Por Victoriano Martínez
La LXII Legislatura llega prácticamente a la conclusión de su último periodo ordinario de sesiones con una exhibición de la poca importancia que le dieron el tema de transparencia durante su gestión: no sólo concluirán con descuidos el nombramiento de un nuevo integrante de la CEGAIP, sino que dejarán expuesta la poca atención que le pusieron al tema.
El rechazo de 15 de los 18 aspirantes a comisionado de la CEGAIP ya comenzó a dejar ver las inconformidades con amparos presentados por presuntas descalificaciones injustificadas por falta de documentos, y no será la primera vez que un proceso de selección para integrar ese organismo sea combatido judicialmente. Ocurrió desde la primera vez que se aplicó.
En la misma sesión de hoy, los diputados exhibirán el abandono en el que dejaron el funcionamiento del organismo que aportaba un poco de luz sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia por parte del Legislativo que cuando menos dejaba constancia de la atención al tema a través de informes cada tres meses: el Consejo Ciudadano de Transparencia.
Integrado por cinco representantes de la sociedad, el Consejo funcionó hasta la anterior Legislatura con informes trimestrales en los que hacía una descripción del cumplimiento a la Ley de Transparencia, que incluían observaciones sobre las deficiencias además de recomendaciones para mejorar el derecho de acceso a la información pública.
La actual Legislatura tardó más de dos meses en lograr nombrar el Consejo. En la sesión del 29 de noviembre de 2018 nombró a Dora Hilda Gandy Romero, Edith Fabiola Reséndiz González, Juan Antonio Gallardo Trejo, Jonathan Iván Gámez Juárez y Martín Beltrán Saucedo como integrantes del Consejo.
De sus actividades no hay registro en el apartado de actas ni en el de informes como ocurría en las anteriores Legislaturas y sólo hasta el 2 de octubre de 2019 vuelve a ser mencionado como participante en una reunión de evaluación del tema de transparencia, en la que se da cuenta que Gallardo Trejo figura como presidente del Consejo.
“Vemos muchos avances, si esto resulta en algo benéfico van a contar con nosotros, somos ciudadanos con la idea de ayudar y realmente vemos cambios, esperemos que sean favorables y eso los resultados lo dirán, porque hay gente que está tratando de hacer las cosas de buena fe”, dijo Gallardo Trejo en aquella reunión, como si un año después asumiera el cargo.
Un Consejo de Transparencia que tendría que haber operado conforme al reglamento que está vigente desde hace 13 años, el 20 de noviembre de 2008, y sobre el que los integrantes del mismo durante la LX Legislatura trabajaron para actualizar y presentaron la iniciativa respectiva el 16 de julio de 2014.
Era aquel un Consejo (integrado por Rodolfo Navarro Loris, Laura Alicia Lara Nájera, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, Alejandro Pérez Rodríguez, y José Ángel Medina Narváez) que cumplía con las sesiones mensuales reglamentarias, la presentación trimestral de informes y con ánimo de colaboración para promover incluso la actualización de su marco reglamentario.
Los diputados de esa Legislatura, no obstante, ignoraron su propuesta y los de la LXI Legislatura hicieron lo mismo. Los actuales diputados, más con apariencia de un afán de abatir el rezago de iniciativas ciudadanas a las que no les han prestado atención que con un análisis detallado de las mismas, hoy –a seis años 11 meses– desecharán la iniciativa de aquellos consejeros.
El primer motivo es porque presentaron la iniciativa como Consejo y “este organismo no tiene la calidad de ciudadanía toda vez que el citado consejo es un ente que no cumple con lo preceptuado en el artículo Constitucional descrito en supra líneas; aunado a ello, la facultad es exclusiva de los funcionarios descritos en el artículo 61 de la constitución local”.
El segundo es que con la iniciativa “invaden atribuciones que no le corresponden al Consejo de Transparencia como la de realizar las capacitaciones y actualizaciones en materia de Transparencia ya que esto le corresponde a la Comisión de Transparencia de esta Soberanía así como el Comité de Transparencia y la misma Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado (CEGAIP) tal y como lo marca la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí”.
Una interpretación restrictiva –y por tanto con tendencia a la opacidad– que ignora dos principios constitucionales incorporados hace 10 años: el pro persona, al negarles el carácter de representantes ciudadanos a los integrantes del Consejo, y el de progresividad por el refuerzo al ejercicio de un derecho que implica una instancia más de capacitación.
No se podría esperar menos de una Legislatura que transitó todo su periodo con el primer Consejo de Transparencia desde 2006 que no se hizo presente y no presentó un solo informe sobre el cumplimiento del Poder Legislativo a la Ley de Transparencia.
Hasta la anterior Legislatura, el Consejo de Transparencia constituyó un referente que al menos cada tres meses alertaba sobre faltantes en la actualización de la información pública que el Congreso del Estado debe difundir de oficio.
El Consejo actual resultó fantasmal y el dictamen que hoy pasarán al Pleno en contra de la iniciativa de uno de sus antecesores para impulsar la acción de la representación ciudadana para promover la transparencia del Legislativo es una más de las rúbricas que con las que la actual Legislatura refrenda, ya de salida, su vocación por la opacidad.
