Por Victoriano Martínez
Faltan 103 días para que concluya el sexenio de Juan Manuel Carreras López como gobernador y pareciera que se prepara un programa de los últimos cien días cargados de urgencias por poner la administración pública en orden y lista para el que viene, al extremo de tomar medidas para una especie de deschatarrización del aparato gubernamental.
Si se trata de nombramientos pendientes que deben ser autorizados por el Congreso del Estado, Carreras López ya le repitió la dosis de volver a enviar ternas con propuestas de magistrados con los nombres ya rechazados, entre los que destaca el caso de Silvia Torres Sánchez, la abogada defensora de los Gallardos, para convertirla en su magistrada defensora, intenciones congraciantes aparte.
Si del acomodo de piezas útiles para el post sexenio por esa misma vía, destaca la presentación prematura de una terna para el nombramiento de quien sustituya a Juan Ramiro Robledo Ruiz en la magistratura que dejará en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, cuando la renuncia a ese cargo por parte del hoy diputado federal electo no ha pasado por el Congreso.
Las Comisiones de Justicia y Gobernación acordaron regresar al Ejecutivo la propuesta de terna para ese cargo aún no reconocido como vacante por la Legislatura, como si eso representara algo y pudiera impedir que Carreras López simplemente firme el mismo oficio con una nueva fecha como lo ha hecho con devoluciones avaladas por el pleno legislativo.
Sin que se trate de una urgencia ante el ocaso del sexenio, Carreras López informa que este mismo mes habrán de quedar cubiertos los créditos de corto plazo que por mil 300 millones de pesos obtuvo para enfrentar los gastos extraordinarios por la pandemia, en demostración de que era posible hacerlo sin recurrir ni a la reestructuración de la deuda ni a la venta del terreno de la Ford.
Un pago de deuda que responde a la obligación legal de liquidación tres meses antes del final del sexenio que abre un hueco que, según reconoció Carreras López, les representará presiones de gasto en la recta final de su gobierno, pero “seguramente se resolverán”… sin reestructuración de deuda ni venta de terreno.
Una circunstancia obligada que incluso le permite ofrendar los terrenos que habría de ocupar la Ford como un activo a heredar sobre el que “ya les corresponderá a las nuevas autoridades y al nuevo Congreso determinar lo correspondiente”.
Tan limpio y ordenado pretende dejar el patrimonio del Estado a la próxima administración, que hoy entrará al Congreso del Estado la iniciativa de Carreras López para la autorización para desincorporar del patrimonio estatal un lote de 343,672 bienes muebles.
“Mobiliario y equipo en desuso e inservibles de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, que dejaron de tener utilidad por sufrir menoscabo o haber perdido las propiedades necesarias para prestar el servicio al que estaban destinados, aunado a lo incosteable de su reparación”, describe la iniciativa los muebles de los que se pretende deshacer.
No serán vendidos por lo que no representarán ingreso alguno para el Estado. Los 343 mil 672 muebles están calificados como inútiles, y aun así se plantea en la propuesta de decreto la posible donación a instituciones sin fines de lucro lo que es un mero formulismo para dar paso al destino real, también contemplado en la autorización propuesta: su destrucción o reciclaje.
Una medida que pareciera emblemática de los preparativos para la entrega recepción, cual objetivos del programa de los últimos cien días: una limpieza a fondo que hasta elimine todo tipo de chatarra.
