Por Victoriano Martínez
Si hay algo que persigue a las víctimas de violación a sus derechos humanos es la angustia y el temor que lo que padecieron les vuelva a ocurrir.
El pasado domingo, los padres, abuelos y otros familiares de Jair, un adolescente que fue asesinado en Laguna de San Vicente el 24 de mayo de 2015 durante una riña en plenas fiestas patronales sin estar involucrado, fueron testigos de un enfrentamiento a balazos, justo frente a su casa.
Según testimonios de algunos vecinos y familiares, los 15 minutos que duró la constante detonación de armas de fuego, vivieron momentos de terror en los que, incluso, no sólo se tiraron al suelo, sino que se escondieron debajo de las camas. “Literal”, expresó una de las testigos.
En estos tiempos de una violencia desatada ante la indolencia de las autoridades, el hecho pudo ser considerado uno más entre tantos que ocurren y pasar, si no totalmente inadvertido, sí como una terrorífica anécdota más.
No obstante, para la familia de Jair es una prueba más del incumplimiento de las autoridades a una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y a la determinación de un Tribunal Colegiado para que se les haga justicia.
La balacera del domingo pasado exhibió la ausencia de vigilancia policial en el lugar, a pesar de que es muy conocida por parte de las propias autoridades la rivalidad entre las familias que se enfrentaron a tiros.
Una ausencia permanente de medidas de seguridad para evitar ese tipo de hechos, como ocurrió en mayo de 2020, también durante las fiestas patronales, con un saldo de dos hombres levantados.
Dos pendientes sobresalen en los incumplimientos por parte de las autoridades estatales y municipales: la presentación de una disculpa pública que deje satisfechos a los familiares –no como las autoridades pretendan imponerla–, y hacer efectiva la garantía de no repetición.
Desde la recomendación 01/2010 al Ayuntamiento de Cedral, hasta la 04/2020 –que son las disponibles para consulta en la página Web de la CEDH, entre los puntos de la recomendación se incluye uno en el que se pide a las autoridades responsables tomar las medidas necesarias para cumplir con el principio de la garantía no repetición.
De acuerdo con esa información disponible, en los últimos 12 años la CEDH ha emitido 293 recomendaciones, y no hay información disponible sobre la verificación del cumplimiento de esa garantía tan necesaria para las víctimas para evitar padecimientos similares, pero también para toda la comunidad que, como en el Caso Jair, queda expuesta a una bala perdida.
La CEDH, hasta ahora, no ha dado muestras de dar seguimiento especial al cumplimiento de la garantía de no repetición y, en general, al cumplimiento de sus recomendaciones. Una obligación con alcances que pueden dejar precedentes para que los incumplidos puedan ser llamados a cuentas por el Congreso del Estado, conforme al artículo 29 de la Ley de la CEDH.
“Una vez que el Congreso del Estado haya sido informado por la Comisión respecto a omisiones o prácticas recurrentes que violenten los Derechos Humanos, o del incumplimiento de recomendaciones o medidas precautorias, citará a comparecer a las autoridades o personas integrantes del servicio público que juzgue necesario para que expliquen públicamente su actuar”.
Una disposición de la que sólo en una ocasión se ha echado mano, con el caso de María de Jesús Armendarez Prieto “Marychuy”. Sin embargo, no fue por iniciativa propia de la CEDH, sino por la presión que la víctima ejerció para hacer comparecer al Congreso a Leopoldo Stevens Amaro, titular de SEDUVOP.
Por cierto, una comparecencia en la que se evitó la presencia de la víctima para no incomodar al incumplido.
La balacera del domingo en Laguna de San Vicente pudo pasar como un hecho más de los que ya son pan de cada día, pero también deja ver el incumplimiento de las autoridades en materia de derechos humanos como otro pan cotidiano… y la necesidad de mayor firmeza la CEDH en el seguimiento a sus recomendaciones y garantizar, hasta donde sus facultades alcancen, su cumplimiento.
