María Ruiz
A pesar de las presiones que ejercieron empresarios y fraccionadores inmobiliarios sobre políticos y funcionarios, los activistas y comuneros se dicen satisfechos por la declaratoria que contempla un total de 111 mil 160.44 hectáreas destinadas como Área Natural Protegida (ANP) en la Sierra de San Miguelito.
Parte de estos proyectos inmobiliarios —que ahora quedaron detenidos debido a este fundamento decretado en el artículo 57 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)— fue el proyecto de “Las Cañadas”, el cual contemplaba la urbanización de dos mil 068 hectáreas de predios ubicados al poniente de la capital, al norte de la Sierra.
Sobre este asunto, el maestro en Derechos Humanos y activista de la Sierra de San Miguelito, Michel Hernández Piña, manifestó que el proyecto de “Las Cañadas” era uno de los principales megaproyectos destinados a la construcción de fraccionamientos de lujo en la Sierra de San Miguelito, y como con esto se intentó sesgar esta declaratoria.
Pese a ello, la intervención de comuneros y del continuo seguimiento a nivel nacional que le brindó el periodista Julio Hernández, el activista lo consideró un triunfo para la ciudadanía, pues se logró evidenciar cómo funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y del Gobierno Federal sostuvieron acuerdos y negociaciones con “grupos de poder” político-económico y desarrolladores inmobiliarios, para dejar fuera de esta declaratoria la zona que se pretendía urbanizar.
“Afortunadamente y gracias a las constancias de diversos abogados, comuneros y activistas, este tema se mantuvo en el ojo público y es una muestra del cómo se deben hacer estos procesos, cómo la ciudadanía debe estar observando y exigiendo que espacios eco sistémicos como la Sierra de San Miguelito sean resguardados”, explicó.
Esta declaratoria, insistió el activista, es importante porque brinda, protege y pone un candado definitivo a cualquier megaproyecto inmobiliario.
Además, reconoció la importante resistencia de los núcleos agrarios que, durante todo este tiempo, y a pesar de la “embestida” de grupos de poder económico, se mantuvieron firmes, pues gracias a ellos es que este movimiento ha salido triunfal hasta el momento, y se deja un legado natural para las generaciones actuales y futuras.
Autoridades deben coadyuvar acciones a favor de la Sierra
El manejo y las acciones que corresponden a las autoridades estatales y municipales dentro de este instrumento, que permite la conservación y resguardo del área natural, deberá estar sustentado según lo indicado en las articulaciones segunda hasta la décima octava del decreto, las cuales comprenden una serie de acciones para continuar con la protección de la Sierra y sus zonas limítrofes.
Ante esto, Hernández Piña subrayó que será primordial que Gobierno del Estado coadyuve a través de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y de otras instancias el seguimiento acorde a lo que se menciona en esta declaratoria.
“Hay que recordar que son los núcleos agrarios los que principalmente tienen que opinar en torno a qué tipo de actividades se van a desarrollar en la Sierra, ahora que está decretada como Área Natural Protegida y eso también o corresponderá al Plan de Manejo Ambiental”, expuso.
Asimismo, recalcó que el Gobierno Municipal tendrá que adecuar y solucionar los estragos de la pasada administración encabezada por Xavier Nava Palacios, como la modificación del Plan Territorial, y adecuarlo a la actual declaratoria, ya que con este propósito el decreto tendrá que quedar establecido a nivel de los ordenamientos municipales y estatales.
