Redacción
Luego de que el titular de la Oficialía Mayor, Noé Lara Henríquez, declarara que la administración de Ricardo Gallardo Cardona no ha despedido trabajadores y pidiera a los sindicatos unirse al gobierno para “reconstruir juntos” a la entidad, la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE), Bernardina Lara Argüelles, cuestionó la veracidad de las declaraciones.
De acuerdo con Lara Henríquez, el Gobierno estatal no ha corrido a ningún trabajador, sino que concluyó la vigencia del contrato de 850 personas quienes fueron dadas de baja de la nómina, lo que significaría un ahorro mensual de aproximadamente 11 millones de pesos.
“Mienten cuando dicen que no han corrido a ningún trabajador de base; entonces, ¿quién corrió a la trabajadora del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) y a los de la Secretaría de Turismo?”, cuestionó Lara Argüelles, quien denunció que han despedido trabajadores de distintas áreas de gobierno para contratar a personas que no cuentan con preparación ni experiencia.
“En la Dirección del Registro Civil despidieron ocho trabajadores que contaban con antigüedad para contratar a 15 nuevos y en la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM) contrataron 15 personas más. Por otra parte, en las oficinas de la Oficialía Mayor, diariamente se observan nuevas personas entregando documentación, quienes se sabe, están siendo contratadas”, aseguró la secretaria general del SUTSGE.
Además, tildó a los abogados que laboran en la Oficialía Mayor de “marrulleros” y los acusó de no respetar la ley, por considerar que no pueden despedir a trabajadores por la terminación de su contrato debido a que se trataba de personas que han prestado sus servicios en distintas administraciones y esperaban su basificación.
En relación a los supuestos ahorros que se generarían por la reducción de personal, Lara Argüelles pidió no engañar a la ciudadanía toda vez que los recursos ya se encuentran presupuestados en la ley y no podrían ser utilizados para ningún otro fin.
Finalmente, calificó como “ridículo” el llamado que hizo el oficial mayor a los sindicatos a “unirse al gobierno para permitirle que corra trabajadores”.
