Antonio González Vázquez
El combate a la corrupción es un asunto esencial para todas y todos en San Luis Potosí; en ese tema, los hechos valen más que las palabras.
El primer año de gobierno de José Ricardo Gallardo Cardona será fundamental en la obligación de investigar con rigor y apego a la ley los presuntos casos de corrupción cometidos en la administración de Juan Manuel Carreras López.
En el anochecer del pasado viernes, elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad Pública del Estado, Jaime Ernesto Pineda Arteaga.
Habría que empezar a tomar en serio al gobernador.
Tras la aprehensión, el mandatario no se ha pronunciado, ha optado por el sigilo. Probablemente este lunes los reporteros que cubren sus actividades lograrán sacarle una declaración. Será muy interesante conocer sus palabras sobre el principal acontecimiento desde que asumió el cargo.
Lo que parece seguro, es que el ex jefe policíaco no será el único de los ex colaboradores de Carreras López que se vea en problemas legales.
Cuando Gallardo Cardona desveló el caso de la “herencia maldita”, afirmó que el hallazgo de múltiples irregularidades en la anterior administración tendrían una respuesta por la vía de la denuncia ante la Fiscalía.
Enseguida se emprendieron las investigaciones correspondientes en aquellas dependencias en las que se desprendía un tufo a descomposición.
En el transcurso de los cinco meses de gobierno, a cuenta gotas se han ido ventilando diversos casos en los que se han exhibido algunos indicios de actos probablemente irregulares en perjuicio del erario.
En la cúspide de la “herencia maldita”, el gobernador colocó el tema de las finanzas y la deuda que estimó en 20 mil millones de pesos. Ese fue el punto de partida. La Secretaría de Finanzas marca la ruta de la corrupción durante el sexenio de Carreras.
Poco a poco se fueron ventilando otros descubrimientos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Comisión Estatal del Agua, Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Secretaría de Salud, Oficialía Mayor, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Junta Estatal de Caminos.
Posiblemente haya otras entidades públicas de las que pronto surjan escándalos del pasado.
El anzuelo fue lanzado y aguarda sus presas en el pestilente estanco de la corrupción.
¿El anzuelo se mantendrá en espera de los peces gordos o con Jaime Pineda será suficiente?
Se esperaba que fuera Mónica Liliana Rangel Martínez la primera en caer, pero la ex secretaria de Salud se amparó.
El gobernador Gallardo ganó las elecciones en las urnas y salió avante en los tribunales, donde no encontraron argumentos legales para anular los comicios.
Pese a ello, es indudable la existencia de una percepción de desconfianza en el ejecutivo. Para remontar esa circunstancia, surgió la idea de transformar las dudas en confianza y consenso. La “herencia maldita” encuentra sentido en la estrategia de hacer que la sociedad vea mejor el pasado y no el presente.
Un distractor de las “ocurrencias”.
Sin embargo, el ejercicio de gobierno no puede darse el lujo de una estrategia de control de daños sin correr el riesgo de caer en un desgaste creciente.
Al denunciarse la corrupción se hace necesario actuar. No hay lugar para las medias tintas, o van con todo o no se hace nada.
La “herencia maldita” no tendría razón sin sentencias judiciales.
Pineda Arteaga ha sido el primero, pero el proceso legal apenas vive sus primeros momentos y se llevará un tiempo antes de que se defina si tiene alguna responsabilidad sobre los presuntos delitos que le imputa la Fiscalía.
El gobernador no debería caer en la tentación de perseguir a ex funcionarios de la anterior administración con fines de imagen, para demostrar que tiene el poder y el control suficientes para cargar en contra de quien sea.
Se trata de alejarse de cualquier motivación de interés político o incluso propagandística. Hacer justicia como un acto de responsabilidad con la sociedad por tanto tiempo agraviada por funcionarios deshonestos.
Ni persecuciones políticas ni revanchas porque eso no enaltece al gobernante.
La tarea es descomunal: demostrar que en al menos media docena de dependencias y entidades públicas del gobierno estatal se maquinaron actos de corrupción.
Al destapar la cloaca de la “herencia maldita”, el gobernador abrió una gran expectativa que reclama hechos.
Va uno, pero deberá haber voluntad y firmeza para ir por más.
El séptimo año de gobierno de Carreras se vislumbra más negro de lo que el doctor pudo haber previsto. No es descartable la posibilidad de que también sea imputado, después de todo, no puede olvidarse que era el jefe de todos los que ahora están bajo una densa sombra de sospecha.
¿Podrá dormir tranquilo?
Por lo pronto, queda claro que el gobernador va en serio. Sabe que pese a todo, le hace falta alcanzar una legitimidad que no se obtiene solo con el voto, sino con las acciones de gobierno.
