Por Victoriano Martínez
La primera declaratoria de un Área Natural Protegida (ANP) durante el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) se da en San Luis Potosí, con toda la trascendencia que tiene no sólo para la ciudad, el Estado o el país, sino a nivel global.
Se salvaguardan los servicios ecológicos y ambientales que la Sierra de San Miguelito le proporciona a la ciudad ante los embates de proyectos inmobiliarios que, con los desarrollos construidos sobre la Garita de Jalisco –parte ya devastada de la Sierra–, han dejado evidencias de lo dañinos que son.
Se establecen lineamientos generales para que en la nueva ANP se realicen actividades productivas que privilegien la conservación ambiental, es decir, a nadie se le despoja ni de un milímetro de tierra ni de la posibilidad de la explotación de sus propiedades con responsabilidad ecológica.
Se trata de una determinación que reconoce la importancia del patrimonio ambiental de los potosinos y, seguramente, la de mayor trascendencia para la viabilidad de la ciudad en las últimas décadas y el gobernador verde ecologista Ricardo Gallardo Cardona… ocupadísimo con la gira de las posadas gruperas.
Se limitó a decir en una de tantas entrevistas banqueteras que el gobierno federal cumplió un compromiso, que el decreto podría ser apelado por comuneros inconformes y que esperará a que esta contribución al servicio ambiental del estado cumpla con su propósito (¡!).
Gallardo Cardona parece olvidar que se ha proclamado defensor de la 4T, y poco le faltó para decir que sus amigos empresarios, con los que se ha dedicado en los últimos meses a exhibirse en fotografías y le han correspondido con declaraciones públicas zalameras, fueron los que le dijeron que se combatirá jurídicamente el decreto, y él está con ellos.
Como gobierno, el de Gallardo Cardona parece ajeno a la trascendencia del decreto de este 13 de diciembre a pesar de su filiación verde-ecologista, y reaccionó hasta más de 36 horas después con un comunicado que se fusiló los datos proporcionados por la SEMARNAT, afirmó que el gobernador siempre tuvo puntual interés en la declaratoria pero no aportó un solo dato que lo acreditara.
Antes que eso, la calificación que Gallardo Cardona dio al decreto como el cumplimiento de un compromiso del gobierno federal tiene un tufo a lavado de manos y disculpa ante los desarrolladores inmobiliarios afectados, quienes se cuentan entre aquellos que le manifestaron apoyo incondicional y hasta llegaron a considerarlo desde ya un gran gobernador.
De ahí a dar el paso para que Gallardo Cardona se sume a la campaña mediática que han iniciado para descalificar el decreto poco puede faltar… una vez que se desocupe de sus dadivosas posadas gruperas.
Podría sumarse el gobernador al argumento de que se atentó contra comuneros y ejidatarios que viven en la Sierra de San Miguelito, y se les condena a la pobreza, cual si hubieran sido despojados de sus tierras y los consideraran incapaces de ser productivos por su cuenta, cuando ya tendría que estar con ellos para desarrollar proyectos y que aprovechen ecológicamente sus propiedades.
Sólo bastaría con que conociera la experiencia de la Comunidad de Suspiro Picacho con su tradición de defensa de la parte que ocupan en la Sierra y los proyectos productivos en los que trabajan, para desmontar ese argumento y, además, Gallardo Cardona se daría cuenta de que no es con dádivas sin sentido ni con giras gruperas como se apoya a la población.
El desarrollo en la Sierra de San Miguelito no puede verse en tonos de “o se urbaniza o se deja sin opción a sus pobladores”, porque mantienen la posesión de sus tierras y posibilidades de explotación, sólo con la condición de que se proteja a la naturaleza, algo sobre lo que Suspiro Picacho es un ejemplo, pero no el único en toda la superficie, hoy ya bajo protección.
La declaratoria como ANP no decreta de ninguna manera el fin del crecimiento de la ciudad. Los propios socios del proyecto Las Cañadas, el más notorio de los desarrollos “afectados”, reconocen en privado que hay otras áreas de la ciudad con mejores condiciones para proyectos como el que intentaron, pero con otras dificultades y no con tanto beneficio como el que en este caso esperaban.
Toda ANP implica la intención de generar proyectos productivos sustentables y éstos se darán en la medida en que las autoridades federales –que ya dieron el primer paso con la declaratoria–, las estatales –que hoy prefieren andar de gira grupera–, los habitantes de la ANP y la sociedad en general, se involucren en la elaboración del plan de manejo, que es el siguiente paso del proceso.
Privilegiar el derecho al agua y el derecho a un medio ambiente sano difícilmente anula otros derechos humanos cuando con ellos se protege un derecho esencial: el derecho a la vida. ¿Qué otros derechos humanos se podrían enumerar como para que en un ejercicio de ponderación superen la trascendencia de los implicados en la declaratoria de la ANP?
La trascendencia del decreto que declara Área Natural Protegida a la Sierra de San Miguelito es tal, que la nula reacción del gobierno estatal es preocupante, en tanto que acumula acciones que atentan contra lineamientos constitucionales en materia de administración pública, contra derechos laborales y hasta contra los derechos a la información y a la libre expresión.
Despilfarrar el erario para “traer felicidad”, con ofensivos toques de promoción personalizada, recuerda la consigna del Marcelato de que “se va a gastar lo que se tenga que gastar”, y constituye además una violación al artículo 134 constitucional en muchos aspectos.
Despidos injustificados, retrasos en los pagos de aguinaldos, intentos de eliminar derechos adquiridos de los trabajadores y chicanadas para evadir el pago de adeudos de horas trabajadas en el caso de los maestros de telesecundaria dan muestras de una insensibilidad que contrasta con la bondad que pretende proyectar con sus dadivosas (con dinero ajeno) posadas.
Ocultar el costo de sus “obras y acciones” que promociona a diestra y siniestra cual si efectivamente no tuvieran precedentes además de ser una violación reincidente a la Ley de Transparencia, representan claramente su intención de administrar los recursos públicos de espalda a quienes los aportan: toda la población.
“Contamos con la tecnología para rastrear blogs, perfiles, sitios Web y números telefónicos, y así ubicar desde dónde se envía este tipo de material. En cada hecho detectado se iniciará una investigación y, en su caso, se aplicarán responsabilidades. Estas malas prácticas podrían ponerte en riesgo”, advirtió en un video Miguel Gallegos, titular de la Vocería de Seguridad Pública.
Por muy buena que pudiera ser su intención, difícilmente la campaña que arrancó con ese video puede ocultar el hecho revelado de que cualquier persona es blanco de espionaje por parte de la autoridad estatal, con la consecuente violación a la privacidad y al derecho de libre expresión.
Despilfarrar el erario, violar derechos laborales, violar la ley al ocultar la información pública y hacer blanco de espionaje a los potosinos están muy lejos de ser acciones que justifiquen que no se reaccione de manera proactiva para trabajar para que se den las mejores condiciones para que la protección a la Sierra de San Miguelito sea efectiva y benéfica para quienes la habitan.
El Gobierno Federal de la Cuarta Transformación ya cumplió. El gobierno estatal se inclina por creerle más a quienes podrían impugnar la declaratoria que al decreto firmado por López Obrador… ¡y eso que se proclama defensor de la 4T y además es verde-ecologista! ¿Se imagina si no?
