley.
Este viernes, como preludio al debate, surgieron denuncias de aparición de un camión más con despensas en Mexquitic, el allanamiento de una bodega del Ayuntamiento de ese mismo municipio por parte del PVEM para pretender certificar otro delito electoral con despensas, y la revelación de una maniobra de Gallardo Cardona para presionar a los maestros del sindicato del COBACH a formar parte de su estructura de apoyo.
Las guerras de lodo, que buscan descarrilar al oponente, comienzan a quedarse cortas con las acciones ilegales que comienzan a aparecer con cada vez más frecuencia, desde La Cumplidora hasta los presuntos desvíos desde la Secretaría de Finanzas, que lo que abren es el riesgo de que lo que termine descarrilado sea todo el proceso electoral.
¿Y las autoridades electorales? Bien, gracias.
