El Consejo de la Judicatura y la corrupción
Por Victoriano Martínez
El 21 de agosto de 2019, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado (CJPJE) emitió una sentencia por la que sancionó con una suspensión por 90 días y multa de 504 mil 135.92 pesos al Juez Quinto del Ramo Penal y con inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos al subsecretario y los dos subsecretarios de acuerdos.
Fue la forma en la que Diana Isela Soria Hernández, Carlos Alejandro Ponce Rodríguez, Jesús Javier Delgado Sam y Juan Paulo Almazán Cué, integrantes del CJPJE, hicieron frente al requerimiento de un grupo de jueces, por escrito, de una explicación sobre la entrega de un millón ocho mil 271 pesos de fianzas del Juzgado Quinto del Ramo Penal a personas sin relación con procesos penales.
Liliana Guadalupe Mejía Elizondo, como secretaria de acuerdo del Juzgado Quinto del Ramo Penal, fue una de las sancionadas.
Pese a que en los diez días que estuvo como secretaria de acuerdos del juzgado le pidieron no atender asuntos administrativos, la sancionaron porque no se percató del cobro ilegal de seis billetes de depósito. Los autores de atraco, quienes falsificaron su firma y la del juez para cobrarlos, siguen impunes y se mantienen en sus cargos.
A dos años de la sanción, aún no se explica cómo Almazán Cue optó por encubrir a los responsables, sancionar a quienes nada tuvieron que ver con los cobros indebidos de las fianzas y, de esa manera, querer simular un combate a la corrupción en el Poder Judicial.
“Quiso dictar una sentencia para decirle a la sociedad potosina: ‘ya castigué a la corrupción en el Poder Judicial’, cosa que no es cierto. Me castigó a mí, porque los rateros ahí están, en el mismo Juzgado, es indignante”, expresó.
A dos años, mantiene un litigio que hoy está por resolverse en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno, donde se turnó el pasado 14 de julio para la elaboración del proyecto de resolución, entre otras cosas porque fue inhabilitada a pesar de que se demostró la falsificación de su firma en seis billetes de depósito cobrados ilegalmente.
Tanto en la entrevista con Mejía Elizondo como en el documental que le realizó su propio hijo y que se presentan hoy en Astrolabio Diario Digital, se hace una mayor descripción del caso, que va mucho más allá de ser el de una persona que, tras 27 años colmo servidora pública, bastaron 10 días como secretaria de acuerdos para que le sembraran un conflicto que hoy la tiene en el desempleo.
La mayor paradoja, que muestra lo inverosímil de la acusación, es que Mejía Elizondo estuvo adscrita al Juzgado Quinto del Ramo Penal cuando todavía era agente del Ministerio Público, por lo que firmó actuaciones con ese carácter. Tras los diez días que ocupó el cargo de secretaria de acuerdos, algunos de esos documentos aparecieron con su firma dos veces, con los dos cargos.
Durante dos años ha padecido un daño moral y económico que ha tenido que enfrentar para solventar su subsistencia y la de sus dos hijos, en calidad de madre soltera. Tras 27 años en el servicio público, ante una injusticia Mejía Elizondo encontró una actividad que hoy le ayuda a sobrellevar su situación:
El Rincón Secreto, un espacio para niños dedicado a las siete bellas artes, donde se divierten mientras aprenden pintura, música, cine, literatura, escultura y desarrollan habilidades de coordinación y trabajo en equipo, con el fin de que se alejen, aunque sea por una hora, del mundo digital.
Mejía Elizondo es consciente de que nada podrá repararle el daño moral y económico que ha sufrido y rechaza las opiniones adversas que descalifican su denuncia pública por considerar que no se debe litigar en los medios.
“Alzar la voz puede ayudar a hacer visible lo que sucede cuando un sistema judicial emite sentencias incongruentes, violatorias de derechos humanos, insensibles, carentes de verdad y que afectan la dignidad de muchos seres humanos”, ha dicho.
El de Liliana Guadalupe Mejía Elizondo es un caso en el que la decisión de Diana Isela Soria Hernández, Carlos Alejandro Ponce Rodríguez, Jesús Javier Delgado Sam y Juan Paulo Almazán Cué como integrantes del CJPJE destruye una trayectoria de 27 años en el servicio público por aparentar un combate a la corrupción, cuando en realidad se le encubre y garantiza impunidad.
Se trata del Consejo de la Judicatura, el órgano que revisa que todo el Poder Judicial se apegue a la aplicación de la legalidad y la justicia. El de Liliana Guadalupe Mejía Elizondo es un caso que le pega al corazón de la confiabilidad en la justicia potosina: si así está el organismo de control, el resto debe ser una red de complicidades en la que campea una corrupción de magnitud inimaginable.
