Por Victoriano Martínez
Mientras los Gallardo acumulan riquezas, a todas luces de manera ilícita, las autoridades encargadas de prevenir tales conductas acumulan la sospecha de una complicidad que permite a la gallardía actuar en la total impunidad.
Astrolabio Diario Digital documentó en enero de 2018 la acelerada acumulación de propiedades de los Gallardo a partir de la llegada de Ricardo Gallardo Juárez a la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez en 2009, al grado de acumular –en apenas siete años– al menos 66 propiedades de más de tres millones de metros cuadrados de superficie con un valor superior a los 100 millones de pesos.
El 23 de febrero de 2018, la información de aquel trabajo periodístico fue retomada por el Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) y se presentó una denuncia penal por enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía General del Estado (FGE), con el apoyo de 443 firmas de potosinos recolectadas en el Jardín de Tequis.
Era la segunda denuncia contra la gallardía. La primera fue por el desvío de más de 66 millones de pesos por la compra simulada de medicamentos para personal de confianza del Ayuntamiento encabezado por Gallardo Juárez a la proveedora, hasta hoy fantasma, Sandra Sánchez Ruiz. Esta denuncia fue acompañada por 410 firmas.
En la integración de las dos carpetas de investigación, la FGE mostró una actitud claramente dilatoria para proteger a los Gallardo, con el respaldo del gobernador Juan Manuel Carreras López y la estructura gubernamental: por ejemplo, el registro público de la propiedad se negó por meses a aportar como pruebas las copias de las escrituras de los inmuebles señalados.
Un ejemplo más: luego de que la Auditoría Superior del Estado tardó meses en remitir la declaración patrimonial de Gallardo Juárez al Ministerio Público encargado del caso, éste mostró a representantes del FCA el sobre con el documento y lo colocó en un librero de su oficina. Tres meses después el sobre seguía en el mismo lugar y se incorporó al expediente por petición del FCA.
La FGE tardó un año en percatarse de que el caso Sandra Sánchez Ruiz correspondía a la Fiscalía General de la República (FGR) y se lo remitió el 12 de febrero de 2019. En el caso de la denuncia por enriquecimiento ilícito, le llevó dos años con nueve meses lavarse las manos de la misma forma: turnó el expediente a la FGR el 10 de diciembre de 2020.
Después de haberles garantizado impunidad a los Gallardo por casi tres años, las autoridades estatales parecen pasarle la estafeta a las federales, donde los expedientes corren la misma suerte: el caso Sandra Sánchez Ruiz lleva 825 días y la denuncia por enriquecimiento ilícito 158 días sin que pase nada.
Por la protección de las autoridades locales se especuló que podría deberse a que Carreras López le debía en parte el triunfo electoral por la gubernatura a un trato con Gallardo Juárez. Real o no, el caso es que el gobierno carrerista nunca actuó contra los Gallardo, a pesar de que llegó a afirmar que cuenta con pruebas de mucho más fechorías de la gallardía.
La FGR, desde que aún era Procuraduría General de la República (PGR), tuvo en sus manos frenar la carrera de la gallardía con su cadena de nuevos presuntos delitos, de haber reencausado la acusación por la que Gallardo Cardona estuvo preso durante 2015 conforme al delito que describió el juez en la sentencia de amparo que lo liberó, pero que no lo exoneró del que sí cometió.
Tan no quedó exonerado de aquel delito, que Gallardo Cardona perdió el juicio de amparo con el que pretendió que se le descongelaran las cuentas que le aseguraron en aquel año.
Dos años tres meses en el caso Sandra Sánchez Ruiz y más de cinco meses en el caso de enriquecimiento ilícito, unidos a las denuncias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP sin que haya una sola molestia contra los Gallardo, ni siquiera para llamarlos a declarar, explican por qué la gallardía amplía sus redes de negocios inexplicables.
Cada día que pasa sin que la FGR dé resultados sobre esas denuncias –y las seis más presentadas por el actual Ayuntamiento de San Luis Potosí– su grado de complicidad con la gallardía por los daños patrimoniales al erario y a la tranquilidad de los potosinos aumenta.
Se trata de asuntos de carácter penal acumulados desde hace seis años que si algo tienen que ver con cuestiones electorales es que la gallardía ha tomado las candidaturas como escudo de impunidad con tal alcance que hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador cae en esa trampa electorera al pedir que no se actúe hasta después del 6 de junio para no contaminar el proceso.
Una renuncia como esa, a cumplir la obligación constitucional de justicia pronta y expedita, pone en riesgo la paz social del Estado de San Luis Potosí y hasta la certeza en la renovación de la autoridad estatal.
Si Gallardo Cardona pierde la elección, no habrá ningún problema para que la FGR active la acción de la justicia. Pero si gana… ¿a partir del 7 de junio San Luis Potosí tendrá un gobernador electo en circunstancias similares a las que hoy enfrenta el gobernador de Tamaulipas,Francisco García Cabeza de Vaca?
¿Hasta dónde López Obrador haría valer su expresión del de 11 marzo de 2018 cuando, al referirse a los Gallardo, dijo “Imagínense si he enfrentado a Salinas y a Fox y a Calderón y a Peña que no vaya a poder enfrentar a mafiosillos”? Se le ha hecho tarde.
El campo ha estado totalmente abierto para esos mafiosillos, como lo resume el encabezado del reportaje publicado en la revista Proceso: Los Gallardo, invisibles ante la FGR. Una invisibilidad que les permite hasta compras compulsivas y caprichosas de inmuebles de alto costo.
Astrolabio Diario Digital presentó este domingo la versión extensa de ese caso, muy bien documentado con un seguimiento minucioso desde hace tres años por nuestro compañero Jaime Nava.
