Por Victoriano Martínez
Y la palabra clave para resolver el galimatías del esquema progresivo en las tarifas del impuesto predial, del traslado de dominio y demás cuotas relacionadas con el sector inmobiliario es… convenio.
“Se proyecta el establecimiento de un convenio que permita proteger el mercado inmobiliario”, dio a conocer en un comunicado el alcalde Enrique Galindo Ceballos el pasado jueves, tras reunirse vía videoconferencia con directivos de la AMPI y la CANADEVI.
“Vamos a trabajar un convenio en todo lo que ustedes consideren que coadyuve a su trabajo”, les dijo Galindo Ceballos este martes a integrantes del Colegio de Notarios del Estado en su primer actividad presencial después de su recuperación de Covid-19.
Inauguró así una nueva política gubernamental como presidente municipal: la ley no se cumple, se convenia. Sobre todo si no se realizó la tarea previa de consultas y análisis serio y a fondo de las repercusiones de lo que consideró proponer y hoy ya está aprobado.
Si le salió mal el plagio, pero el ego no da para correcciones, a los convenios-parche se le suman las justificaciones demagógicas, con la complicidad de sinodales paleros como el diputado Alejandro Leal Tovías, quien repite el argumento del alcalde, e ignorar posibles alternativas, como la propuesta por el diputado Héctor Ramírez Konichi.
“Todo el trabajo que estamos haciendo no es pensando en otra cosa más que en la ciudad, y si nos va bien, todo lo que habíamos proyectado para realizar en tres años podremos realizarlo en año y medio. Si esto se logra en año y medio, sí creo que en el corto plazo vamos a tener una ciudad totalmente diferente”, dijo ante los dirigentes de los notarios, según su comunicado.
“Incentivar el pago de los impuestos correspondientes que, posteriormente, se verán reflejados en las obras públicas, programas y acciones que la ciudad requiere y que la población demanda”, señaló también en el comunicado sobre su encuentro con la CANADEVI y la AMPI.
Tan demagógicas son sus posturas, que no pasan la prueba del principio de publicidad de la información cuando se trata de asuntos públicos.
Ojo, el uso de la palabra publicidad aquí nada tiene que ver con la propaganda que le hacen sus desvirtuados operadores de comunicación social, sino con la obligación legal de transparencia por la que toda la información sobre la aplicación de recursos en “las obras públicas, programas y acciones que la ciudad requiere y que la población demanda” debe ser publicada.
Una prueba que no pasa y, en consecuencia, es el primer indicador que confirma su demagogia. Buscar de manera tan grotesca aumentar los ingresos vía contribuciones desproporcionadas con la justificación de que se reflejará en obras, lo contradicen las condiciones en que siguen las calles en la ciudad mientras la recorre para tomarse fotos en acciones meramente cosméticas.
Ni en materia de obras, ni en materia de acciones, principalmente para garantizar la seguridad en la ciudad, se encuentran indicios de que se le puede creer su fingida correspondencia para cobrar más impuestos. Que se los diga, por ejemplo, a los locatarios del mercado Hidalgo que hablan de una movilización porque no les ha cumplido nada de lo que les prometió.
No pasa la prueba porque no es capaz ni siquiera de transparentar el uso de los recursos públicos en esas mismas acciones superfluas.
Las listas de cheques que por obligación legal debe publicar mensualmente aparecen incompletas y, por ejemplo, en el mes de diciembre no reporta un solo pago relacionado con su festival navideño, a pesar de haber gastado más de tres millones de pesos, dato que debió conseguirse por vía de solicitud de información cuando está obligado a difundirlo de oficio.
¿Por qué habría de creérsele que se conocerá con precisión el buen uso de su voraz recaudación de impuestos y derechos, cuando en sus primeros cien días ya enseñó el cobre de su opacidad?
Si las ecuaciones mal copiadas con que innovó su progresividad impositiva lo muestran como abusivo recaudador, con la fórmula aumentar impuestos para hacer más obras se presenta como ingenuo engañabobos que vende espejitos pero que, por ser autoridad, puede conseguir aliados para afectar a la población con perversos convenios que son posibles por su conocida opacidad.
¿Para qué corregir un mal plagio en su ley de ingresos si hay alternativas al margen de la legalidad? CANADEVI, AMPI y Colegio de Notarios están en la antesala de la complicidad con un Galindo Ceballos, aferrado al abuso impositivo, así tenga que burlar la propia ley que él propuso.
