Por Victoriano Martínez
Después de poco más de cuatro años y un mes de que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) inició su vigencia y, con ello, creó legalmente una Plataforma Digital con seis sistemas de información como una ventana adicional para que la ciudadanía pueda dar seguimiento a las políticas de combate a la corrupción, finalmente entra en operación el primero.
La plataforma completa, según la Ley, permitirá conocer la (1) evolución patrimonial, de intereses y la declaración fiscal de los servidores públicos, (2) quiénes intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, (3) la lista de servidores públicos y particulares sancionados, (4) el Sistema Estatal de Fiscalización, (5) hacer denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, y (6) conocer la información pública de contrataciones.
Cuatro años de retraso y un arranque parcial en el cumplimiento de una Ley que de por sí tardó dos años en concretarse son el más claro indicador de que la bandera anticorrupción que levantó Juan Manuel Carreras López al iniciar su periodo como gobernador sólo fue para hacer de la lucha contra la corrupción su mayor y más perverso acto de simulación sexenal.
Aunque ya se puede acceder a la Plataforma (https://www.plataformadigitalestatalslp.org/), aún es posible dar por sentado que se trata de un avance pleno porque todavía queda por ver la calidad de la información que en ella se comience a presentar.
Este primer sistema puesto en operación aplica a la difusión de las declaraciones 3de3 (patrimonial, de intereses y fiscal). En materia de transparencia no representa ninguna novedad. Desde la entrada en vigencia de la actual Ley de Transparencia, los servidores públicos están obligados a difundir de oficio sus tres declaraciones. El problema es la forma en que lo evaden.
Cuando el 9 de mayo de 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la actual Ley de Transparencia los servidores públicos quedaron obligados a difundir sus declaraciones 3de3. De inmediato echaron a andar la estrategia para evadir la obligación y cómodamente la encontraron en que la Ley señaló que deben difundir una “versión pública”.
La mismísima Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública fue la responsable de definir lo que son esas versiones públicas y, a la fecha, sus comisionados y funcionarios son los primeros en poner el mal ejemplo de opacidad en el tema: publican sus declaraciones patrimoniales totalmente testadas. Publicar un formato en blanco o en negro, como lo hacen, da lo mismo.
Gobierno del Estado tuvo un periodo corto de apertura al contar con una plataforma de consulta pública de las declaraciones 3de3 de los servidores públicos de todas sus dependencias en la página de internet de la Contraloría estatal, con posibilidad de búsqueda por nombre y en los formatos desarrollados por el IMCO y Transparencia Mexicana.
Era un mecanismo que facilitaba la consulta y que, además, al presentar de manera abierta los datos incluidos en los formatos de la iniciativa 3de3, permitía conocer la información que los funcionarios registraban en ellos, porque aun así había quienes los presentaban en blanco.
Hoy localizar esas declaraciones 3de3 implica una búsqueda dependencia por dependencia y mes por mes, a través del laberinto que representa la Plataforma Estatal de Transparencia, con el riesgo de encontrarse con la mayoría de los formatos con la leyenda “no se generó”.
Hasta hoy, las vías para localizar las declaraciones 3de3 son la Plataforma Estatal de Transparencia y los apartados de transparencia de cada una de las dependencias y organismos públicos con rutas muy complicadas para localizarlas y con la certeza de que se encontrarán versiones públicas que en realidad con versiones opacas, totalmente opacas.
La apertura del primer módulo de la Plataforma Digital del Sistema Estatal Anticorrupción apenas abre la posibilidad de que finalmente las declaraciones 3de3 se encuentren disponibles al público en la medida en que comiencen a alimentar de información el sitio Web, hoy vacío.
Una posibilidad que se abre a 88 días de que Carreras López deje el cargo, es decir, ya logró transitar sus seis años como gobernador sin que la tan cacareada lucha anticorrupción que dijo abanderar se haya aplicado durante su administración y cuyas primeras e insuficientes acciones llegan tarde sólo para dejar constancia de que el carrerista fue el sexenio de la corrupción con impunidad.
La ecuación corrupta, apoyos sociales simulados, supuestas compras a empresas factureras, congelamiento de denuncias ciudadanas por corrupción ampliamente documentadas y la dilación de casos como las denuncias por enriquecimiento inexplicable de la familia Gallardo y el emblemático caso Sandra Sánchez Ruiz serán parte del sello de la corrupción carrerista.
La obligación de publicar en la Plataforma Digital del SEA las declaraciones 3de3 llega en la víspera del cambio de autoridades y, en consecuencia, se convierte en la primer prueba de transparencia para quienes asumirán la gubernatura, las diputaciones y los ayuntamientos.
Tienen la oportunidad de presumir en los primeros días de sus respectivas gestiones un alto compromiso con la ciudadanía a través de transparentar todos los bienes que tienen al iniciar sus cargos para dar sentido al sistema de evolución patrimonial y demostrar que no buscaron un puesto público para enriquecerse.
Pero así como se abre para los servidores públicos electos el 6 de junio esa oportunidad, el nivel de apertura sobre la información que publiquen en la Plataforma Digital del SEA también constituye la mayor prueba del grado en el que su trayectoria en la administración pública los lleve a mostrar ser transparentes o a refugiarse en la opacidad.
