Por Victoriano Martínez
Propaganda mata transparencia. Un sello que ha puesto el actual gobierno desde antes de su acto inaugural: aún nadie sabe cuánto costó y en qué consistió la remodelación de la torre corporativa del Centro de Convenciones para acondicionarla para sustituir a la Casa de Gobierno como despacho alterno para el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Tampoco es posible saber cuánto se gastaron de los impuestos que todo mundo paga en el acto faraónico de toma de protesta, matracas verdes incluidas, en la Plaza de los Fundadores, donde hoy se instala un gigantesco árbol navideño cuyo costo es seguro que también se mantendrá en la opacidad.
No se sabe de qué manera se distribuirán los 150 millones de pesos que se anunciaron para remodelar el Parque Tangamanga I, si se licitaron o no las obras y si el río tipo Santa Lucía en Monterrey terminara en una laguna de los patos del Parque de Morales de gigantescas proporciones, que Gallardo Cardona podrá ver desde el ventanal de su despacho.
Resulta muy nebulosa la información en torno al grupo especial tipo suach, hoy referido como fuerzas especiales con insistencia de Gallardo Cardona a José Guadalupe Torres Sánchez para que quedara claro que uno de sus elementos murió en la desarticulación de una célula criminal en el municipio de Cerritos.
Si hay poca claridad sobre el costo de las licencias gratuitas y permanentes y las placas tanto del lado de los montos que se dejarán de recaudar como lo que se ha pagado por ellas, tampoco se revela el costo de la remodelación de las oficinas recaudadoras para vestirlas de propaganda para la actual administración estatal.
Se trata de obras y acciones que tienen que ver con la función gubernamental y que involucran el uso del erario, lo que las convierte en materia del derecho de acceso a la información pública no sólo ante quien desee ejercerlo mediante solicitudes de información, sino que también forma parte de los datos que se deben difundir de oficio, es decir, son obligaciones de transparencia.
Astrolabio Diario Digital ha dado cuenta de esos casos en los que las respuestas de las dependencias involucradas violan el derecho de acceso a la información pública. Este miércoles se informa de un caso más: el costo y la información relacionada con de la fiesta posterior a la toma de protesta del 26 de septiembre en el Centro de Convenciones.
Siete casos reiterados de violaciones a la Ley de Transparencia ante los que la ceguera de la CEGAIP (Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública) va mucho más allá de una negligencia para hacer valer su condición de órgano garante y se coloca como cómplice encubridor de la opacidad gubernamental.
Vergonzoso resulta que, aun tratándose de información que debe difundirse de oficio, David Menchaca Zúñiga, presidente de la CEGAIP, argumente que no intervienen en la interacción entre el peticionario y el sujeto obligado, sólo hasta que haya una queja (recurso de revisión).
La falta de respuesta a las solicitudes de información es una violación a la Ley de Transparencia que, expuesta públicamente, tendría que alertar a la CEGAIP de la otra violación a la Ley: incumplen con la difusión de oficio de esos mismos datos, lo que la Comisión está obligada a vigilar, hacer cumplir y, en su caso sancionar.
¿A qué le temen tanto como para no hacer valer la Ley de Transparencia? Este año están por terminar de gastarse un presupuesto de 33 millones 281 mil 927 pesos. Al 30 de noviembre ya se gastaron 27 millones 67 mil 494.26 pesos y para este mes, aguinaldazos incluidos, se gastarán 6 millones 214 mil 432.74 pesos.
Los tres comisionados se llevan por sueldo bruto 6 millones 236 mil 644.20, más (con corte a noviembre) 567 mil 480.56 pesos en viáticos y gastos por comprobar (cualquier cosa que eso signifique), y hasta entre ellos, de acuerdo al tabulador de sueldos que publican, hay categorías en cuanto a sueldo y esos ingresos extras.
Menchaca Zúñiga es quien más aprovecha esos extras, al acumular 393 mil 160.25 pesos de enero a diciembre; le sigue María José González Zarzosa con 120 mil 512.26 pesos y muy atrás José Alfredo Solis Ramírez con 53 mil 808.05 pesos, aunque en su caso es de julio a noviembre porque entró para suplir a Paulina Sánchez Pérez del Pozo en tanto el Congreso del Estado nombra al faltante.
Si de cumplir con su obligación de garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información pública dependiera que se mantuvieran con tan jugosos ingresos, desde hace mucho los habrían perdido.
Actuar como cómplices de la opacidad les permite disponer del erario con tan buenos dividendos que no se puede esperar mucho a favor del derecho que deben garantizar, aunque desde el Ejecutivo se les humille al grado de se les otorgue apenas el 38.7 por ciento del presupuesto que pretendían tener el próximo año.
Para 2022 la CEGAIP pretendía aumentar su presupuesto a 77 millones 535 mil 321 pesos, nomás un 133 por ciento más que lo que están por terminar de gastarse este año. El gobierno estatal sólo incluyó en su iniciativa de Ley de Egresos 30 millones de pesos para la CEGAIP, tres millones menos que este año.
La opacidad no paga, pero aunque les pague mal sin duda los comisionados mantendrán su nivel de ingresos y sacrificarán sus obligaciones legales antes que sus sueldos. Total, hacen como que garantizan la transparencia y cobran como si efectivamente lo hicieran… y los entes obligados felices.
Tan felices que mantener oculta la información sobre casos como los siete presentados más arriba les permite, además del culto a la personalidad y la violación impune de la Ley de Transparencia, unas campañas de promoción y propaganda que violan el octavo párrafo del artículo 134 constitucional con una CEGAIP que se suma como organismo autónomo pero no independiente.
