Jaime Nava
Aunque la impugnación de la elección aún no ha sido resuelta por el Tribunal Federal Electoral, Ricardo Gallardo Cardona está por anunciar a quien podría ser el próximo secretario de Finanzas del estado, un personaje cuestionado que se suma a la lista de ex funcionarios que han sido señalados por corrupción y que el gobernador electo pretende mantener a su lado.
Jesús Salvador González Martínez es el nombre que dará a conocer Gallardo Cardona en las próximas horas como futuro secretario de Finanzas.
González Martínez ha sido un personaje cercano a los Gallardo desde que incursionaron en la política con el triunfo de Ricardo Gallardo Juárez como alcalde de Soledad de Graciano Sánchez en el periodo 2009-2012, tiempo en el que se desempeñó como tesorero de ese municipio.
El nombre de Jesús Salvador González Martínez aparece en al menos seis documentos en el Registro Público del Comercio en los que figura como comisario de empresas constituidas por los Gallardo entre 2009 y 2011 como son: Gallardo Continental S.A. de C.V., Inversión Creativa de Desarrollos Inmobiliarios S.A. de C.V., Tangamanga Continental S.A. de C.V., Gasllardo S.A. de C.V., Transportes Drallag S.A. de C.V. e Inmobiliaria Joriga S.A. de C.V.
Algunas de éstas y otras varias empresas creadas por los Gallardo forman parte de la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que concluyó que, mediante el uso de personas físicas y morales, durante el tiempo que ocuparon cargos públicos en los ayuntamientos de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí (periodos 2009-2012, 2012-2015 y 2015-2018) Ricardo Gallardo Juárez y su hijo, Ricardo Gallardo Cardona, habrían desviado cantidades millonarias de recursos de ambos municipios cuyos montos suman más de 700 millones de pesos.
Dicha investigación también incluye el caso de la Clínica de Especialidades Wong S.A. de C.V., involucrada en el desvío y la triangulación de 253 millones 832 mil 386 pesos provenientes del municipio de Soledad de Graciano Sánchez hacia empresas relacionadas con la familia Gallardo y en las que aparecía González Martínez como comisario. Por este caso, Gallardo Cardona, entonces alcalde de ese municipio, fue acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, razón por la cual estuvo preso de enero a diciembre del 2015.
Además, la inmobiliaria Joriga, en la que también aparece González Martínez como comisario, fue listada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresa que factura operaciones simuladas, según el oficio 500-05-2016-6378.
Jesús Salvador González Martínez también trabajó como contralor interno de Soledad de Graciano Sánchez al inicio de la administración de Gallardo Cardona (2012-2015) y, por intervención de éste, en 2013 fue nombrado contralor interno del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios conexos (Interapas).
Como contralor de Interapas su firma aparece en los contratos celebrados por el organismo con empresas vinculadas a la familia Gallardo, como son Hurtado Construcciones Hidráulicas S.A. de C.V., cuya representante cobraba sin presentarse a trabajar en el Ayuntamiento de San Luis Potosí a cargo de Ricardo Gallardo Juárez.
Asimismo, Jesús Salvador González Martínez fue denunciado por la actual administración del Interapas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción por los delitos de daño patrimonial, uso indebido de la función pública, peculado y asociación delictuosa derivados de la contratación de la empresa Raedsa Maquinados y Maquilados S. de R.L. de C.V. a que se le pagaron seis millones 117 mil 503 pesos.
A pesar de que el objeto social de Raedsa Maquinados y Maquilados S. de R.L. de C.V. es el de “fabricación e instalación de plantas para alimentos, ganado, cerdos, pollos y pesado”, el Interapas la contrató para realizar trabajos de cobranza y recuperación de cartera vencida, mismos que no realizó, pero sí cobró.
Otra denuncia en la que aparece Jesús Salvador González Martínez es la que interpuso Interapas en contra de la empresa Ibarrola y Oseguera S.A. de C.V., la cual fue contratada en junio del 2017 con el objeto de realizar gestiones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con la finalidad de lograr la aplicación de beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, derechos y aprovechamientos, es decir, recuperar recursos a favor del organismo.
Como contraprestación por sus servicios, se pactó el pago del 32 por ciento sobre las cantidades que efectivamente fueran devueltas o recuperadas a favor de Interapas; sin embargo, la empresa no logró obtener ningún beneficio y, a pesar de ello, le pagaron indebidamente tres millones 962 mil 974 pesos con 32 centavos.
Por éste caso, la Fiscalía Anticorrupción solicitó el pasado 1 de diciembre del 2020 al Poder Judicial del Estado que le asignara una fecha para llevar a cabo la audiencia inicial ante el Juez de Control para imputar a los ex funcionarios del organismo involucrados en el tema; no obstante, hasta el momento, no se ha concedido.
