Por Victoriano Martínez
El reconocimiento por parte de Miguel Ángel Lutzow Steiner, titular de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado, de que hace dos o tres años se detectaron medicamentos apócrifos, como lo reveló la organización Ciudadanos Observando en su investigación, poco aporta a la aclaración del tema, sobre todo en la parte más sensible: ¿a quiénes se les aplicaron y cuál fue el efecto?
Si, como afirma Lutzow Steiner, las instancias de auditoría y las regulatorias como las comisiones estatal y federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris y Cofepris) ya tomaron cartas en el tema y lo tienen documentado, no habría ningún problema en que se dieran a conocer los efectos de la aplicación de un medicamento falso.
“Las autoridades correspondientes están obligadas a realizar una investigación a fondo para conocer a quiénes les fueron suministrados tratamientos donde se incluyó el medicamento presuntamente falsificado, ya que pudieron existir decesos de pacientes que no recibieron el tratamiento adecuado”, señala en su conclusión Ciudadanos Observando.
Con 204 millones de pesos, ¿cuántos medicamentos para el cáncer pudieron ser adquiridos? ¿A cuántas personas se les aplicó y cuántas dosis recibió cada una? ¿Cuáles son los efectos de su aplicación? ¿Hubo casos fatales? ¿Cuántos?
Hoy que tanto se reprocha a la población no asumir su responsabilidad en el cuidado para evitar los contagios de coronavirus, con la advertencia de que el CODIV-19 mata, resulta urgente que las instancias de auditoría y regulatorias den cuenta de toda la información que documentaron sobre esas compras irregulares.
Independientemente de los efectos que pudo tener la aplicación de medicamentos apócrifos en un determinado número de pacientes –cuya gravedad exige aclaraciones puntuales tanto de la Coepris y la Cofepris como del Hospital Central y el Hospital General de Zona del IMSS–, el tema presenta un aspecto que involucra a todas las autoridades: la transparencia en las compras.
Ciudadanos Observando trató de documentar, vía solicitudes de información, la justificación de las compras por asignación directa de los medicamentos falsificados. Con la solicitud con número de folio 00479619 requirieron copia de la autorización del director del Hospital Central para reslizar esas asignaciones directas y, por la respuesta, se concluye que no existió. Dice textual:
En el Hospital Central la mayoría de sus resoluciones son de manera inmediata y expedita derivado a que depende la preservación del orden social, la continuidad en la prestación de los servicios públicos, la economía, la salubridad, la seguridad pública, se requieran atención emergente.”.
Cabe señalar que el principal motivo para realizar dicha adjudicación es por la problemática que ha atravesado este nosocomio a lo largo de su historia, y la falta de liquidez financiera, razón por la cual se complica la adquisición de insumos.
Aunado a lo anterior, cabe hacer mención que los insumos requeridos son de carácter urgente, así como la imperiosa necesidad de contar con él, ya que de él depende el tratamiento de pacientes y por lo cual depende el principio fundamental la vida humana.
Las negritas así aparecen en la respuesta, cual si se pretendiera resaltar la paradoja de la justificación que permitió la compra de medicamentos que, en este caso, ponen en riesgo precisamente la vida humana de pacientes con cáncer.
Una respuesta que exhibe lo que podría ser una constante en la actitud de una burocracia que aprovecha cualquier pretexto para evadir los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones que buscan garantizar que se adquieran los mejores insumos, no sólo en el sector salud, sino en todos.
Lutzow Steiner dijo que desde el 2019 los insumos se reciben en especie y, de manera eventual, se han comprado medicamentos oncológicos. Sólo abre un espacio de mayor duda: si el flujo ordinario no resulta suficiente y se requieren compras eventuales, sólo podría ser por urgencias como las que no requieres licitación y se asignan de manera directa. Justo el origen del problema.
Las respuestas a las solicitudes de información en las que se basa la investigación de Ciudadanos Observando dan cuenta clara del vacío que en materia de transparencia hay en las compras gubernamentales, a pesar de las obligaciones de difusión de oficio establecidas en la Ley al respecto.
Si en el caso de medicamentos en estos dos hospitales se ha detectado esta irregular y peligrosa situación, ¿qué estará pasando en el resto del sector salud? ¿Qué adquisiciones sobre las que puedan pretextar urgencia para adjudicarlas de manera directa en otros sectores gubernamentales podrían tener efectos similares?
Un caso que resulta emblemático de la forma en que los recovecos por los que se cuela la corrupción en la administración pública ponen en riesgo la seguridad y la vida de la población.
