Por Victoriano Martínez
“Presidente, en concreto, si la asamblea ejidal de San Juan de Guadalupe decide que ahí se construya lo que ellos digan en mil 805 hectáreas, ¿usted lo impedirá?” preguntó Julio Hernández López directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 28 de julio, en la sección Quien es quien en las mentiras de La Mañanera.
– No se va a poder afectar– le respondió López Obrador.
– Lo puede decidir la asamblea ejidal– le advirtió el periodista.
– Lo puede decidir, pero hay un interés superior que tiene que ver con el interés de la Nación, el interés público. Pero esto no tiene nada que ver con lo que nosotros representamos. Si el presidente de México fuese un tecnócrata, o fuese un títere, un pelele impuesto por grupos de intereses creados, sería otra cosa.
Momentos antes, María Luisa Albores González, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, había hecho una presentación sobre la postura de esa dependencia en torno a la declaratoria de Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito.
Los Guardianes de la Sierra de San Miguelito detectaron en la presentación audiovisual de la funcionaria una imagen que muestra el área de mil 805 hectáreas a excluir para favorecer a los desarrolladores inmobiliarios con un polígono que coincide con el del proyecto inmobiliario Las Cañadas.
Tras aquella rueda de prensa matutina, comuneros de San Juan de Guadalupe que se oponen a la urbanización de la Sierra y activistas ecologistas se reunieron con Albores González, a quien advirtieron sobre “una serie de funcionarios que estuvieron operando por su cuenta, y que seguramente estuvieron capitalizando” el caso.
A 120 días de aquella historia del oficio de César Sánchez, director de Conservación para el Desarrollo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), que autoriza la desincorporación de mil 805 hectáreas de la Sierra para entregarlas a los empresarios inmobiliarios de Las Cañadas, la historia de acciones en contra de la postura presidencial se repite.
Los Guardianes de la Sierra denunciaron que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) tiene ya preparado un decreto presidencial a modo para declarar Área Natural Protegida a la Sierra de San Miguelito y favorecer el proyecto Las Cañadas que incluso involucra al presidente en la violación de un amparo.
El documento revelado este jueves por los Guardianes de la Sierra de San Miguelito bien puede ser producto del seguimiento de las acciones de esa “serie de funcionarios que estuvieron operando por su cuenta” y que el 28 de julio quedó de manifiesto que habían mal informado a Albores González.
Una capacidad de acción que no se puede explicar sin la intervención de los desarrolladores inmobiliarios. ¿Cómo podrían unos funcionarios operar para hacer valer una determinación que no sólo se contrapone a un compromiso presidencial, sino al interés nacional y al interés público con el que respaldó su dicho López Obrador? Sólo si se ponen al servicio de grupos de interés.
Si con el oficio de la traición, César Sánchez se pudo identificar como uno de esos funcionarios al servicio de los intereses de depredación inmobiliaria de la Sierra, ahora se suma el director Jurídico de SEMARNAT, Guadalupe Espinosa, con su insólita petición de desistimiento del amparo que busca la protección de las mil 805 hectáreas.
Como titular de la SEMARNAT, si Albores González se decide a dar seguimiento a un proyecto de decreto que mutilará la Sierra a favor de la urbanización, sería porque se ha dejado convencer por esos funcionarios o porque forma parte del grupo y, aquel 28 de julio, fingió sorpresa ante los comuneros y activistas ecologista.
Si la intención es presentar ya el proyecto de decreto a López Obrador para que lo firme, ¿cómo lo convencerán de abrir la posibilidad de urbanización de las mil 805 hectáreas que específicamente se comprometió a proteger?
Todavía más difícil, ¿cómo pretenden convencerlo de firmar un documento con el que se le podría echar en cara actuar como un presidente tecnócrata o títere o pelele impuesto por grupos de intereses creados?
“¡Imagínense cuánta vergüenza!”, es lo que se tendría que esperar que López Obrador les dijera como respuesta.
