Por Victoriano Martínez
A tres días de que Ricardo Gallardo Cardona recibió la constancia de mayoría como gobernador electo, que no es la última palabra en cuanto a la resolución del proceso electoral, aparece en la lista de candidatos a diversos cargos a lo largo del país sobre los que se rastrea posibles vínculos con el crimen organizado.
Sea porque sigue en la inercia del candidato ganador o porque ya no le preocupe que la gente se entere de ese tipo de situaciones que atenderá en otros ámbitos, Gallardo Cardona no mostró reacción alguna a lo publicado por el diario Milenio con relación a sus presuntos vínculos con los Zetas y el cártel del Noroeste.
Se trata de investigaciones que se suman a las que ya se han dado a conocer por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en esta ocasión realizada por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con especial enfoque a la detección de nexos con el crimen organizado.
Un expediente más en el que Gallardo Cardona aparece como protagonista entre los primeros de una lista que difícilmente puede ser calificada como guerra sucia, como lo suele hacer como defensa recurrente el candidato electo.
Entre los candidatos a gobernador bajo la lupa se encuentran, además de Gallardo Cardona, uno de morena y uno del Movimiento Ciudadano; además de los candidatos a diputados federales de diversos partidos.
¿Una guerra sucia sin ton ni son armada para que Gallardo Cardona aparezca como por mera coincidencia para que no se piense que fue armada ex profeso? Difícil. Es un expediente como tantos que tiene abiertos y que, hasta antes de la elección, le ha servido contaminarlos de una razón electoral para frenarlos.
Aunque ahora se supone que no habría razón electoral para descalificar la revelación sobre las investigaciones del CNI, lo que sí persiste es que se trata de un expediente más que podría poner en riesgo la confirmación como gobernador electo de Gallardo Cardona.
Será hasta el 11 de septiembre como fecha límite cuando el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) deba emitir la declaración de validez de la elección, con todo lo que implica por posibles impugnaciones, a las que se sumarían las conclusiones de organismos como la UIF y la CNI con efectos que, sin revertir el resultado, dejarían sin la victoria a Gallardo Cardona.
En los últimos seis años, Gallardo Cardona recurrió –dentro y fuera de periodos electorales– a la descalificación de cualquier señalamiento, haya sido por investigaciones periodísticas o por la revelación de investigaciones de instancias del gobierno federal, con la etiqueta de guerra sucia, salvo cuando se anticipó el pasado 12 de abril.
El video que difundió aquel día Gallardo Cardona tenía el tono de o me dejan participar en las condiciones en las que lo hago, o que la 4T se olvide de contar con el apoyo del PVEM en San Lázaro. Hoy los resultados que dan 43 diputados a ese partido dan cuenta de lo que significó aquella postura.
Si hoy Gallardo Cardona no sale directamente o indirectamente por alguna de las vías que ha utilizado, sean sus medios abiertamente alineados o pronunciamientos de su bancada como lo hizo el 12 de marzo pasado, no necesariamente significa que no haya habido respuesta, sino únicamente que su respuesta no ha sido pública.
Es muy probable que no sienta la necesidad de una respuesta pública porque no está en juego vender la protección a una imagen que requería en aquellos momentos y que, a diferencia de la situación actual, los pendientes para llegar a su objetivo, la gubernatura, se dirimen en la mesa, terreno en el que seguramente ya debió reaccionar.
¿Para qué armar un escándalo público si aún pueden resolverse ese tipo de detalles sin una mayor exhibición? Un ruido público como el protagonizado por Ricardo Gallardo Juárez en la Plaza de los Fundadores el 7 de junio, con amenazas abiertas, seguramente será considerado en el momento en que vean un mayor riesgo para su objetivo de la gubernatura.
La declaración de validez sigue pendiente y, una vez más, es la autoridad electoral la que tiene en sus manos la determinación que podría afectar la validez de la elección: un posible origen ilegal de los recursos para la campaña por vínculos con el crimen organizado y el rebase al límite constitucional de financiamiento privado que es causal de nulidad.
