- Sentencia del TEPJF dictada en marzo de 2016 acredita lo contrario
Eduardo Delgado
El ex magistrado Rigoberto Garza de Lira, aspirante a seguir otros siete años en el Tribunal Electoral del Estado (TEE), asegura “gozar de buena reputación”, pese a que existe sentencia firme de que en 2015 incurrió en violencia política en razón de género, discriminación y acoso laboral en perjuicio de la magistrada Yolanda Pedroza Reyes.
Rigoberto Garza entregó su expediente al Senado de la República para participar en el proceso de elección de magistrado; en su caso como aspirante a su reelección, luego de que el pasado 6 de octubre culminó el periodo de siete años para el que fue designado en el año 2014.
En escrito dirigido a la Junta de Coordinación Política del Senado, fechado el pasado 20 de septiembre, el ex magistrado manifestó “bajo protesta de decir verdad” que goza de buena reputación. El documento está publicado en la página de internet del Senado.
No obstante, el 30 de marzo de 2016 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dentro del expediente SUP/JDC/4370/2015, acreditó que como presidente del TEE se condujo de manera inapropiada con su compañera Yolanda Pedroza.
Esto debido a que confirmaron que el ex magistrado Oskar Kalixto Sánchez, el entonces Secretario de Acuerdos, Joel Valentín Jiménez Almanza y Rigoberto Garza aseguraron la oficina de la magistrada, le impidieron el acceso a información y documentación necesaria para ejercer su función.
En aquel tiempo, la víctima denunció que le ocultaban información, la asignación de supuestos bonos por productividad a sus compañeros que ella no recibía y la revisión de su computadora sin su consentimiento, entre otros actos.
En la sesión del TEPJF, en la que se dictó sentencia sobre el caso, el entonces magistrado federal Pedro Esteban Penagos López consideró como “delicado” que ese tipo de actos sean perpetrados por los propios juzgadores.
Además, apuntó, “se advierten las actas levantadas por agentes del Ministerio Público, a petición del presidente del Tribunal Electoral local para colocar sellos en las oficinas de la magistrada, y el aseguramiento de las instalaciones para la práctica de periciales a los equipos de cómputo”.
La ex magistrada María del Carmen Alanís Figueroa sostuvo que se acreditó la violencia política, acoso y discriminación, porque los acusados incurrieron en las tres vertientes de acoso laboral previstas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A su vez, el también ex magistrado Flavio Galván Rivera indicó que las diferencias entre integrantes de un cuerpo colegiado no se pueden traducir en falta de respeto, menos en atentado a la libertad, integridad física y moral.
Sostuvo que esas conductas pueden ser delitos o actos de responsabilidades administrativas, por lo que se manifestó a favor de dar vista al Senado para que revise la resolución y en su caso adoptase las medidas administrativas conducentes.
El también ex integrante del TEPJF, Salvador Nava Gomar expresó: “Me avergüenza y me pesa. Ojalá que el Senado tome cartas en el asunto, pues ¿qué garantía puede dar quien no honra a sus pares?”.
En su sentencia, el Tribunal Federal remitió el caso al Senado y a la Contraloría Interna del Tribunal de San Luis Potosí, no obstante, pasados más de cinco años, los infractores no han sido sancionados.
