Angélica Campillo
El diputado Juan Francisco Aguilar Hernández, quien es secretario de la Comisión Jurisdiccional de Juicio Político en contra del exalcalde Xavier Nava Palacios, negó conflicto de interés en la votación de dicho dictamen en el Congreso del Estado, o haber sido socio de Jorge Luis Dorantes Puente, abogado del Ejido Rancho Viejo-La Libertad, sitio del conflicto en cuestión.
Aguilar Hernández acusó que el exalcalde pretende confundir a la ciudadanía para eludir su responsabilidad política de la que fue sancionado en sesión extraordinaria el sábado 18 de diciembre de 2021, puesto que, entre otras cosas, argumenta que existe conflicto de interés de su parte.
Esto al señalar que Aguilar Hernández fue socio de Jorge Luis Dorantes Puente, abogado del ejido conocido como Rancho Viejo-La Libertad.
“Como se siente el único dueño de la verdad, menciona que me tuve que excusar en la votación”.
En ese contexto, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) rechazó que el abogado del ejido haya sido su socio, y retó a Xavier Nava a demostrarlo y mostrar el acta constitutiva donde se advierta que tuvo o tiene una sociedad con Dorantes Puente.
A consideración de Aguilar Hernández, es lamentablemente que San Luis Potosí se haya quedado rezagado del crecimiento comparado con otras ciudades del Bajío, lo que trae como consecuencia la inestabilidad política que llegan a crear actores como Xavier Naval Palacios, a quien calificó como un “personaje sin identidad política”.
Esto debido a que fue diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), alcalde por el Partido Acción Nacional (PAN) y candidato a la reelección por Morena.
“Sin lealtades, por consecuencia, sin aliados, sin respeto a las instituciones y a los poderes del Estado, como es el caso del desacato a una suspensión de plano dictada por un Juez Federal, y a la ciudadanía”, recalcó.
Explicó que la resolución que dejó a Xavier Nava fuera de la vida política durante 18 años, fue elaborada por la comisión jurisdiccional, de la cual formó parte y que también integraron los diputados René Oyarvide Ibarra y Martha Patricia Aradillas Aradillas, ambos afines a la Gallaría, y sometida a votación por el Pleno del Congreso del Estado, “fue apegada a derecho, sin ningún tinte político”.
De acuerdo con Aguilar Hernández, se estudiaron todas y cada una de las constancias que integran el expediente del juicio político, además de afirmar que todas las partes involucradas fueron debidamente notificadas, “tal y como lo dispone la Ley de Juicio Político para el Estado de San Luis Potosí, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que se aplica supletoriamente”.
Juan Francisco Aguilar pidió a Xavier Nava dejar de “enturbiar el ambiente político” y, si no está de acuerdo con la resolución que se votó con 26 votos a favor, le sugirió acudir a los tribunales competentes.
El diputado panista aclaró que la litis del juicio político es exclusivamente por el tema del desacato que tuvo Francisco Xavier Nava Palacios y compañía a una orden de un Juez Federal, y en el Congreso del Estado no se vio absolutamente nada que no fuera de su competencia.
“Todo lo demás se verá en su momento en la sentencia que dicte la Justicia de la Unión”, insistió.
Según Aguilar Hernández, el Congreso del Estado únicamente puede sancionar en la vía política, pero será derecho de los ejidatarios si buscan que a los involucrados se les sancione también en vías como la penal, civil y administrativa.
