Por Victoriano Martínez
El nombramiento de Jesús Rafael Aguilar Fuentes como director del Archivo Histórico del Estado “Antonio Rocha Cordero” (AHE) atrajo la atención pública hacia esa institución que generalmente pasa inadvertida para la mayoría de la población, no así para historiadores e investigadores locales, nacionales y hasta del extranjero.
Cual si fuera un laboratorio de experimentación para replicar acciones y reacciones de la llegada del nuevo gobierno, el desplegado publicado el pasado lunes por la comunidad de historiadores, científicos sociales y ciudadanos interesados representaría, guardadas las proporciones, las impugnaciones electorales que no procedieron.
El llamado al gobernador Ricardo Gallardo Cardona para que en el AHE “se nombre un director o directora, acorde con la herencia y peso histórico de San Luis Potosí, en congruencia con las capacidades, credenciales y responsabilidades que demanda el cargo” habría sido el último intento, cuya falta de respuesta revela más sobre la nueva autoridad que sobre los inconformes.
Desde el mismo domingo Aguilar Fuentes comenzó a “curarse en salud” con señalamientos de saqueo de documentos por parte de los anteriores directores, acusaciones de ataques liderados por Horacio Sánchez Unzueta y Tomas Calvillo Unna, entre otros, y el anuncio de un evento importante para el siguiente día, con la participación de varias instituciones.
Atraída la atención local y foránea, quedó abierto el paso, no al evento importante anunciado el domingo, sino a un desfile de adhesiones y apoyos institucionales muy similar a los distintos actos de aceptación a la nueva autoridad sin cuestionarla protagonizados por distintos sectores de la sociedad, entre los que destacó el papel de organismos empresariales.
El primero en pasar por la oficina de Aguilar Fuentes fue David Vázquez Salguero, presidente de El Colegio de San Luis. Al día siguiente fue Juan Miguel Castillo Fonseca, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quien presentó un proyecto de trabajo.
Dos presencias en el AHE para contrarrestar el pronunciamiento del desplegado que, para quienes promovieron el pronunciamiento, dejó claras las razones por las que los firmantes fueron en su mayoría foráneos: las dirigencias de ambas instituciones operaron para desincentivar cualquier adhesión al pronunciamiento.
Este miércoles hubo una tercera presencia en el AHE a la que no se le dio mucha difusión como el caso de las dos anteriores, seguramente porque se trató de los representantes de una institución que desde hace siete años ha mostrado tal menosprecio por el tema de archivos a pesar de tener la responsabilidad de encabezar su coordinación en todo el Estado.
David Enrique Menchaca Zuñiga, presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), y Gabriel Francisco Cortés López, encargado del despacho de la Dirección del Sistema Estatal de documentación y Archivos (SEDA), órgano que preside el Consejo Estatal de Archivos, fueron la tercera visita a Aguilar Fuentes.
“Atendimos con gusto la invitación del Archivo histórico y de su titular para trabajar en la conservación, tratamiento y cuidado de este patrimonio de los Potosinos”, publicó la CEGAIP en su cuenta de Twitter.
De acuerdo con la Ley de Archivos, el director del SEDA preside el Consejo Estatal de Archivos y el AHE se debe coordinar con el consejo para “guiar y brindar apoyo en los procesos archivísticos a los archivos históricos que existan o sean creados en el futuro al interior del Estado en observación de esta Ley”.
Lejos de tener que ser invitados por el director del AHE, tendría que haber sido la propia CEGAIP a través del SEDA la que llamara al nuevo funcionario a trabajar en lo que la Ley de Archivos les ordena. Pero desde el 8 de octubre de 2014, la CEGAIP se mantiene en incumplimiento de la fracción V del artículo 34 de la Ley de Transparencia.
Tras la renuncia, para irse como consejera electoral, de Claudia Josefina Contreras Páez, la primera directora del SEDA nombrada conforme a la anterior Ley de Archivos del Estado, la CEGAIP omitió convocar para seleccionar a quien la sustituyera, se limitó a designar al director de archivos, Cortés López, como encargado del despacho.
A pesar de que aquella ley establecía un periodo de cuatro años con una sola posibilidad de reelección, Cortés López cumple mañana siete años como encargado y, con la actual Ley de Archivos, todavía se ven pocas posibilidades de que la CEGAIP cumpla, pues quedó eliminado el procedimiento para elegir al titular del SEDA.
Siete años acreditados de dar poca importancia al tema de los archivos colocan a la CEGAIP más como un estorbo a lo que en esa materia tiene que hacerse. Quizá por eso Aguilar Fuentes no presumió en sus redes a estos visitantes y fueron ellos quienes lo publicaron en una desangelada cuenta de Twitter.
La CEGAIP se exhibió con más necesidad de dar a conocer el encuentro, en tanto que el cuestionado Aguilar Fuentes debió pensar “no me ayuden compadres, si ni director del Sistema Estatal de Documentación y Archivos han podido nombrar en siete años”.
La llegada de Jesús Rafael Aguilar Fuentes al Archivo Histórico atrajo la atención sobre esa institución, a la vez que exhibe las deficiencias en la preservación de todos los archivos del estado, con una CEGAIP, institución que debe liderar ese proceso, negligente y omisa también en este tema.
