Antonio González Vázquez
El conflicto que abrió el Gobierno del Estado contra sus trabajadores y sindicatos se está eternizando inútilmente, entre otras cosas, por el empecinamiento oficial de pasar por alto los derechos laborales.
La presencia contestataria, desde hace cinco meses, de trabajadoras y trabajadores frente a Palacio de Gobierno, revela la actitud negligente de una administración incapaz de conciliar en busca de acuerdos.
Beligerante y arrogante, la autoridad ha encontrado una respuesta puntual por parte de quienes han tomado la decisión de no doblarse ante la arbitrariedad.
Prevalece, con signos de agudizamiento, una asonada institucional contra el personal que labora para el gobierno, con la intención de provocar el desgaste de la lucha por la defensa de sus derechos.
Bernardina Lara Argüelles, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado (SUTSGE), denunció que el verdadero propósito que ha propiciado la crisis entre el gobierno y sus trabajadores, es aniquilarlos.
Poco más de cien despidos en cinco meses y una segunda oleada en curso, hablan de una estrategia orientada a maniatar a los sindicatos por la vía del acoso, la intimidación y la amenaza.
Atemorizar como método, ablandar como recurso, golpear y desprestigiar como estrategia, son acciones impropias e indignas de un gobierno que se precie democrático y respetuoso de las leyes.
El gobernador José Ricardo Gallardo Cardona demuestra una dureza innecesaria, propia de quien desea imponerse por la fuerza y no a través de razones y argumentos. Aunque su obligación legal y política es actuar conforme a lo que mandata la Constitución, pareciera que le mueve el capricho.
Las y los trabajadores laboran para el gobierno, no para él, lo que supone la existencia de una relación institucional sustentada en normas, reglamentos y leyes. Omitir lo anterior, solo puede provocar conflicto y una creciente rispidez.
Las y los trabajadores del gobierno, trabajan para las y los potosinos, luego entonces son servidores públicos con obligaciones concretas respecto de la atención directa o indirecta a la sociedad.
Su patrón no es entonces llanamente el ejecutivo, sino la sociedad.
Y así como tienen obligaciones y responsabilidades, también tienen derechos, mismos que no pueden ser vulnerados al gusto del jefe en turno.
Para defender esos derechos están los sindicatos y es lo que han venido haciendo, es lo que les corresponde; lo hacen con firmeza y dignidad frente al aparato institucional todopoderoso.
El sindicato es trinchera y refugio, el trabajador así lo entiende; es su instrumento de defensa ante las arbitrariedades.
Podrá decirse quizá con justa razón, que los sindicatos de burócratas tienen una historia negra tras de sí, pero igual, quienes ahora gobiernan no pueden preciarse de un historial limpio; no les rodea un halo de luz sino de oscuridad.
Resulta incidental quienes son los buenos y quienes los malos de la historia, lo que importa es que hay un conflicto y que se debe de resolver con justicia.
No se puede desplazar a unos para colocar a otros, eso es un abuso que tiene como origen la percepción de que el gobierno es un botín a repartir a manera de pago de lealtades o favores político electorales.
Si bien el gobierno tiene toda la fuerza política, legal y mediática a su favor, no puede burlar la ley para dejar a quien se le antoje sin trabajo ni sustento.
Bien se haría en empezar a ver a las y los trabajadores como ciudadanos que merecen un trato digno y respetuoso.
Hasta el momento, no se les ha dejado otra alternativa sino la de la protesta y con ello, de la denuncia de las arbitrariedades de las que han sido víctimas.
Mientras que a los trabajadores se les maltrata, el ejecutivo tiene un trato preferencial para con el sector privado. A los empresarios todo, a los trabajadores, nada.
La sociedad anhela gobiernos de calidad que tengan en el centro de su atención la solución de las distintas problemáticas que le aquejan. Es imposible cumplir eso cuando se privilegia el conflicto y se cierran las vías del dialogo.
No es complicado hacer bien las cosas, lo que falta es voluntad.
Dice el gobierno que se trata de mejorar el desempeño en la función pública en beneficio de la gente, lo cual es encomiable, sin embargo, tendrían que revisar el desempeño de cada trabajador y trabajadora a la luz de sus resultados y no ha sido así.
Bien podrían reunir expedientes individuales y en una mesa de trabajo, demostrarle al sindicato con rigor y datos, que hay empleados que no cumplen con sus obligaciones; dar oportunidad al sindicato a que haga uso de su derecho de réplica y aporte los elementos en defensa del trabajador.
Pero el gobierno no quiere eso, su mantra es despídelos, despídelos, despídelos y después averiguamos.
En la burocracia debe haber gente de excelencia, otros cumplidores y eficientes, comprometidos en su desempeño, pero también otros que gozan del confort de la mediocridad porque con el paso de los años la rutina los ha embargado y saben que tienen un salario importante y seguro.
No es correcto generalizar y mucho menos cortar cabezas a discreción; los unos y los otros tienen derechos y se han de respetar.
