Jaime Nava
Después de asistir a la toma de protesta de Ricardo Gallardo Cardona el pasado 26 de septiembre, un centenar de invitados, entre los que se encontraba la plana mayor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la ex secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, la actriz Itatí Cantoral y el cantante Julión Álvarez, fueron convidados a una comilona en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí que nadie sabe quién pagó.
En un breve video de apenas 28 segundos de duración quedó constancia del evento dentro de uno de los espacios del Centro de Convenciones, donde se colocaron sillas, mesas con manteles verdes, arreglos florales, equipo de sonido, un escenario para que una agrupación amenizara la comida con música en vivo y la presencia de meseros para atender a los invitados.
¿Cuánto costó el evento? ¿Qué comieron el gobernador y sus amistades? ¿Cuántas personas asistieron? ¿Pagaron alguna cantidad al Centro de Convenciones por el uso de sus instalaciones? ¿Cuántos elementos de la policía se encargaron de la seguridad del evento? ¿La administración de Gallardo Cardona pagó boletos de avión y hospedaje a sus invitados?
Todos esos cuestionamientos se plasmaron en una solicitud de información que fue enviada a las áreas del Gobierno del Estado que deberían contar con las respuestas: Secretaría de Finanzas, Secretaría Particular del Gobernador, Oficialía Mayor, Secretaría General de Gobierno, Centro de Convenciones, Secretaría de Seguridad Pública y hasta al PVEM.
Como ya es habitual, en lugar de información, optaron por declararse incompetentes, sugerir preguntar a otras áreas, o responder que en sus archivos no existe registro de nada relacionado con la fiesta privada del gobernador.
“Le informamos que esta Secretaría General de Gobierno no es competente en la materia de lo requerido (…) por otra parte se le hace saber que las dependencias que pudieran atender su requerimiento son: Secretaría Particular del C. Gobernador y Oficialía Mayor…”, se lee en el oficio SGG/UT/387/2021.
La Secretaría Particular de Gallardo se deslindó al argumentar no contar con registro de la información y recomendó presentar la solicitud a la Secretaría de Finanzas.
“Según el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y Reglamento Interior, no le resulta competencia a la Secretaría de Finanzas conocer del tema requerido en la solicitud de mérito, por tal motivo, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se orienta al peticionario a efecto de que dirija su solicitud de información a la Secretaría Particular del Gobernador”, respondió la Secretaría de Finanzas.
Como ya ha sido documentado en otras ocasiones, para ocultar información como el costo de la remodelación de su oficina de gobierno, el destino de los 150 millones de pesos que anunció para la remodelación del Parque Tangamanga I, los gastos que originó su toma de protesta en la Plaza de los Fundadores o los montos erogados por los cambios de imagen de las oficinas recaudadoras, las distintas áreas de la administración de Gallardo Cardona han utilizado la misma estrategia: declararse incompetentes y “orientar” al peticionario hacia otra dependencia que, de cualquier manera, responde de la misma forma.
Finalmente, cabe mencionar que toda la información requerida ya debería haber sido publicada en la Plataforma Estatal de Transparencia; sin embargo, tampoco han cumplido con esa obligación legal.
