Óscar G. Chávez
El bien común como premisa social pierde todo sentido en el momento que el interés económico entra en juego; para éste y para sus actores todo aquello que no reditúe carecerá del mínimo valor; así, dentro de cualquier entorno, todo acaba supeditado a lo económico. La mejor manera de confrontar y dividir a la más armoniosa comunidad es mediante la corrupción monetaria.
No son cosa nueva los problemas por la tenencia de la tierra en la delegación de La Pila, pero éstos se dispararon a partir de abril de 2021, cuando de manera viciada y buscando favorecer diversos intereses el alcalde de la capital, Xavier Nava, logró que se modificara el uso de suelo de las tierras ejidales con un Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; de uso agrícola y ganadero, las tierras pasaron al uso industrial.
Era obvio que mediante esta estrategia se garantizaba que diversos grupos de fraccionadores de tierra se pudieran apropiar del espacio con miras a convertirlo en parques industriales; no es cosa menor, las casi cinco mil hectáreas que abarcan los terrenos del ejido La Pila y Anexos, ubicados en el oriente de la ciudad de San Luis Potosí, son codiciadas desde hace décadas, ya que existe el proyecto de realizar el parque logístico con espacios industriales, habitacionales y dos interpuertos, éste se convertiría en el más grande e importante del país.
Esto, en la medida que también posibilitaría la construcción de la llamada vía alterna, detonaría una serie de negocios inmobiliarios que si bien de inicio sólo amenazarían, en poco tiempo acabarían con la Sierra de San Miguelito, ya que varios de los empresarios inmobiliarios que tienen sus miras sobre La Pila, también tienen intereses en el megaproyecto inmobiliario denominado Cañadas.
Derivado de lo anterior y mediante una estrategia de presión, manipulación y apoyo de Juan Rodolfo Lara Orozco, magistrado del Tribunal Unitario Agrario, corporaciones industriales asociadas con las familias del Valle y Lorca (quienes ya cuentan con 500 hectáreas de terreno) han desplegado una ofensiva sobre los habitantes del ejido La Pila, buscando conseguir la propiedad de otras 700 hectáreas. Si bien esta propiedad se pretende adquirir mediante la compra venta, lo cual en principio es lícito, ya en analizado a fondo, se muestra como en realidad es: completamente inmoral.
Sencillo, la tierra que se destinará para la construcción de naves y parques industriales sería pagada a los ejidatarios a $120.00 pesos el metro cuadrado, luego ellos venderían los terrenos en cantidades que oscilan entre cinco y diez mil pesos el metro cuadrado. Lo lógico permite suponer que para obtener la posesión de la tierra el pago se hará a los ejidatarios de manera previa, pero la realidad es otra, la tierra se les pagará una vez que comience la venta de los parques industriales y mediante pagos parciales de $ 10,000.00 o 20,000.00 pesos, cuando los inversionistas consideren conveniente. “Dicen que en 20 años nos terminarán de pagar…”
Después de esta compra se encuentra proyectada para el 2023, otra por mil hectáreas; pero mientras esto ocurre, y tratando de apropiarse de las 700 ya mencionadas, los fraccionadores argumentan que ya se alcanzó un arreglo con la Procuraduría Agraria. Algo debe ser cierto ya que el antes mencionado magistrado Lara Orozco, se dedica –al tiempo que presume protección superior– a presionar a los ejidatarios: “…o firman o los metemos a la cárcel“.
“…mucha corrupción, nuestra única esperanza es Andrés Manuel López Obrador, él los pueden parar…” se escucha decir a una ejidataria que es presionada todo el tiempo para que firme un acuerdo que a la larga permitirá que dispongan de sus tierras.
Los ejidatarios amenazados no lo saben, pero la presumida protección superior o nunca la tuvo o ya le fue retirada, Lara Orozco en pocos días será citado en la Ciudad de México; este asunto de tierras y corruptelas ha llegado al Tribunal Superior Agrario y a Palacio Nacional.
En estos momentos la posesión de esos terrenos es de una importancia estratégica para quien la detente; el control del oriente de la ciudad implica en gran medida, el control de la actividad económica. Nada nuevo: cambian los entornos, la ubicación de terrenos comunales y ejidales para lucrar, los comuneros o ejidatarios que se volverán millonarios de la noche a la mañana gracias al apoyo de los fraccionadores, pero lo que no cambia es el motivo: grupos de poder económico que buscan detentar el control político de San Luis Potosí.
Los habitantes de los espacios geográficos codiciados no les representan nada, sólo son la herrumbrosa cerradura que les permitirá abrir la puerta; una vez abierta, serán desechables.
