Por Victoriano Martínez
Termina la semana que comenzó con la entrega de la constancia de mayoría a Ricardo Gallardo Cardona, con más reacomodos post electorales en una ruta que va de los posicionamientos a futuro hasta la inercia de los procedimientos naturales en todo proceso político, pasando por definiciones de organizaciones ciudadanas y revelaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Primero fue el reconocimiento de Octavo Pedroza Gaitán de que los resultados no le favorecían, aunque con la anotación de que tal circunstancia fue resultado de tal serie de irregularidades que se sentía obligado a “defender la integridad del voto en los procesos electorales imparciales”.
A seis días de ese posicionamiento, cuando se definió como demócrata que acataría la voluntad popular, Pedroza Gaitán informa de la presentación de un juicio de nulidad de la elección más como una acción a la que se sintió obligado, dada la escasa información que presenta sobre la demanda presentada que bien pudo exponer ampliamente para darle fuerza pública.
Las causales de nulidad que menciona son acciones por parte de Gallardo Cardona como el rebase de los topes de campaña, las miles de boletas desaparecidas y violaciones en el protocolo de cadena de custodia de los votos y paquetes electorales, así como la integración indebida de casillas por “misteriosos” funcionarios.
Del lado de Xavier Nava Palacios, el anuncio de su regreso a la alcaldía y que continuará participando en la política de San Luis Potosí para fungir como contrapeso del próximo gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, para lo que tendrá como plataforma el resurgimiento del Frente Cívico Potosino.
Reacomodos de actores de la contienda, a los que este día se suma el posicionamiento del Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA), que en los últimos cuatro años las principales acciones de su movimiento se han enfocado en denunciar la corrupción de la gallardía, con denuncias en proceso que se han visto aparejadas a investigaciones federales sobre los desvíos en que han incurrido los Gallardo.
Mientras el FCA pide a través de una Carta Abierta que el presidente Andrés Manuel López Obrador se defina en cuanto al combate a la corrupción de quien llamó mafiosillo en campaña, so pena de considerarlo cómplice, Santiago Nieto, titular de la UIF, retoma las revelaciones en que se quedó cuando AMLO lo instruyó a no actuar para no contaminar el proceso electoral.
“En julio de 2020 presentamos una denuncia contra de Gallardo por este esquema de empresas que habían terminado sacando el dinero vía programas de naturaleza social en temas de salud, del sector salud de ambos municipios, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, hacia las empresas fachada y de ahí a retiro en efectivo por efectivamente poco más de 700 millones”, dijo en entrevista con Gibrán Ramírez Reyes.
En esa misma plática, Nieto señaló el flujo de recursos económicos del Estado de Tamaulipas a la campaña de Octavio Pedroza que también se pueden considerar recursos de procedencia ilítica.
“En el caso de Pedroza no es él en lo personal, pero sí respecto al recurso que venía de Tamaulipas y Tamaulipas es Cabeza de Vaca hacia las elecciones”, aclaró.
Así es como en una semana han aparecido en la mesa post electoral los elementos que tendrá considerar el Tribunal Estatal Electoral para resolver a más tardar el 25 de agosto la totalidad de los juicios de nulidad sobre la elección de gobernador para dejar al CEEPAC en condiciones de declarar, dentro de 84 días, la validez de la elección a más tardar el 11 de septiembre.
