Abelardo Medellín
La noche del pasado jueves 16 de diciembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció a través de un comunicado la detención de Gabriel Alan “N”, representante del conglomerado de empresas pertenecientes al Grupo Infinite, entre las que se encuentra la financiera Invercorp, misma que está denunciada por fraude.
Gabriel Alan “N” fue detenido oficialmente en la avenida Popocatépetl de la colonia María Cecilia en la ciudad de San Luis Potosí.
Luego de la detención, Gabriel “N” fue trasladado al penal de La Pila para celebrar la audiencia inicial de su procedimiento penal, misma que se realizó a las 8 de la mañana de este viernes 17 de diciembre.
Eduardo Olivares González, una de las víctimas que estuvo presente durante la audiencia, informó que Gabriel “N” se presentó con dos abogados, de los cuales uno de ellos no pudo acreditar su carácter de litigante en el país, y la otra de sus representantes no había tenido oportunidad de revisar el expediente.
Luego de transcurridos unos minutos de la audiencia, la defensa de Gabriel “N” solicitó aplazar la misma hasta las 14:00 horas, para que la abogada tuviera tiempo de revisar el expediente que contiene más de 100 querellas.
“Tenía dos abogados, un hombre y una mujer, al hombre lo expulsaron porque no se acreditó como abogado, y a la mujer el propio Gabo dijo que no la conocía (…) pidieron cinco horas para leer el expediente, obviamente no lo van a hacer”, reveló Olivares González, quien platicó con Astrolabio Diario Digital luego de la audiencia.
De Invercorp hasta la detención de Gabriel “N”
La historia de Gabriel “N” inicia con el proyecto conocido como “Comuna Tower”, que constaba de la construcción de un rascacielos ejecutivo de 100 metros de altura en San Luis Potosí, mismo que sería financiado a través de un sistema de micromecenazgo que buscaría una inversión de 200 millones de pesos.
El proyecto fue anunciado al público en abril de 2019 y proyectaba el inicio de la construcción para julio de ese año. La primera etapa de construcción prometió la generación de 300 empleos directos y 500 empleos indirectos.
En su momento, Reynaldo Castañeda Cuevas, presidente del grupo empresarial, junto con Gabriel Alan “N”, explicaron que el proyecto se construiría en la delegación de La Pila, entre el Libramiento Oriente y el parque industrial Logistik, además de esta solo sería la primera de muchas torres que construirían en el país.
Dado que este era un proyecto que se financiaría por micromecenazgo, a través de la empresa Invercorp, el conglomerado comenzó una campaña de levantamiento de capital en el que ofrecían acciones a los socios, cuyos rendimientos ascendían al 10 por ciento mensual del monto invertido.
Dichos rendimientos son similares a que, en el plazo de un año, los socios de Invercorp recibirían el 120 por ciento de su inversión inicial.
El atractivo de estos rendimientos atrajo a muchas personas al proyecto, uno de ellos fue Eduardo Olivares González, un ciudadano potosino que decidió invertir en la empresa 50 mil pesos de su patrimonio por consejo de un conocido suyo.
“A través de un conocido me dice ‘oye, mete tu dinero aquí, te conviene’; se llama Gerardo Humara, era asesor ahí y otro conocido que yo tenía ya tenía cobrando ahí un año, yo sospechaba porque pagaban mucho, pero a mí me corroboraron que sí le pagaban, pero al final yo nada más cobré un mes, luego se vino abajo todo el asunto”, dijo.
Según Eduardo Olivares, la dirección de Infinite reunió a los socios en 2020 para informarles que por problemas de “solvencia económica” no podrían pagar los rendimientos de los meses siguientes, motivo por el que les invitaron a firmar un contrato para solo pagarles, a partir de la firma, un rendimiento del 3.33 por ciento mensual.
Aseguró que, en su momento, hubo personas que se negaron a aceptar el contrato por dicho rendimiento, sin embargo, se les obligó a firmar y se les informó que no se les podría devolver la inversión inicial que habían pagado.
Pese a que la directiva de Grupo Infinite y Gabriel “N” les aseguraron a los inconformes que con el nuevo contrato, y con el inicio de un concurso mercantil, lograrían volver a pagar los rendimientos, esto no pasó y no volvieron a recibir el recurso.
Olivares González afirmó que fueron cerca de 800 personas las defraudadas por Invercorp que ya no recibieron pagos por sus inversiones.
