Por Victoriano Martínez
La discrepancia salarial que los maestros de telesecundaria han padecido desde la última década del siglo pasado, cuando se creó el programa llamado Carrera Magisterial para estimular la educación básica en el país, ha exhibido el poco compromiso con el magisterio por parte de los gobiernos de las últimas tres décadas… a los que se suma el recién iniciado, aun con mayor agresividad.
Las 600 demandas que se presentaron este lunes ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para exigir la homologación salarial que, en términos muy simplificados, significa el reclamo por el pago de horas trabajadas no pagadas acumuladas por casi cuatro décadas en algunos casos, es un capítulo más de la historia de esa deuda histórica con los llamados telerines en la década de los 80.
Marcelo de los Santos Fraga comenzó su sexenio como gobernador con el ofrecimiento de homologar los salarios de los maestros de telesecundaria, pero no cumplió: se limitó a entregar bonos de nivelación que era una forma de regatear los beneficios que les reportaría a los profesores una auténtica solución a su demanda.
Fue en 2007, después de medio sexenio de Marcelo de los Santos, cuando se presentó el primer paquete de demandas por la homologación y el reclamo de la parte del salario que no recibían. Entonces fueron sólo 41 telerines los demandantes que, por respuesta, obtuvieron represión oficial y sindical.
Más de seis años después, entre 2013 y 2014, la persistencia de aquel primer grupo –para entonces reducido a 40 por un desistimiento– logró una primera victoria cuando el Tribunal resolvió sus demandas de manera favorable. Comenzaron las nuevas señales del poco compromiso gubernamental con la educación. El gobierno de Fernando Toranzo Fernández se amparó.
En aquel combate gubernamental contra los derechos de los maestros de telesecundaria figuró un personaje que prolongaría las artimañas y chicanadas para demorar el cumplimiento de la sentencia: Juan Manuel Carreras López, secretario de Educación de Gobierno del Estado.
A pesar de los embates legaloides de las autoridades estatales, la resolución favorable a los maestros persistió, lo que incentivó a otro grupo de 81 a presentar sus propias demandas. Con el antecedente de los casos ganados, éstas pronto obtuvieron una resolución favorable y a que vez animó a otro grupo de 444 maestros a presentar nuevas demandas.
Con la llegada del actual gobierno, al conflicto que se arrastra por décadas se sumó el incumplimiento en el pago de un bono que los maestros de telesecundarias reciben anualmente en la segunda quincena de octubre. Se trata de un bono de rezonificación (Bono RZ) que se les debió depositar el 28 de octubre.
Los maestros de telesecundaria se informaron directamente con el gobierno federal, que les indicó que entregó los recursos para el Bono RZ desde el 25 de octubre, pero pasó el 28 y el pago no se les depositó.
Ese fue uno de los principales motivos de la movilización que realizaron el 16 de noviembre, sobre todo porque obtuvieron información fidedigna de que los recursos fueron desviados para financiar las actividades del Xantolo en tu Ciudad y, para cumplirles, la Secretaría de Finanzas se vio obligada a recolectar recursos de urgencia de todas las dependencias.
Se trata de una muestra más de la forma en que el gobierno que encabeza Ricardo Gallardo Cardona subordina los derechos no sólo de los burócratas sino también del magisterio a sus urgencias por ganar la simpatía popular con sus programas de pan y circo.
Los litigios por la homologación salarial de los maestros de telesecundaria han enfrentado las artimañas que gobiernos anteriores disfrazaban con acciones legaloides y presiones sindicales. Hoy, le renuencia a cumplir las tres sentencias para homologar los sueldos y pagar las horas trabajadas adeudadas incluye intervenciones, presiones y complicidades con el Tribunal.
“Es evidente que el actual gobierno estatal sí está siendo más duro en estos temas”, expresó el senador con licencia Primo Dothé Mata, quien encabezó este lunes la entrega de 600 nuevas demandas, además de la presentación de 475 incidentes de liquidación relacionadas con las demandas que ya cuentan con una resolución favorable.
El gobierno de Gallardo Cardona intentó evitar la resolución del tercer paquete de demandas con un argumento inverosímil: su representante en el Tribunal alegó no haber tenido tiempo para el caso. En la cuarta ocasión y no pudo evitar la sesión y se resolvió a favor de los maestros, contra lo que el gobierno estatal ya presentó un amparo.
Todavía intentaron evitar la presentación del paquete de 76 incidentes de liquidación al retrasar la notificación de la última sentencia, que se notificó este martes y hoy miércoles serán finalmente presentados. Lo que sigue es que el Tribunal está obligado a requerir a la SEGE que ejecute el pago al que fue sentenciada y presupueste la homologación salarial.
Se trata de un gran paquete de liquidaciones que le representarán al gobierno estatal una erogación de alrededor de 200 millones de pesos, además de que impactará en el costo de la nómina de Telesecundarias por un monto entre 15 y 20 millones de pesos anuales.
Si algo ha caracterizado a Gallardo Cardona es su postura populachera de pretender recortes a los ingresos de los empleados del gobierno estatal, en tanto tiene que enfrentarse a la realidad de que no puede ir en contra de derechos adquiridos.
Retrasar pagos como el del Bono RZ o incumplir sentencias, sumados al retraso en los pagos de aguinaldos en el Conalep y a las agresiones a los sindicatos de burócratas, pueden abrir la puerta a más conflictos judiciales en una acumulación de faltas en las que ya se perfilan algunas causales de juicio político.
