Por Victoriano Martínez
A partir de este jueves, el nombre del presidente del corporativo Grupo Infinite será más corto: Gabriel Alan N. Además, su imagen se presentará con los ojos difuminados. Un alto contraste en la trayectoria del autoproclamado influencer empresarial.
Los cientos de ahorradores de Invercorp podrán celebrar un avance en las demandas que presentaron contra Gabriel Alan N. por haberlos defraudado con la falta de pago de utilidades y el reembolso de sus capitales, pero quizás no los acerque más a la recuperación de sus inversiones.
Quienes lo denunciaron por falsificar fianzas y hasta usurpar contratistas de los Servicios de Salud en el Estado podrán tener alguna esperanza de que sus casos comiencen a avanzar.
La agrupación Ciudadanos Observando seguramente antepondrá cierto grado de escepticismo y desconfianza antes que tomar la aprehensión de Gabriel Alan N. como una señal favorable para que se sancionen las demandas por ellos presentadas.
¿Realmente la Fiscalía General del Estado (FGE) judicializará todos los casos abiertos contra Gabriel Alan N.? La duda queda en el terreno de las que se consideran razonables, sobre todo porque casos notorios como este, en un arranque de sexenio, suelen terminar en petardazos de impacto momentáneo.
Un escepticismo sobre los alcances de la actuación del FGE que difícilmente le permitirá pensar a los integrantes de Ciudadanos Observando que la actuación alcanzará a Mónica Liliana Rangel Martínez, ex titular de los Servicios de Salud, a quien se le señaló complicidad con Gabriel Alan N. para asignarle irregularmente contratos por 176 millones de pesos.
Si difícilmente se puede pensar –a menos que con sus actos demuestre lo contrario– que lo que sigue para la FGE es actuar en contra de Rangel Martínez, mucho menos que se abre la posibilidad de que se actúe contra otros ex funcionarios del gabinete de Juan Manuel Carreras López y, ya entrados en lo inverosímil, hasta contra el propio ex gobernador.
Si eso es mínima y casi nulamente probable que ocurra, ver a la FGE actuar en un caso de impacto contra un particular de ninguna manera abre la posibilidad de que se podrá ver la judicialización de tantas otras denuncias dejadas pendientes por el fiscal autónomo pero no independiente Federico Garza Herrera.
Y es que con la judicialización del caso Gabriel Alan N., José Luis Ruiz Contreras estrena su nombramiento como fiscal carnal, y podría representar una primera señal de su autonomía sin independencia.
“La Fiscalía General del Estado es un ente autónomo, pero no es un ente independiente y lo que nosotros queremos es llevar buenas relaciones directamente con las autoridades que entrarán en breve tiempo”, comentó Garza Herrera cuando tomó protesta a Ruiz Contreras como vicefiscal encaminado a sustituirlo.
Ruiz Contreras ya fue ungido como fiscal autónomo por el Congreso del Estado y su primera actuación de impacto parece obedecer a la recomendación de Garza Herrera de “llevar buenas relaciones directamente con las autoridades que entrarán en breve tiempo”, es decir, de no ser independiente.
Gabriel Alan N. denunció el pasado 5 de enero, cuando recababa firmas para ser candidato independiente a gobernador, que un grupo de gallardistas lo agredieron junto con su equipo de precampaña.
Un detalle que en la lógica del gobernador Ricardo Gallardo Cardona se inscribiría en un “golpeteo político” llevado al extremo de un cierto desquite, útil a un fiscal autónomo pero no independiente para mantener buenos bonos como fiscal carnal.
Una secuencia de hechos que, si arroja una duda muy razonable sobre acciones contra ex funcionario de Carreras López y él mismo o contra ex diputados de las dos legislaturas anteriores, sobre la posibilidad de que se actúe en las denuncias que la anterior administración municipal presentó contra Ricardo Gallardo Juárez no hay duda, sino certeza de que jamás ocurrirá.
Sí, la aprehensión de Gabriel Alan N. es un hecho que atiende al anhelo de una sociedad harta de la impunidad, pero la judicialización de un caso no hace Justicia, por mucho que la propaganda gubernamental lo pretenda presentar así.
Cada denuncia que se convierte en carpeta de investigación sin resultados ni judicialización es una prueba acumulada del fracaso de la FGE, un indicador de negligencia y un indicio de complicidad con la impunidad que, en tanto más relevantes suelan ser los personajes involucrados, pueden llegar a ser considerados como evidencias y pruebas de esa traición al interés público.
