Por Victoriano Martínez
Los señalamientos que los integrantes de la Asociación Profesional Gremial de Médicos del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto hicieron en contra del gobierno encabezado por Juan Manuel Carreras López por el incumplimiento de cuando menos cinco compromisos fueron acompañados de dos calificativos: indolencia e irresponsabilidad.
Carreras López y su gabinete, a lo largo del sexenio que está por concluir, han dado muestras constantes de no verse afectados ni conmovidos con los padecimientos que enfrenta la sociedad a la que tendrían que responder con los servicios público que les corresponden garantizar.
Una indolencia generalizada ante la que, por ser situaciones de mayor impacto, llaman más la atención pública el incremento desmedido de la inseguridad, el cinismo cada vez mayor de los servidores públicos para cometer actos de corrupción sabedores de que quedarán impunes y todos los escándalos que la inacción gubernamental en esos temas trae aparejados.
Una indolencia que llega, efectivamente, a los extremos de la irresponsabilidad –como exhiben los médicos– cuando señalan que no han tenido respuesta “a las múltiples solicitudes y planteamientos realizados en sin fin de ocasiones”.
No atender los problemas generados por el desabasto de insumos y material para que los médicos puedan trabajar en las condiciones que requiere la atención de los enfermos que acuden al hospital no sólo atenta contra los derechos laborales del personal, que debe contar con todos los materiales necesarios, sino contra la salud del elevado número de personas que ahí se atienden.
“El Gobernador @JMCarrerasGob y el Director General del @INSABI_mx, @Juanferrer62, firmaron el convenio para que este instituto se haga cargo de la operación del Hospital Central, lo que permitirá más inversión en equipo, mantenimiento, personal de salud y medicamentos”, se tuiteó desde la cuenta oficial del gobierno del Estado el pasado 10 de abril.
Lo que pareció ser el anuncio de un avance que mejoraría las condiciones tanto de insumos como de atención a los derechos laborales del personal, a poco más de cuatro meses quedó claro que simplemente se trató de un instrumento para que el gobierno estatal evada su responsabilidad con el pretexto de que ese centro de salud quedó a cargo del INSABI.
Un pretexto que el gobierno de Carreras López ha utilizado desde que anunció que el Hospital Central sería de los primeros en adherirse al INSABI, al grado de que el presupuesto que se le asignó para este año es de un 32.36 por ciento menos que el que tuvo el año pasado. De un presupuesto anual aprobado para 2020 de mil 444 millones 540 mil 542 pesos, al Hospital Central se le asignó para este año un presupuesto de 977 millones 100 mil pesos.
El uso del convenio con el INSABI como pretexto que al gobierno de Carreras López no lo exime del cumplimiento del decreto administrativo que constituye al Hospital Central como una unidad administrativa descentralizada de los Servicios de Salud, cuya vigencia no ha sido anulada con algún nuevo decreto que modifique la condición del hospital.
“Las relaciones laborales de la Entidad desconcentrada Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” y sus trabajadores se regirán conforme a las condiciones generales de trabajo aplicables a los Servicios de Salud de San Luis Potosí”, señala el artículo séptimo de ese decreto, publicado el 14 de noviembre de 1998.
Un marco legal que da fundamento a los reclamos de la Asociación Profesional Gremial de Médicos del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto que, no sólo son justos como dijo Jorge Daniel Hernández Delgadillo, secretario de Gobierno, sino que exhiben el incumplimiento de obligaciones por parte de la autoridad estatal.0
Calificar como justos los reclamos de los médicos y expresar que por tratarse de derechos laborales y de condiciones de trabajo “ambas pueden ser subsanadas y solucionadas mediante el diálogo” es una muestra más de la indolencia e irresponsabilidad que los inconformes señalan por ser una respuesta similar a las múltiples solicitudes y planteamientos hechos.
¿Cómo podría, sólo con diálogo, quedar –por ejemplo– finiquitada la deuda de 16 millones 750 mil pesos con la asociación gremial? Como ese, podrían los médicos enumerar casos concretos de jubilaciones, reconocimientos de antigüedad, contratos y otros derechos laborales que un simple diálogo sin acciones concretas no puede resolver.
