Por Victoriano Martínez
La excarcelación negociada –así haya sido dentro de lo que la ley permite– de Mónica Rangel Martínez, ex titular de los Servicios de Salud y ex candidata de Morena a gobernadora, abre un amplio espacio de dudas sobre lo que incluyeron esas negociaciones, más allá de lo que haya quedado plasmado en el acuerdo reparatorio presentado en el Juzgado, es decir, el meta acuerdo.
Bastaron 38 días para que Mónica Rangel Martínez lograra su libertad a través de ese acuerdo que dio pie a una pena negociada con la Fiscalía General del Estado en la que, a cambio declararse culpable y de 22 millones 42 mil pesos, se le perdonara para que, desde la tarde de este viernes, pudiera salir libre.
Como meros montos accesorios, la ex titular de Salud debió desembolsar adicionalmente 20 mil pesos como garantía de beneficio y 63 mil pesos de sanción pecuniaria para el estado. Nada si se compara con los 22 millones 42 mil pesos que, prácticamente como prueba de culpabilidad, devolvió.
Una devolución reparatoria que alcanza un contrastante perdón si se recuerda la expresión del gobernador Ricardo Gallardo Cardona al rendir protesta: “Hoy no nos debe de extrañar que tenemos una de las secretarías más observadas en el país, la Secretaría de Salud, más de mil 700 millones fueron desviados y saqueados en la Secretaría de Salud. Esas cuentas se van a cobrar”, aseguró.
La titular de esa dependencia tan saqueada durante la mayor parte del sexenio anterior acaba de ser excarcelada a cambio de 22 millones 42 mil pesos. ¿Hasta dónde alcanzan los puntos del meta acuerdo para que ese perdón formalizado ante el Juez pudiera –sin que se informe– incluir los mil 677 millones 958 mil pesos restantes?
Si Rangel Martínez ya devolvió el monto del fraude por el que el fiscal José Luis Ruiz Contreras aseguró que merecía 27 años de cárcel, ¿sus otros tres cómplices cuánto tendrán que regresar para ser igualmente liberados o su reparación ya quedó cubierta?
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, aparentemente chamaqueó a Rangel Martínez con la candidatura a gobernadora, pues después de haber sido la abanderada que sirvió para facilitar el triunfo de Gallardo Cardona, hoy se le paga con un breve periodo en la cárcel y una libertad precedida de la aceptación de culpabilidad.
¿La habrán chamaqueado otra vez y en los próximos meses se le abrirá una nueva causa de entre las muchas que deben ser posibles generar de las mil 700 millones saqueados, según la afirmación de Gallardo Cardona? Nueva causa en la que quizá ya no sea procedente un acuerdo reparatorio.
¿O su aprehensión y excarcelación ya cumplió con el objetivo propagandístico de hacer ver a un Gallardo Cardona justiciero contra la herencia maldita, y perdona vidas a cambio de la devolución de lo robado?
¿Fue el de Rangel Martínez el caso piloto de la dosificación para simular un sexenio justiciero de aprehensiones y liberaciones de ex funcionarios que refuercen el efecto propagandístico ya logrado, antes que de una verdadera aplicación de la justicia, como parte de los meta acuerdos para que al final lo que prevalezca es la impunidad?
¿Por qué optó por una culpabilidad con una reparación del daño y no por un criterio de oportunidad que no la dejaría sin responsabilidad, pero que también la liberaría? ¿Fue una forma de proteger a sus compañeros de gabinete, pero principalmente al ex gobernador Juan Manuel Carreras López?
La forma en que se resuelvan los casos de Miguel Ángel Lutzow y Daniel Pedroza Gaitán resultará indicativa. El del primero ya está perfilado para repetir la fórmula aplicada este viernes. El del ex secretario de Finanzas ya tiene el antecedente de una orden de aprehensión girada y después cancelada.
La transparencia gubernamental tiene su origen en la desconfianza hacia las autoridades. El acuerdo reparatorio se da con la devolución de 22 millones 42 mil pesos. Gallardo Cardona asegura que serán entregados a los Servicios de Salud. La fracción IV del artículo 84 de la Ley de Transparencia obliga a todas las dependencia a publicar el origen de todos sus ingresos.
Legalmente está dispuesto el remedio a la desconfianza: no basta que aseguren que los 22 millones 42 mil pesos fueron devueltos. Están obligados por ley a publicar la forma en que se cobraron y se convirtieron en un ingreso adicional para los Servicios de Salud.
Apenas el pasado miércoles se recordó aquí la excarcelación del doctor Salvador Nava Martínez el 9 de febrero de 1963 y su postura de dignidad ante una acusación falsa: “Acepto la Libertad como inocente exculpado y no como delincuente perdonado”.
Gallardo Cardona salió libre en diciembre de 2015 como delincuente acusado erróneamente pero no exculpado. Ayer le tocó a Rangel Martínez salir como delincuente perdonada, con los riesgos que para ella implica.
En 1963 a nadie le quedó duda de la inocencia del doctor Salvador Nava Martínez y de la actitud represiva del gobierno. Hoy, en los casos de Gallardo Cardona y Rangel Martínez son más las dudas sobre todo lo que se oculta… y alimenta una fundada sospecha sobre renovado pacto de impunidad.
