Por Victoriano Martínez
¿Quién no va a estar de acuerdo en que le den gratis su licencia de manejo y, además, permanente? Pasar de una de las licencias más caras del país a contar con la primera gratuita y de por vida es imposible que alguien lo rechace… pero hacerlo con una urgencia que sacrifica la legalidad demerita el buen gesto, lo pervierte.
Si, como lo anunció el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la sumisión en que ha sometido al Congreso del Estado le permite comenzar a entregar licencias gratuitas el próximo 18 de octubre, le habrá evitado a quienes habitan el estado una espera de 75 días para obtener su documento permanente.
Si sólo se entregarían de lunes a viernes, ¿cuántos podrán alcanzar a realizar el trámite antes de que termine el año?
Por anticiparse prácticamente sólo 55 días, las licencias gratuitas dejarán en su inicio una estela de violaciones a la legalidad por argumentaciones simplistas y alejadas de los requisitos legales, además de engañosas.
“La gratuidad en la expedición de las licencias de conducir, es una tendencia nacional ya implementada en otras entidades federativas con resultados muy positivos, de lo cual San Luis Potosí, debe sumarse en apoyo de la economía de las familias” se afirma en la iniciativa y en el oficioso dictamen.
No obstante, no mencionan ninguna de esas entidades federativas que han tenido “resultados muy positivos”, porque simplemente no existen. Lo que más se acerca es Zacatecas, donde se ofrecieron licencias gratis a quienes se vacunaran contra el COVID-19. Bien pudieron declararse pioneros en la medida, pero les ganó el afán de justificarse.
Gallado Cardona solicitó trámite preferente para la iniciativa, cuando ya habían pasado 4 días para poder plantearlo así, de acuerdo con la Constitución (artículo 61, párrafo segundo). Lo mismo acaba de hacer con la iniciativa de las placas vehiculares gratuitas.
Su iniciativa incumplió con el requisito de incluir un estudio de impacto presupuestal y, serviciales como le han resultado los diputados, solicitaron al secretario de Finanzas, Jesús Salvador González Martínez, su opinión.
El funcionario prácticamente repite los argumentos de la iniciativa firmada por Gallardo Cardona y su secretario de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, para enseguida asegurar que la Dirección General de Planeación y Presupuesto de su dependencia realizó un análisis técnico-económico.
“Dicho análisis reporta que, la Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor, ambas del Estado, se encuentran realizando un análisis (sic) de la situación administrativa y financiera de los principales rubros en materia de Servicios Personales y Gastos de Operación, para garantizar la suficiente operatividad…”
Tras describir los análisis que se realizan, que no corresponden a conclusiones de un estudio de impacto presupuestal, agrega que se “iniciará un plan de fiscalización permanente con el objeto de ser más eficientes en la recaudación de las contribuciones”. Con que no llegue a extremos de “terrorismo fiscal”.
“De acuerdo con lo anterior, la iniciativa (…) no implica un impacto negativo en las finanzas estatales, dado que se pondrá en marcha un programa intenso de austeridad en el ejercicio del Gasto Público, concretamente en lo referente al Capítulo 1000”, concluye González Martínez.
Una exposición que no corresponde a un análisis de impacto presupuestal, ni cumple –como afirman los oficiosos diputados en su dictamen– con el artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios ni el 22 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado.
Ambas leyes disponen el orden de prelación en el que los rubros del presupuesto deben ser ajustados. En primer lugar aparecen los gastos en comunicación social, es decir, lo que degenera en promoción personalizada, y hasta el tercer lugar se encuentran los gastos en Servicios Personales, es decir, el capítulo 1000, al que en el dictamen le dan el primer lugar como sacrificable.
Un punto que tienen muy claro las representaciones sindicales –que por algo defienden los derechos de los trabajadores– y así lo dejó ver el Sindicato Unido de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE) en su desplegado del pasado lunes 11 de octubre:
“Si se planea una reingeniería financiera para optimizar recursos, no debe pensarse cómo tomar los salarios de los trabajadores, porque son recursos públicos presupuestados que se consignan en la Ley de Egresos y darles otra utilidad significa un desvío legal de recursos”, advirtió Bernardina Lara Argüelles, lideresa del SUTSGE, en el desplegado.
¡Licencias gratis para todos! Sí, ¿pero qué necesidad hay de incumplir con las leyes y, peor aún, de tratar de pasar por encima de los derechos de los trabajadores?
Hacerlo así da continuidad y permanencia a un peligroso expediente con el que abrió el sexenio: las leyes y los derechos son sacrificables con tal de cumplir lo que el gobernador disponga.
