Por Victoriano Martínez
¿Cuántas personas conocerán la dirección y sabrán llegar a las oficinas de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP)?
Peor aún, ¿a cuántas personas les interesará saber dónde se encuentra la CEGAIP?
Todavía mucho peor, ¿cuántas personas conocerán el significado de las siglas CEGAIP y sabrán a qué se dedica esa Comisión que este año gastará 33 millones 281 mil 927 pesos?
Y así podría seguir una cadena de peor que peor sobre una CEGAIP que difícilmente podrá acreditar que tiene algún beneficio para la población que con sus impuestos mantiene una plantilla de 80 personas.
Unos días antes de que concluyera el sexenio de Marcelo de los Santos Fraga, en 2009, la Secretaría Técnica del Gabinete emitió un acuerdo de reserva que impedía conocer todas las actas de los gabinetes legal, ampliado y temáticos.
Una violación a la Ley de Transparencia que, desde entonces, obligaba a difundir de oficio las actas y minutas de todos los organismos colegiados de la administración pública.
Una violación al derecho de acceso a la información pública que se denunció en varios medios de comunicación, además de que un solicitante de información interpuso una queja ante la CEGAIP.
En aquella fecha, la CEGAIP tenía un año de haberse designado con ese nombre, después de cuatro años en los que operó como CEGAI.
Renovadas y ampliadas sus atribuciones, quienes la integraban, encabezadas por María de la Luz Islas Moreno como presidenta, aún mantenían un sentido de compromiso con su deber ser: un garante del derecho de acceso a la información pública, y vigilante que procura que se cumpla la Ley de Transparencia.
La sola denuncia pública de la ilegal reserva de las actas de gabinete provocó que el organismo garante iniciara una investigación que concluyó en la orden de abrir la información, publicarla en el apartado de transparencia de Gobierno del Estado, entregarla a quien la haya solicitado… y una multa de 25 mil pesos a cada uno de los cuatro firmantes del acuerdo de reserva.
A menos de doce años, la CEGAIP está muy lejos de garantizar el derecho de acceso a la información pública, tanto sobre la que debe difundirse de oficio como aquella que se tiene que entregar a quien la solicite conforme a la Ley de Transparencia.
Si se trata de la que se difunde de oficio, en su sitio Web la CEGAIP presenta un mapa de Google que muestra los resultados de sus verificaciones “más recientes”, que son del segundo semestre de 2019 y del primero de 2020. Prácticamente año y medio sin informar de verificaciones con que demuestre que cuidan que los entes públicos cumplan con esa parte de sus obligaciones legales.
Si se trata de la que deben entregar a través de solicitudes de información, los solicitantes que recurren a la CEGAIP ante la falta de respuesta o la entrega incompleta o errónea de los datos pedidos tienen que esperar meses para que haya una resolución que, en la mayoría de los casos, no concluye con la entrega de la información requerida.
Si se combina la violación a la ley al no publicar la información que deben difundir de oficio y, al mismo tiempo, su violación al negarse a proporcionarla a un solicitante, no puede concluirse otra cosa más que ese aparato llamado CEGAIP, con un costo anual de 33 millones 281 mil 927 pesos, no es más que un instrumento más de simulación útil únicamente para los funcionarios opacos.
Una circunstancia en la que, el nuevo sexenio comienza con tres casos en los que se violan las fracciones XXXIII y XXXIV del artículo 84 de la Ley de Transparencia al no publicar los contratos y costos de obras y adquisiciones con evidencia pública: el costo de la toma de protesta del gobernador en la Plaza de los Fundadores, la adecuación de la torre corporativa como despacho del mandatario y la remodelación de las oficinas recaudadoras.
La Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría Particular del Gobernador, la Oficialía Mayor y el Centro de Convenciones violan la Ley de Transparencia por partida doble al negar ante solicitudes de información esos datos que deberían difundir de oficio.
El silencio de la CEGAIP es de lo más elocuente en cuanto a su nulo compromiso como órgano garante. Una identidad que en menos de doce años perdió por completo y que, hoy más que nunca, se muestra puesta al servicio de un gobierno encabezado por un grupo con justo doce años de una trayectoria de opacidad en la administración pública.
