Por Victoriano Martínez
Cuando en 2008 las comisiones unidas de Gobernación y Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado seleccionaron directamente a una comisionada numeraria y tres comisionados supernumerarios para la CEGAIP, se dio paso a una serie de juicios de amparo contra la determinación que acabó por eliminar el proceso de selección previa para llevarlo al pleno.
En aquel año, la primera vez que se eligió por vía de convocatoria del Congreso a los integrantes de la CEGAIP, se inscribieron 45 candidatos. En un primer filtro se descartó a 13 aspirantes por no cubrir los requisitos documentales y a los otros 32 se les sometió a exámenes psicométricos, de conocimientos de la Ley de Transparencia y a una entrevista.
El 25 de junio de 2008, la entonces diputada Guadalupe Almaguer, presidenta de la Comisión de Transparencia, informó al término de una sesión conjunta de las comisiones entonces encargadas de la selección que se fueron descartando candidatos hasta quedar con diez que fueron sometidos a votación.
Las comisiones llevaron al Pleno un dictamen con los nombramientos definidos y al resto de los diputados sólo les tocó avalar con su voto lo previamente dictaminado.
Vinieron las inconformidades con una serie de juicios de amparo que, a la postre, encontraron como blindaje no hacer más evaluaciones tan detalladas como las de aquella primera vez en la que incluso intervino la Escuela de Psicología de la UASLP en la evaluación psicométrica.
Después de una década en la que todos los aspirantes inscritos para la renovación de una de las plazas de comisionado de la CEGAIP, salvo excepciones de a quien le haya faltado algún documento, eran sometidos al voto del Pleno, por primera vez hay una depuración tal de la lista que finalmente los diputados decidirán quién sustituye a Paulina Sánchez Pérez del Pozo de entre una terna.
Para la renovación de la vacante que deja Sánchez Pérez del Pozo se inscribieron 18 candidatos, entre ellos algunos que ya habían participado en procesos anteriores.
De acuerdo con la Comisión de Transparencia, hoy única encargada de dictaminar sobre el proceso de selección, 15 de los 18 aspirantes incurrieron en tal descuido, que incumplieron con los requisitos:
Sobre José Jesús Sierra Acuña, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y participante frecuente en los procesos de selección de CEGAIP, la Comisión señaló que no presentó “constancia de no antecedentes penales expedida por autoridad competente, con antigüedad no mayor a noventa días naturales a partir de la publicación de la convocatoria”.
Nancy Esmeralda Hernández Cervantes no presentó “título profesional legalmente expedido”, ni “Versión pública del currículum vitae, con documentos originales que acrediten lo manifestado en el mismo y que permitan comprobar que el solicitante cuenta con al menos tres años de experiencia y conocimiento en materia de acceso a la información, protección de datos, transparencia, rendición de cuentas y/o protección a los derechos humanos”.
José Luis Mendoza Pérez, reportan en el dictamen, no presentó acta de nacimiento, credencial de elector vigente, título profesional legalmente expedido, carta de residencia ni versión pública de su currículum vitae.
Ma. Del Carmen Aranda Manteca, ex contralora municipal, no presentó constancia de no antecedentes penales expedida por autoridad competente, con antigüedad no mayor a noventa días naturales a partir de la publicación de la convocatoria, ni carta de residencia.
Cuatro aspirantes eliminados por descuidos fácilmente demostrables, por difícil que resulte creer que incurrieron en ellos, sobre todo porque algunos ya tienen experiencia en haber participado en otros procesos e, incluso, haber alcanzado nombramientos.
A los once restantes –Juan Francisco Tapia Guel, J. Guadalupe Salazar García, Ricardo Castañeda Hernández, Jessica Carreón Carrizales, Jorge Hernández Vega, Carlos Hernández Elizondo, Mayanin Yarenis López López, Juan Eduardo Gutiérrez Torres, Ulises Hernández Reyes, Ignacio Rafael Acosta Díaz de León, y Ana María Ávila Acosta– se les aplicó un mismo rasero:
“Después de haber revisado la totalidad de constancias adjuntas a sus respectivos currículum vitae esta Comisión determinó que a través de las mismas no es posible comprobar que los solicitantes cuentan con al menos tres años de experiencia y conocimiento en materia de acceso a la información, protección de datos, transparencia, rendición de cuentas y/o protección a los derechos humanos”.
En la lista aparecen personas que desde hace años trabajan en la propia CEGAIP, algunos encargados de unidades de transparencia y hasta quienes han sido consejeros en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que seguramente cuestionarán que se ponga en duda su experiencia en los temas aludidos.
Al Pleno sólo llegarán los nombres de José Alfredo Solís Ramírez, Mauricio Vladimir Barberena Sánchez y Sara Viridiana Tapia Rincón para ser votados, el segundo de ellos con el antecedente de haber sido despedido de la CEGAIP por traficar con evaluaciones de transparencia a los municipios y a otros entes obligados.
Un proceso que, sin entrar en evaluaciones tan rigurosas como las que se dieron cuando comenzó en 2008 la época de los nombramientos a convocatoria del Congreso del Estado, por una preselección dudosa vuelve a abrir la posibilidad de que la elección de comisionado de CEGAIP pueda enfrentar inconformidades que podrían llegar hasta a los juicios de amparo.
