Óscar G. Chávez
Uno de los problemas abordados por la prensa, pero no con la importancia que merece sino como tema secundario, son los recurrentes bloqueos a los accesos carreteros de los parques logísticos de la zona industrial San Luis Potosí–Villa de Reyes, por ejidatarios inconformes porque no han sido liquidados satisfactoriamente por las empresas que adquirieron sus terrenos, sobre los que ahora se levantan los conglomerados industriales.
Siempre habrá dos enfoques: la enorme pérdida económica provocada a las empresas por esos bloqueos, frente a los cuales un gobierno indiferente no ofrece acción ni garantías, y por el otro se encuentran los grupos de ejidatarios defraudados en sus intereses, menospreciados por el gobierno que apoyó y apoya a las empresarios inmobiliarios.
La problemática no es sencilla y aunque pudiera parecer local, atañe en los ámbitos social y económico, a las instancias municipal, estatal y federal. Uno de los núcleos que en breve pudiera convertirse en el epicentro de un problema de gran magnitud es el ejido La Pila, inmediato a la capital y una de sus delegaciones.
La Pila, cuyo secular nombre va ligado a San Luis Potosí casi desde su fundación, es el núcleo de un proyecto que pretendió unificar a Industrial Minera México (IMMSA), Sierra de San Miguelito a partir del desarrollo de cinco proyectos inmobiliarios hoy casi desaparecidos, en la superficie de los ejidos Escalerillas y San Juan de Guadalupe, la comunidad de San Juan de Guadalupe, y los restos del Aguaje y Terrero.
A través del llamado Paseo de las Esculturas se esperaba conectar a IMMSA con la Vía Alterna y ésta con los accesos a los grandes conglomerados industriales y sus áreas habitacionales Ciudad Maderas y Century XXI. No olvidemos, dentro de esta secuencia, el proyecto Cañadas, como punto clave de interconexión entre la Vía Alterna en el punto “trino” del ejido San Juan de Guadalupe, comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito y el Aguaje, hoy prácticamente bajo el control de proyecto urbano Gran Peñón.
Desafortunadamente para los inversionistas interesados en el asunto, después de la declaratoria federal sobre la sierra de San Miguelito como Área Natural protegida, el panorama comenzó a complicarse, de ahí que comenzaran a desarrollar diversas estrategias para trasladar su radio de acción a espacios cercanos. Destacan entre los afectados impulsores de la Vía Alterna y el proyecto Cañadas, como las familias De los Santos, Del Valle y el grupo Valoran; estos dos últimos han adquirido superficies territoriales y derechos dentro del ejido La Pila, mismo que esperan conseguir que sea privatizado, para con posterioridad ampliar sus radios de acción.
El desarrollo de este tipo de proyectos no sería posible sin el apoyo político y administrativo de los gobiernos estatal y municipal. Recordemos, por ejemplo, que (permutándolo por apoyo económico) Xavier Nava pretendió otorgarles el uso de suelo, a partir de los programas de Ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y de Desarrollo urbano de centro de población, publicados el 27 de abril del 2021; por su parte Juan Manuel Carreras haría lo propio entregando un plan concurrente, además de una estrategia de conurbación y vialidad a la que denominaron Proyecto integral de conectividad vial a la zona industrial de la zona metropolitana de San Luis Potosí, como aparece en el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicado casi para concluir su gobierno. Dicho de otra manera, facilitó la ofensiva contra el ejido La Pila, al tiempo que jugó un papel fundamental para la obtención de licencias y permisos para proyectos (mencionados atrás) como Ciudad Maderas y Century XXI, en el municipio Villa de Reyes.
Al apoyo de Nava y Carreras debe sumarse el de Ernesto Rendón Aguilar, representante de la Procuraduría Agraria en el estado, quien se ha prestado para presionar e intimidar a los ejidatarios de la Pila y matizar el despojo de tierras.
No es para menos, el proyecto industrial en este espacio geográfico colindante con la Sierra de San Miguelito es gigantesco, la ambición no es gratuita, tras de él hay ganancias por miles de millones de pesos.
Posiblemente no esté dentro de los intereses de Enrique Galindo y Ricardo Gallardo el solucionar los problemas derivados del acoso empresarial e inmobiliario que sufre la zona, pero de no atenderse a fondo y desde sus raíces, y de lograr los grupos económicos la cooptación de los ejidatarios, la amenaza sobre los valles de San Francisco y San Luis serán de dimensiones mayores. El progreso industrial llegará, pero traerá con él la catástrofe ambiental y el desabasto de agua por sobreexplotación, así como una enorme problemática económica y social para los habitantes del lugar, los problemas de tierra (que parece nunca acaban) resurgirán de una manera más agresiva, y los brotes de violencia se sumarán a los cotidianos de inseguridad.