“Simplemente ya no nos pagaron (…) nos dieron unos pagarés, yo ese día les dije: ‘¿Sabes qué? No hay problema, nada más regrésame mi dinero’, y ellos me dijeron: ‘No, pues no hay dinero y hazle como quieras’. Así me contestó mi asesor, por eso muchos tuvimos que firmar el nuevo contrato con la esperanza de que lo cumplieran, pero no, tampoco”.
En vista de los retrasos en los pagos y el incumplimiento de los nuevos contratos, los inconformes decidieron comenzar a manifestarse para solicitar al Gobierno del Estado su intervención en el caso; una de las primeras manifestaciones se realizó en mayo de 2020, en la cual cerca de 30 personas se reunieron afuera del Palacio de Gobierno desde donde iniciaron una caminata por la avenida Venustiano Carranza con dirección a las oficinas de Invercorp.
De acuerdo con el Eduardo Olivares, luego de estas manifestaciones, las víctimas decidieron interponer las primeras denuncias en contra de Gabriel “N” y su conglomerado.
Luego de pasar por una mala experiencia con un abogado privado, los denunciantes optaron por llevar sus querellas con un abogado público, quien comenzó a promover el caso al interior de la FGE, sin embargo, Olivares González señaló que este se detuvo durante la administración de Juan Manuel Carreras López.
“Hasta ahorita con esta nueva administración, porque en la administración pasada el tipo [Gabriel “N”] gozaba de impunidad”.
Luego de haber promovido las denuncias, pero descubrir que estas no avanzaban, comenzaron a realizar más manifestaciones.
El 29 de julio de 2020 se presentaron en las instalaciones de la Fiscalía para protestar por una serie de irregularidades, revictimización y lentitud por parte de la misma institución encargada de impartir justicia; incluso mencionaron haber recibido peticiones para desistirse de sus denuncias.
Mientras las investigaciones continuaban sin avanzar, Gabriel “N” optó por buscar una carrera dentro de la política y el lunes 19 de octubre de 2020 se registró ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) como aspirante a una candidatura independiente, sin especificar entonces para qué puesto contendería.
El 3 de noviembre de ese año, los defraudados por Invercorp mudaron sus manifestaciones de la FGE a las instalaciones del Ceepac, en donde exigieron a las autoridades electorales que no le concedieran el registro como aspirante al representante del Grupo Infinite.
Pese a la inconformidad y las exigencias de las víctimas, por unanimidad de votos, el Ceepac otorgó a Gabriel “N” el registro como aspirante a una candidatura independiente, esto durante la sesión extraordinaria del Pleno que se celebró el 13 de noviembre del año pasado.
Dos semanas después de haber conseguido el registro oficial ante el Ceepac como candidato independiente, el 1 de diciembre de 2020, un grupo de 39 personas presuntamente defraudadas por Invercorp, revelaron que el empresario incumplió con el convenio de reconocimiento de adeudo que firmaron en julio de ese año y del cual solo se realizó el primer pago, sin continuar con el compromiso.
Pese a las denuncias y los presuntos defraudados que surgieron durante esos meses, Gabriel “N” formalizó el 23 de febrero de 2021 su registro como el primer candidato independiente del V distrito local de San Luis Potosí.
Gabriel N y las empresas fantasma de los Servicios de Salud
A la par en que comenzaban las denuncias del grupo de inversores y Gabriel “N” iniciaba su carrera como candidato independiente, surgió mayor información que involucró al representante del Grupo Inifinite con un esquema de corrupción y empresas fantasma dentro de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado, cuando la titular era Mónica Liliana Rangel Martínez, excandidata a la gubernatura por Morena.
El primer antecedente sobre esta posible colusión entre los Servicios de Salud y Gabriel “N” data del año 2019, cuando la dueña de la empresa Quickshine del Potosí lo demandó por el delito de fraude.
Según fue revelado entonces por la empresaria y sus representantes legales, en 2016 Gabriel “N” se presentó a sus oficinas para ofrecer gestionar beneficios tributarios y resolver su problema de obligaciones patronales incumplidas.
Posteriormente, el 31 de marzo de 2017, Gabriel “N” le llamó a la empresaria para decirle que “por un error” en su despacho expidieron una factura de su empresa a los Servicios de Salud, por lo que solicitó que la empresa regresara el dinero a través de cuentas de Cano y Asociados y Grupo Sasga.
