Angélica Campillo
La organización civil Ciudadanos Observando prevé que la administración estatal encabezada por Juan Manuel Carreras López, entregará números maquillados a su sucesor, Ricardo Gallardo Cardona.
Lo anterior en el contexto de que ambos personajes sostuvieron una reunión el pasado martes 6 de julio, previo al proceso que marca la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
El vocero de Ciudadanos Observando, Guadalupe González Covarrubias, refirió que el gobierno saliente entregará números maquillados, debido a que Carreras López tiene asignado a Gabriel Rosillo Iglesias como el encargado del proceso de entrega recepción, a quien calificó como un “experto en maquillar números y en encubrir la corrupción”.
El activista dijo que no se descarta que haya habido un acuerdo entre el gobernador entrante y el saliente, como sucede cada sexenio, para que no haya consecuencias de los desastres que deja su antecesor. Tal como ya se vio con Fernando Toranzo, al haber sido protegido por Carreras López.
Asimismo señaló que no se espera que la administración de Gallardo Cardona vaya a hacer algo en contra de Juan Manuel Carreras.
Aseveró que la nueva administración estatal va a encontrar “una realidad terrible”, a pesar de lo que maquillen, debido a que Carreras López dejará boquetes financieros impresionantes por culpa de la corrupción, como la registrada en los Servicios de Salud; los desfalcos generados en la Dirección de Pensiones, en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), así como en obras como el Metrobús; el dinero que les falta a los empleados del Gobierno del Estado, lo cual les fue retenido “y no aparece por ninguna parte”; el costo inflado del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, “y un sinfín de corruptelas que obviamente van a cobrar factura”.
Finalmente, González Covarrubias se mostró a favor de lo señalado por Ricardo Gallardo Cardona, respecto a que tiene que entregarle cuentas a la ciudadanía porque son sus jefes, ya que así lo marca la Constitución, “quien llega vía elección a un puesto es un mandatario, es decir, el empleado de la ciudadanía que recibe un mandato y obviamente, por Ley, está obligado a transparentar y a rendir cuentas a la ciudadanía”.
