Por Victoriano Martínez
El Juez Cuarto de Distrito, Dante Orlando Delgado, le concedió el amparo a Luis Fernando Gerardo González, ex magistrado del Poder Judicial porque sin sustento, el Congreso del Estado no lo ratificó en octubre de 2020 y ordenó a los diputados fundamentar los votos contrarios a su permanencia.
Para las últimas sesiones de la LXII Legislatura vienen más nombramientos, incluidos otros no ratificados en el Poder Judicial del Estado, y la determinación del juez pone en la mesa el tema sobre hasta dónde los diputados pueden tomar sus determinaciones como suelen defender, “facultad soberana y discrecional”, sin atender procedimientos legales preestablecidos.
La advertencia del juez Cuarto de Distrito al indicarles que la no ratificación de Gerardo González es una cuestión que “no se trata de facultades soberanas y discrecionales” sino que deben cumplirse ciertos pasos en el procedimiento, remite a los casos de otros nombramientos, entre los que el más reciente es los integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
El caso de la CEDH cayó en el extremo, no sólo de ignorar los principios internacionales que la ley señala se deben tomar en cuenta para la evaluación y selección, sino que fue hasta la votación número 24 que se logró el nombramiento de la presidenta, tras haber pasado por una serie de agravios a los derechos humanos de todas las participantes.
En ese sentido, adquiere especial relevancia que el Juez Cuarto de Distrito se pronuncie porque cuando los diputados se oponen al sentido de un dictamen, “tendrán la carga de motivar y fundar su postura, para evidenciar las bases objetivas en las que sustentan un sentido contrario al ahí propuesto”.
Si algo faltó en el ejemplo de la elección sobre los integrantes de la CEDH fue la motivación y fundamentación de la postura de los diputados por una simple razón: ni siquiera contaron con criterios objetivos de evaluación, mucho menos pudieron aplicarlos para generar un resultado fundado y motivado.
Señala el juez que fundar y motivar el voto contrario al dictamen no implica evidenciar su sentido antes de emitirlo ni impide que se realice por cédula, pero sí que, una vez establecido su sentido, en el formato respectivo se deberá adjuntar el documento en el que se den las razones y fundamentos.
El señalamiento judicial apunta a un ejercicio que colocaría a los diputados en posibilidades de avanzar de manera importante en pendiente en materia de transparencia y rendición de cuentas: justificar documentalmente ante sus representados las razones y fundamentos por los que toman sus determinaciones, lo que podría ser extensivo a otro tipo de dictámenes legislativos.
¿Cuántos asuntos se someten a votación sin ser sometidos a discusión, con lo que de nada sirven las sesiones públicas si los acuerdos ya se tomaron-negociaron en sesiones privadas?
Una práctica de acuerdos previos en la opacidad que anula la posibilidad de que la consulta al Diario de los Debates, por atrasada que esté su publicación (noviembre 5, 2020), permita a cualquier ciudadano conocer la postura de su representante en el tema que se sea de su interés.
Un avance en este sentido lo dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al eliminar las sesiones privadas, en las que se debatían los asuntos de manera previa a las sesiones públicas.
Lo mismo tendría que pasar en todos los órganos colegiados del sector público para cumplir la principal máxima de la transparencia, aportada por Emmanuel Kant: “Son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados”.
Hoy el principio de máxima publicidad de la información aparece en la sentencia del Juez Cuarto de Distrito por el caso de Gerardo González y alerta sobre los nombramientos en puerta en el propio Poder Judicial y las no ratificaciones de cuatro hoy ex magistrados más para que los legisladores cumplan con la fundamentación y motivación de su determinación.
También está en puerta el nombramiento de quien sustituya al titular del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y al comisionado numerario de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información… y seguramente muchos dictámenes ante la afirmación del diputado Martín Juárez en el sentido de que avanzan para abatir el rezago legislativo.
Fundar y motivar sus determinaciones, sea por la vía que señala el Juez de adjuntar en el acta el documento con las razones y fundamentos de los votos contrarios o sea por una intervención en tribuna que dejaría constancia de la postura en el Diario de los Debates.
Una vía que fortalece la transparencia del trabajo legislativo al darle mayor valor tanto al Diario de los Debates como a las actas de las sesiones que, en ambos casos, deben difundirse de oficio, además de que refuerza el buen ejercicio de transparencia que representan las transmisiones en vivo de las sesiones de comisiones y del Pleno.