Pese a que esto parecía ser un error, en mayo de 2020 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le requirió a la propietaria de Quickshine del Potosí el pago de más de 44 millones de pesos por incumplir el pago de contribuciones, por lo que se decidió proceder legalmente contra el empresario.
Durante la primera mitad de 2020, una investigación conjunta entre Astrolabio Diario Digital y la organización Ciudadanos Observando reveló que los Servicios de Salud contrataron los servicios en particular de Gabriel Alan “N”, de su hermano, Jonathan Alfonso y de al menos dos de sus empresas a las que les realizaron pagos por más de 19 millones de pesos.
En febrero y marzo de 2018, los Servicios de Salud pagaron a Gabriel Alan “N” un millón 985 mil 285 pesos, mientras que su hermano, Jonathan Alfonso, cobró 2 millones 080 mil pesos en ese mismo periodo.
Unos días después de haber revelado los contratos celebrados entre los Servicios de Salud y las empresas de Gabriel “N”, las autoridades de Salud anunciaron que iniciarían investigaciones para “deslindar” a la institución por supuestamente haber beneficiado al empresario acusado de fraude.
Un mes después de que salieran a la luz estos contratos entre los Servicios de Salud y las empresas de Gabriel “N”, Ciudadanos Observando reveló que la dependencia declaró 111 millones de pesos menos de lo que en realidad había erogado a estas empresas.
Según lo que explicó entonces la institución, solo se habrían hecho contratos por una suma de 64 millones 977 mil 396.96 pesos, sin embargo, gracias las solicitudes de información con folios 0155720, 0156120, 0756210 y 0735920, Ciudadanos Observando pudo comprobar que los pagos hechos a estas empresas ascendieron a 176 millones 425 mil 154 pesos; además se advirtió de irregularidades aledañas.
En consecuencia de los múltiples señalamientos en su contra, Gabriel “N” se presentó el 26 de octubre de 2020 en las oficinas del Poder Judicial del Estado para interponer una denuncia en contra de la asociación Ciudadanos Observando, por “difamaciones en mi contra, en perjuicio mío y de mis empresas”, según explicó en un video publicado en sus redes sociales.
El 19 de enero de 2021, el abogado Tomás Coronado Zárate, representante legal de la empresa Quikshine que presuntamente fue defraudada por Gabriel “N” y los Servicios de Salud, presentó en rueda de prensa nuevas evidencias sobre el caso y afirmó que se ampliaría la denuncia contra el presidente de la mesa directiva de Grupo Inifinite.
La caida de Gabriel “N”
El 6 de agosto de este año, una nueva manifestación se llevó a cabo a las afueras de la FGE, donde los ciudadanos presuntamente defraudados por Invercorp volvieron a solicitar que se diera celeridad a las investigaciones y algunos de ellos narraron en vivo lo que había ocurrido con la empresa vinculada a Gabriel “N”
Luego de dicha manifestación Gabriel “N” solicitó a este medio un derecho de replica.
En la entrevista, Gabriel “N” aseguró:
“Se manifiestan y solicitan algunas cuestiones a la Fiscalía y vierten opiniones y declaraciones que muy claramente son falsas e inexactas”.
El empresario denunciado negó que hubiera un fraude cometido por Invercorp, así como la supuesta protección de la FGE hacia su persona y el cierre de sus oficinas.
“No se cometió ningún fraude, nosotros nunca hemos sido una financiera, nunca fuimos una financiera, nunca tuvimos un solo inversionista, todas las personas que participan o participaron fue por su propia voluntad mediante contratos mercantiles, era socios y asociados y es muy diferente ser socio de una empresa que va a la quiebra y hay que esperar a que se venda y se distribuya y se reparta en condiciones específicas”, dijo Gabriel “N” en esa entrevista.
Respecto al proceso judicial que se estará llevando a cabo, Eduardo Olivares opinó:
“No podemos cantar victoria, pero es un avance gigantesco, después de más de un año que el angelito este se andaba burlando de todo mundo, pues ahora ahí está (…) ahorita lo vi, ahí trae su uniforme color caqui, se ve muy bien con ese uniforme este criminal”.
Eduardo Olivares dijo dudar que los afectados puedan recuperar su dinero, pero afirmó que “es un aliciente que ya lo detuvieron (…) cuando menos ya hizo algo la Fiscalía, ojalá sea el inicio para que se haga justicia”.
