Jaime Nava
Para que Ricardo Gallardo Cardona pudiera tomar protesta como gobernador constitucional de San Luis Potosí el pasado 26 de septiembre, sobre la Plaza de los Fundadores se colocaron cientos de sillas, vallas, muros, escenario, sonido, pantallas, mobiliario y un mega toldo para proteger del sol a los asistentes; sin embargo, la información sobre proveedores y el dinero gastado en el evento se mantiene oculta.
Tal y como ocurrió cuando se intentó conocer a quiénes contrataron y cuánto pagaron para llevar a cabo los trabajos de conversión de la torre administrativa del Centro de Convenciones de San Luis en la nueva oficina particular del gobernador, distintas áreas de la administración que encabeza Ricardo Gallardo Cardona burlaron la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública declarándose “incompetentes”.
Astrolabio Diario Digital presentó solicitudes de información ante la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría Particular del Gobernador, la Secretaría de Finanzas, la Oficialía Mayor, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Congreso del Estado para conocer los nombres de las personas físicas y morales contratadas para llevar a cabo el evento, los montos pagados y las facturas.
Mediante el oficio OM/UT-5/2021, la Oficialía Mayor determinó ser notoriamente incompetente para responder y pidió que se dirigiera la petición de información a la Secretaría de Finanzas quien, por su parte, respondió que es “incompetente para conocer del asunto en cuestión” y sugirió pedir los documentos a la Secretaría Particular del Gobernador.
La titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría Particular del Gobernador aseguró que “no se tiene registro o archivo” de los documentos requeridos y pidió preguntar por ellos a la Secretaría de Finanzas.
Con el oficio SGG/UT/379/2021 la Secretaría General de Gobierno también se declaró incompetente, e hizo saber que la solicitud “pudiera ser respondida” por la Oficialía Mayor o por la Secretaría Particular del Gobernador, cosa que, como ya se mencionó, no sucedió.
El Partido Verde Ecologista de México tampoco se hizo responsable de ninguna contratación o pago de gastos del evento, “la respuesta a su solicitud es igual a cero, se le informa que a la fecha de su solicitud no se encontró información a la que se refiere”.
El ex vocero del Partido Verde y actual oficial mayor del Congreso del Estado aseveró que el Poder Legislativo contribuyó con 31 mil 150 pesos desglosados de la siguiente manera: ocho mil pesos por concepto de alimentos y 23 mil 150 pesos por pago de horas extras del personal de base que apoyó en la organización y logística del evento.
A pesar de que expresamente se le solicitó copia digital de las facturas, al responder la solicitud de información, el Congreso del Estado omitió entregar los documentos que comprueben que efectivamente se pagaron ocho mil pesos por concepto de alimentos, lo que además permitiría conocer el nombre del proveedor.
¿Quién y cuánto cobró por la instalación del escenario?, ¿quién y cuánto cobró por la renta de sillas?, ¿quién y cuánto cobró por la colocación de pantallas?, ¿quién y cuánto cobró por la instalación del mega toldo?, ¿quién y cuánto cobró por el audio?, ¿quién y cuánto cobró por las vallas?, ¿quién y cuánto cobró por los muros?, ¿quién y cuánto cobró por el resto del mobiliario?, ¿quién y cuánto cobró por el confeti que se lanzó al terminar el evento?
Las respuestas deben encontrarse en los archivos de las áreas gubernamentales mencionadas; sin embargo, prefieren declararse “incompetentes” a revelar montos y nombres de proveedores. ¿Por qué?
