Redacción
Según informa este día el periódico Reforma en su primera plana, el gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, utilizó el fuero que le confirió su curul como diputado federal, para eludir una acusación de fraude fiscal por 7 millones 32 mil 76 pesos, y se escudó hasta que prescribió el plazo para perseguir el delito.
La acusación fue realizada por la entonces llamada Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República), durante los últimos meses del sexenio de Enrique Peña Nieto, la cual, solicitó una orden de aprehensión por presunta defraudación fiscal.
Este presunto fraude por el que fue acusado Gallardo Cardona, se remonta al año 2012 en el que el hoy Gobernador electo obtuvo ingresos acumulables por 25 millones 204 mil 103 pesos y solo declaró un millón 742 mil 259 pesos. En total, el fraude fiscal fue de 7 millones 32 mil 76 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Además, Reforma indica que Ricardo Gallardo fue citado a una audiencia el 8 de marzo de 2018 por un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, sin embargo, no se presentó al argumentar que tenía influencia.
Mientras tanto, Gallardo realizó dos declaraciones fiscales complementarias para intentar “justificar que los ingresos cuestionados eran en su mayoría préstamos de sus propias empresas”.
Además, el texto suscribe que Ricardo Gallardo se acercó a la PGR para ofrecer un acuerdo reparatorio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que estaba dispuesto a pagar el daño causado con el presunto fraude fiscal, no obstante, la oferta fue rechazada.
Posteriormente se le citó a una nueva audiencia en abril de 2018, pero fue suspendida porque la PGR se dijo dispuesta a negociar con Gallardo, sin embargo, se continuó sin llegar a un acuerdo entre las dos partes. Meses después, Ricardo Gallardo consiguió adueñarse de una diputación federal como candidato del Partido de la Revolución Democrática y obtuvo el fuero que lo protegía de ir a prisión.
Después, la nueva administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador, no lo intentó desaforar y en septiembre de 2019, la entonces llamada Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) archivó la indagatoria al haber prescrito el plazo para perseguir el delito.
Desde 2020, Gallardo Cardona pidió licencia a su curul como diputado federal para competir en las elecciones a la gubernatura de San Luis Potosí, de las cuales, resultó ganador y está a la espera de que los Tribunales Federales confirmen su victoria, para que el 26 de septiembre pueda presidir el Estado potosino y sea acreedor de seis años más de fuero.
Por último, Reforma recuerda que el año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera interpuso dos denuncias contra Ricardo Gallardo por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, hecho por el cual la FGR inició dos carpetas de investigación, una de ellas, turnada hace unos días desde la Fiscalía Anticorrupción hacia la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
