Antonio González Vázquez
¿Cómo será el 7 de junio?
¿Habrá certeza de quién ganó la gubernatura?
¿Candidatos, candidatas y sus partidos mostrarán conformidad respecto de los resultados oficiales preeliminares?
¿En el día después de la elección habrá paz y tranquilidad o convulsión, protestas y denuncias de fraude?
¿Quiénes aceptarán la eventual derrota?
¿Estará en riesgo la gobernabilidad?
Las campañas electorales están en su tramo final, les restan solo nueve días. Para la jornada electoral faltan 13 días.
Las y los aspirantes al gobierno estatal cierran campañas en municipios y regiones para concluir el período de proselitismo, cerrarán con toda la fuerza posible en la capital.
En ese contexto, el 28 de mayo se realizará el segundo debate entre candidatos y candidatas organizado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
Los que vienen, son días culminantes y decisivos; hay una franja del 20 al 28 por ciento del electorado que aún no tiene definido el sentido del voto.
En el período de cierres e incluso, a través del debate, las y los aspirantes intentarán atraer a ese sector del electorado al que se le ha venido demandando el voto útil.
Con sus datos, encuestas o como resultado de su propia percepción y a partir de su anhelo, la candidata de Morena, los abanderados de “Sí por San Luis” y de “Juntos Haremos Historia”, afirman que van a ganar o que ya ganaron.
No les toca a ellos definirlo, le corresponde a los electores. A ellos, les toca acatar la voluntad de los ciudadanos.
Aunque puedan tener en sus manos estudios demoscópicos a su favor, es irresponsable presumir triunfos cuando el electorado no se ha expresado en las urnas y eso, es una falta de respeto a los potosinos.
Se trata de uno de los ingredientes que han venido abonando la percepción de que al descalabro electoral puede venir el rechazo a los resultados y, con ello, posiciones políticas orientadas a desconocer la decisión popular.
¿El 9 de junio cuando concluya el conteo distrital de votos, los derrotados aceptarán el triunfo del otro?
¿Llegaremos a ese momento en un clima político de paz y orden, con pleno apego al estado de derecho?
Lo visto hasta el momento en el proceso electoral despierta dudas sobre si el período postelectoral será ejemplo de civilidad.
Hay circunstancias y hechos que apuntan a que el crudo desencuentro observado en las campañas, detone en conflicto de alcances impredecibles.
¿Qué harán entonces el gobernador Juan Manuel Carreras López y las instituciones electorales?
El proceso electoral dio un vuelco insospechado. Al arranque de las campañas, se vaticinaba una elección entre dos: Morena y Sí por San Luis. Se encaramó “Juntos Haremos Historia”, que al final, pasó a ser la coalición a vencer.
El discurso de Mónica Liliana Rangel Martínez y de César Octavio Pedroza Gaitán, se modificó para dirigir sus baterías contra José Ricardo Gallardo Cardona. Con ello, admitieron que El pollo va adelante en las encuestas y que en los hechos, es el candidato a vencer.
¿Alguien ve a Gallardo Cardona reconociendo su derrota?
¿De perder el jefe de “La Gallardía”, se retiraría de la escena como lo hizo su padre cuando perdió hace tres años la reelección en la capital?
Definitivamente no.
Pero lo mismo se puede exponer respecto de Rangel y de Pedroza, pues han afirmado que no es permisible que un criminal gobierne en San Luis Potosí. No se trata solo de una faceta estridente en el discurso, sino de una posición política indeclinable.
La elección entre los tres atomizará el voto y al mismo tiempo, polarizará aún más los ánimos ya de por sí encontrados. La distancia en votos entre ellos, se vislumbra mínima y ello, llevará la elección a los tribunales.
Para evitar la judicialización la elección y reducir el riesgo de una crisis política que derive en violencia, sería necesario que el ganador logre una ventaja de dos dígitos.
Una victoria sustentada en una diferencia menor al cinco por ciento, por ejemplo, sería notoriamente impugnable.
En las campañas ha habido suficientes elementos para judicializar el proceso; los candidatos y candidatas han denunciado presuntas irregularidades y aún falta agregar las que surjan de la jornada electoral.
El escenario puede ser catastrófico, en especial en caso de que “La Gallardía” se lleve la gubernatura, obtenga algunas de las alcaldías más importantes y logre una representación significativa en el Congreso del Estado.
En la hipótesis de que ni el PRIANRD ni Morena logren derrotar en las urnas a Gallardo y sus candidatos, buscarán hacerlo en los tribunales.
No ha sido un proceso caracterizado por su civilidad ni por el respeto a la ley ni a los electores, luego entonces, hay condiciones para caer en una profunda crisis de inestabilidad
Lo deseable es que eso no ocurra, pero lamentablemente es un escenario posible, así que no estaría de más prepararnos para lo peor.
