Por Victoriano Martínez
Si como técnica de dirección y gestión de empresas se dice que lo que no se mide no se puede mejorar, todo indica que en materia de estrategias gubernamentales para garantizar la seguridad pública lo que aplica es lo que se mide para compararse, difícilmente da resultados, sobre todo si se voltea a ver a quienes están peor.
El secretario de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, como su antecesor y como el antecesor de éste, lo volvió a decir: la entidad sigue ubicada fuera de los 19 estados con cifras elevadas de violencia. Es la cifra que le correspondió ahora, pero en su momento cada ocupante de ese cargo tuvo a la mano la cifra para decir no estamos tan mal.
Lo trató de matizar con afirmar que no es gratificante que haya homicidios: “así fuera uno solo, gravita en la seguridad de los ciudadanos y en la intranquilidad de la sociedad potosina, pero es una buena nota que no estemos contemplados dentro de los 19 estados más generadores de homicidios dolosos”, dijo.
Claro, se quedan con lo que consideran una buena nota y lo hacen ver en su postura pública para justificarse, y en sus actos obligatorios de rendición de cuentas como el reciente informe de gobierno (el sexto y último) en el que el gobernador Juan Manuel Carreras López no dudó en “afirmar sin temor a equivocarme que entrego un San Luis Potosí mejor que el que recibí en 2015”
Carreras López afirma en el documento que “fortalecer la seguridad de los ciudadanos fue tarea diaria en este Gobierno” (pág. 223), lo que contrasta con el hecho de que más de 8 de cada 10 potosinos se sienten inseguros y, sobre todo, por la forma en que se dispararon los homicidios en la entidad.
Tras enumerar una serie de acciones como al nuevo C5i2, el Centro de Control de Confianza (C3) y la nueva sede de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la nueva Fuerza Metropolitana Estatal la Unidad de Inteligencia Patrimonial, Carreras López recurrió –como los dos secretarios de gobierno que ha tenido– a compararse con los que están peor.
“Durante el presente sexenio, de la incidencia delictiva total, tres de los siete delitos prioritarios, el homicidio doloso, el robo de vehículo y el robo a negocio se han mantenido constantemente por debajo de la media nacional. El resto de los siete delitos prioritarios, es decir, el secuestro, extorsión, sobo a transeúnte y robo a casa-habitación cierran el sexenio también por debajo de la media nacional” (pág. 227).
Como un dato secundario, reconoce que “salvo el homicidio doloso y la extorsión, todos los delitos hayan descendido”, lo grave que pudiera ser el dato, lo minimiza con la conveniente afirmación de que todos se encuentran por debajo de la media nacional.
En el caso de los feminicidios aseguró que se combatió la violencia contra las mujeres y mencionó que se declaró el 14 de mayo de 2021 como el Día por la justicia para las víctimas de feminicidio y señaló su recuento: durante este sexenio se contabilizan un total de 124 carpetas de investigación, ubicando a la Entidad en el lugar 14.
Poco faltó para que presumiera que San Luis Potosí se encuentra fuera de los 13 estados con más feminicidios.
¿Y si en lugar de compararse con la situación de otros estados, Carreras López lo hiciera contra la situación que se vivía antes de que ocupara la gubernatura?
A dos meses de concluir su mandato, la cifra de homicidios durante su sexenio ya equivale al 76.14 por ciento de los ocurridos durante los últimos dos sexenios
La violencia homicida durante este sexenio es 1.64 veces mayor que la del sexenio anterior; duplica a la que se registró durante el sexenio de Marcelo de los Santos (2.11 veces mayor), y es 1.72 veces más que la del sexenio de Fernando Silva Nieto.
Números que Carreras López prefirió esconder bajo una comparación con medias nacionales usadas a modo que lo único que dejan ver es la auto complacencia con la que abordó el tema de seguridad y que redundó en mantener una estrategia fallida, producto de su auto engaño, y su tan recurrida vocación por la simulación.
