Por Victoriano Martínez
Si algo ha faltado con el cacaraqueado tema de la herencia maldita es que quienes se asumen como los administradores de lo heredado hagan una lectura muy puntual y detallada del testamento sin omitir ningún detalle para que ya dejen de usarlo como recurso retórico barato cada que pretenden evadir responsabilidades que asumieron con el cargo.
Lo más lógico es que hoy se vivan los efectos del pasado pero, si se toma como ejemplo el lema general de la campaña “vivir sin miedo”, que a siete meses de gobierno el clima de inseguridad se mantenga igual tiene más que ver con lo que se ha dejado de hacer que con lo hecho por los antecesores.
Una situación similar ocurre en otros problemas, por mucho que se pretenda asegurar que por festivales y ferias y el raquítico reparto de dádivas ofensivamente promocionadas y agresivamente insuficientes, el cambio ya se nota. Es como quejarse de la herencia maldita, pero no haberse tomado la molestia de leer el testamento con cuidado para actuar en consecuencia.
Las aprehensiones de tres ex secretarios del ex gobernador Juan Manuel Carreras López tienen más una intención de tratar de impresionar con el petate del muerto que con revelar la verdadera magnitud lo heredado.
O ni ellos mismos tienen idea de lo heredado y sólo lo han tomado como barricada para actuar a sus anchas en una opacidad sin límite que es la madre de toda sospecha, o conociéndolo han optado por ocultarlo para maniobrar con los testadores la prolongación de un pacto de impunidad de espaldas al interés general.
A la población en general sólo le queda la difícil tarea de interpretar algunas señales para tratar de conocer los alcances reales de lo que se bautizó como herencia maldita, más como una etiqueta para asumirse diferentes que como una voluntad real de serlo. La primera señal es el mayor grado de opacidad en la administración pública.
¿De qué tamaño es la herencia maldita? No basta con enumerar los casos de escándalo que se conocieron como el uso de empresas fantasma para adquisiciones, la Red Metro, los mencionados sobre los Servicios de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública, la SEDUVOP, la Junta Estatal de Caminos, la Comisión Estatal del Agua, etc.
Señalarlos con afanes de escandalizar sólo tiene el objetivo de reforzar la narrativa de la herencia maldita y poco favorece a que se defina, se dimensione y sea el punto de partida para acciones efectivas para una auténtica estrategia de justicia y de búsqueda de resarcimiento de los daños.
Si Juan Manuel Carreras López es el gran testador de esa herencia, otra señal puede ser el monto de las observaciones que durante su sexenio le hizo la Auditoría Superior del Estado (ASE) a sus cuentas públicas. Una fiscalización que representa un primer acercamiento a tratar de identificar la magnitud de lo heredado.
Hasta ahora, la ASE ya dictaminó sobre las cuentas carreristas entre septiembre de 2015 y diciembre de 2020. Está en revisión el periodo del 1 de enero al 25 de septiembre de 2021.
En los 63 meses ya fiscalizados, la ASE observó irregularidades por mil 661 millones 833 mil 703 pesos, más de 26 millones de pesos por mes. Por los montos observados cada año, se puede notar que, o cada vez había más descuido en el manejo del erario, o cada vez se confiaban más para cometer irregularidades.
El caso es que se nota una permisividad que abre mucho la posibilidad de que lo señalado por la ASE sea apenas la punta del iceberg de una administración plagada de irregularidades difíciles de cuantificar. Pero precisarlo es parte del testamento que el actual gobierno se ha evitado hacer público.
Ante observaciones por mil 661 millones 833 mil 703 pesos, quienes combaten esa herencia en siete meses apenas han actuado por ilícitos que superan con poco los 50 millones de pesos. Un indicador de una dosificación que también requiere de explicación pública.
¿Hasta dónde esa dosificación pudiera estar pactada de algún modo con Carreras López?
El 22 de febrero, el Juez de Control emitió una orden de aprehensión en contra de Daniel Pedroza Gaitán, ex secretario de Finanzas, dentro de la causa penal RI/SLP/EXP-164/2022, por los delitos de ejercicio ilícito de funciones públicas, uso ilícito de atribuciones y facultades y ejercicio abusivo de funciones.
El 24 de febrero, Pedroza Gaitán presentó una solicitud de amparo en contra de diversas autoridades para conocer si existían carpetas de investigación en su contra y órdenes de aprehensión. Para el 4 de marzo, se canceló la orden de aprehensión a petición del Agente del Ministerio Público.
¿Fue una reacción a la solicitud de amparo o hubo algo más entre las cabezas de la actual administración y la anterior? En su informe justificado, el Juez de Control reveló la existencia de la orden de aprehensión y su cancelación y pidió al Juez de Distrito declarar improcedente la solicitud de amparo de Pedroza Gaitán, quien se salvó de ser el segundo ex funcionario detenido.
El juez federal ordenó al juez de control remitir copia certificada del audio y video de las audiencias en las que se emitió la orden de aprehensión y en la que se canceló. La Titular de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales y Fraudes de la Fiscalía General del Estado presentó el 28 de abril un recurso de revisión contra ese requerimiento del juez.
Un estira y afloja en territorio judicial que seguramente es reflejo de lo que se puede estar negociando en otros terrenos. Una confianza de Pedroza Gaitán por salir bien librado al grado de que el 16 de marzo hizo circular un video para señalar que sigue en San Luis Potosí y afirmar que “aquí estamos y aquí seguiremos”.
El 27 de abril, Pedroza Gaitán tramitó un nuevo amparo, ahora contra actuaciones de la ASE. Todo indica que para estar y seguir aquí, los estiras y aflojas continuarán. ¿De qué manera lo estarán gestionando sus otros compañeros de gabinete? ¿Hasta dónde el propio Carreras López participa y lo tramita con su sucesor?
Lo poco que se deja ver del abuso contra el erario en el sexenio pasado muestra que Carreras López no sólo solapó los actos de corrupción, sino que estuvo directamente involucrado y, en consecuencia, la etiqueta de herencia maldita no es más que el nombre del juego en el que se define la suerte de ex funcionarios y los alcances de la prolongación del pacto de impunidad.
