Por Victoriano Martínez
La próxima vez que acuda a cualquier dependencia del Gobierno del Estado a buscar a su titular y le informen que no lo puede atender porque se encuentra en una reunión tiene todo el derecho a decirles que mienten.
Al menos legalmente así lo demuestra la Plataforma Estatal de Transparencia (PET), donde tendrían que aparecer las actas de esas reuniones y sólo aparecen las de comités o comisiones en las que no participan… con excepción de los Servicios de Salud en el Estado (SSE).
De las 16 secretarías y la Oficialía Mayor que aparecen en el padrón de entes obligados a difundir información en la PET sólo los SSE publican las actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, aunque sólo lo hizo sobre los tres primeros meses del actual gobierno.
Cinco actas en las que quedaron plasmadas una serie de irregularidades en la asignación de contratos por 401 millones de pesos no sólo dan cuenta de un mal manejo en los SSE, sino que –ante el ocultamiento de las actas en el resto del gobierno– dejan ver el cúmulo de otras anomalías en el resto de la administración gallardista.
Si algo destacan en los discursos oficiales sobre la transparencia es su presunta utilidad para el combate a la corrupción.
Si algo impide el ocultamiento de las actas de los comités de adquisiciones de todas las dependencias es la posibilidad de que cualquier persona pueda verificar la aplicación correcta y dentro de la ley de los recursos públicos.
Una mala combinación en la que el discurso políticamente correcto no pasa de ser eso ante el comportamiento claramente incorrecto. El sólo ocultamiento de las actas es ya una violación a la Ley de Transparencia.
Una revisión al cumplimiento por parte de las 16 secretarías y la Oficialía Mayor de la fracción XIII del artículo 84 de la Ley de Transparencia muestra que sólo se publican actas de comités y comisiones en algunos casos hasta de ornato (por sus determinaciones sin ningún efecto real en la mejora de la gestión pública) como las de Ética y de Control y Desarrollo Institucional.
El catálogo de argumentos para ocultar la información es el muy recurrido en prácticamente la mayoría de las obligaciones de transparencia que incumplen las dependencias gubernamentales: “no se genera”, “no se realizaron sesiones”, “no se ha llevado a cabo”, “no se convocó”, “no se programaron”, “no se llevó a cabo ninguna reunión”.
Destaca el caso de la Secretaría Técnica del Gabinete por el hecho de que desde que inició la actual administración no ha publicado una sola acta, a pesar de que su labor principal es la organización de las reuniones de los gabinetes legal y ampliado y darles seguimiento.
Dos posibilidades: Uno, que no se elaboren actas de las sesiones para no dejar plasmadas las determinaciones irregulares, lo que violaría la obligación que marca la Ley de Transparencia de que todos los servidores públicos deben documentar la toma de decisiones y los acuerdos relacionados con el cumplimiento de sus funciones.
O dos, tan conscientes como el titular de los SSE, Daniel Acosta Díaz de León, quien reconoció que sabían que serían observados por los órganos de fiscalización, optaron por ocultar todas las actas de los comités de adquisiciones.
En el caso de la Oficialía Mayor, que por acuerdo administrativo su área de adquisiciones concentrará las asignaciones de todas las dependencias, el ocultamiento de las actas de su comité concentrará también la mayor sospecha de anomalías en sus determinaciones.
La duda: ¿por qué ante la urgencia no se recurre a quienes ya tienen acreditado cumplimiento en servicios anteriores y experiencia en el rubro y optan por nuevas empresas que ni siquiera acreditan que se encuentran en el padrón de proveedores? Al menos así quedó registrado en el caso de los SSE.
Un ocultamiento tan conveniente con el que se impide conocer a detalle sobre la llegada de muchos nuevos proveedores que, por la vía de presuntas compras urgentes, justifican incluso que no aparezcan en el padrón correspondiente.
Sí, en tanto no se publiquen todas las actas de todos los comités de adquisiciones y se acredite que se actuó conforme a la normatividad aplicable, el caso de los SSE tendrá el carácter de botón de muestra.
