Antonio González Vázquez
La corrupción está en todos lados y afecta a personas detenidas por la policía, en su presentación ante el Ministerio Público, en su proceso judicial y se mantiene incluso en las cárceles donde los internos la sufren de manera cotidiana.
En el caso del sistema carcelario de San Luis Potosí, el 28.3 por ciento de la población privada de la libertad ha sido víctima de actos de corrupción durante alguna de las etapas del proceso penal, desde la detención hasta la realización de su juicio y vida intracarcelaria.
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) revela lo anterior.
Destaca además que en la entidad, el 36.2 por ciento de la población en prisión considera inseguro el centro penitenciario en el que se encuentra.
Lo anterior se concreta en el hecho de que 41.7 por ciento de los internos señalaron haber sido víctima de al menos un delito ocurrido en el centro penitenciario entre julio de 2020 y julio de 2121.
En cuanto a la corrupción, el reporte precia que el 28.3 por ciento de los reclusos en cárceles potosinas, ha sido víctima de actos de corrupción.
En ese sentido, el 16.9 por ciento dijo haber sido objeto de actos de corrupción durante la detención por parte de elementos de la policía; 10.4 por ciento fue víctima de corrupción en el Ministerio Público; 5.2 por ciento durante el proceso judicial, y 10.4 por ciento en el centro penitenciario.
Los servicios, bienes, beneficios o permisos por los que pagó la población privada de la libertad en el centro penitenciario, son principalmente: pase de lista; tener aparatos eléctricos; cambiar o evitar cambiar de celda; tener agua potable; recibir medicamentos; tener cama, colchoneta o cobija; tener acceso a un teléfono; tener energía eléctrica en la celda; salir al patio a visita y acceder a vista íntima, entre otros.
Del mismo modo, a nivel nacional el 36.7 por ciento de la población privada de la libertad ha visto que los propios reclusos realizan actividades de seguridad o funcionamiento del centro penitenciario de manera parcial o total, lo cual es indicativo de autogobierno o cogobierno de las cárceles.
