Por Victoriano Martínez
El proceso electoral no terminó el 6 de julio, ni con la entrega de las constancias de mayoría a quienes el recuento hecho por los órganos electorales determinó que obtuvieron más votos que sus contrincantes. Los documentos entregados a los presuntos vencedores abren, en realidad, un periodo que podría denominarse post-campañas.
El espectáculo ofrecido en las precampañas exhibió el grotesco espectáculo protagonizado al interior de los partidos políticos y en una suerte de tianguis interpartidista de cacha-oportunistas que, de algún modo, pudieran representar una diferencia a la hora del conteo de los votos, sea los auténticos o los manipulados.
Durante las campañas lo que menos hubo fue apego a la legalidad y, en consecuencia, juego limpio.
Las denuncias por irregularidades han acompañado a todo el proceso electoral desde sus primeras etapas, por lo que no debe sorprender que, tras las constancias de mayoría, la contienda se trasladó a los Tribunales electorales, con una parada previa en el INE y su dictamen sobre gastos.
Un terreno en el que se dirimen las controversias entre demandas, juicios de nulidad, aportación de pruebas de uno y otro bando, y el análisis de magistrados electorales que evalúan y discuten para llegar a un veredicto. Hasta ahí, una post-campaña de juzgados.
Pero la disputa por el acceso al cargo llama al protagonismo y la inercia de precampañas y campañas se mantiene en los participantes, principalmente los que tienen en su poder constancias de mayoría, cuya mayor defensa es asumirse como si ya poseyeran el cargo con la intención de que, si los Tribunales no los favorecen, quede en la población la idea de que se los robaron.
Para el perdedor que impugna, por considerar que le robaron el triunfo con acciones fraudulentas, resulta más difícil un protagonismo post-campañas en tanto su poder de convocatoria hacia la ciudadanía no le facilite movilizaciones que acrediten un descontento social por el fraude cometido. Una debilidad que debe compensar con contundencia en sus argumentos ante los Tribunales.
En ese contexto, Octavio Pedroza Gaitán lleva una post-campaña activa en tribunales, pero públicamente de muy baja intensidad. Conoce sus limitaciones en este terreno.
En cambio, Ricardo Gallardo Cardona mantiene la misma campaña que no ha perdido continuidad desde hace tres años, y se esfuerza por proyectarse como próximo gobernador, con tal ostentosidad de su constancia de mayoría, que se promueve en sus propios medios de comunicación, paga gacetillas en otros, y publicita cuanta sumisión se le presenta, como –por ejemplo– la de la Alianza Empresarial.
En la post-campaña pública, Gallardo Cardona prácticamente no tiene rival.
Ya anuncia que hoy comenzarán los trabajos de la entrega-recepción entre su equipo y el equipo de un gobernador Juan Manuel Carreras López total y vergonzosamente opacado y apocado, cual si aún le pesaran las advertencias y amenazas de Ricardo Gallardo Juárez en la Plaza de los Fundadores el 7 de junio.
Una urgencia por asumir el cargo que denota cierto nerviosismo porque, si bien su post-campaña pública la lleva sin contratiempos, en los litigios por venir –tras la anunciada ampliación de la investigación del INE por sus gastos de campaña– y en las posibles impugnaciones adicionales de Pedroza Gaitán y su equipo ante los Tribunales, las cosas no le han salido como esperaba.
Un nerviosismo de Gallardo Cardona como el que el 7 de junio no sólo expresó su padre con palabras altisonantes en la Plaza de los Fundadores, sino también su asesor Héctor Serrano. Gallardo Juárez contra Carreras López, Serrano contra Laura Elena Fonseca Leal, presidente del CEEPAC.
Un nerviosismo de Gallardo Cardona que abre paso a mensajes de gente cercana a su ante-pre campaña, precampaña, campaña y post campaña con advertencias a Pedroza Gaitán para que evite continuar el litigio en Tribunales so pena de no librar a su hermano Daniel Pedroza Gaitán, secretario de Finanzas, de una revisión rigurosa de su gestión.
Una post-campaña en la que públicamente da todo de sí para proyectarse como próximo gobernador, al grado de someter al que se encuentra en funciones a comenzar este lunes la entrega-recepción, en tanto que en el litigio ante el INE y los Tribunales –fuera de cámara– recurre a prácticas poco ortodoxas para lograr su meta.
