Por Victoriano Martínez
Hace 80 meses, Antonio González Vázquez comenzó aquí una sección denominada “Crónica de Ejecutados” que lejos de dar cuenta sobre los deseables resultados por parte de las autoridades responsables de garantizar la seguridad de la población representa hoy un registro puntual como indicador de lo que describe el título de su entrega de este mes: incontenible flagelo criminal.
Tan incontenible que la diferencia entre la primera entrega, publicada el 25 de octubre de 2015, cuando se presentaron 17 relatos que daban cuenta de 16 ejecutados, es tal que en la publicada este jueves se enlistan 30 relatos sobre la ejecución de 35 personas.
Si se compara el octavo mes del sexenio pasado con el octavo mes del actual sexenio, el saldo es muy parecido: Hace seis años en el octavo mes del sexenio se presentaron 13 relatos que describieron la ejecución de 15 personas. Veinte casos menos que los reportados entre el 26 de abril y el 25 de mayo de este año.
Un seguimiento de lo publicado en prensa cuyos datos no pueden tomarse como una señal de que en el arranque del sexenio anterior se vivía una situación de más seguridad para los potosinos, sino que comenzaba un crecimiento en la violencia de tal gravedad, que el de Juan Manuel Carreras López cerró como el sexenio más violento de la historia reciente con 6 mil 130 ejecuciones.
Un crecimiento en los homicidios durante el anterior sexenio de tal magnitud que supero a los 5 mil 516 ejecutados durante los dos sexenios que le precedieron: el de Fernando Toranzo Fernández con 3 mil 97 casos y el de Marcelo de los Santos con 2 mil 419.
Si no se logra revertir esa tendencia que hoy queda reflejada en la Crónica de Ejecutados, el sexenio que ya lleva ocho meses podría resultar más violento que el de Carreras López.
En ocho meses, la similitud del arranque del sexenio no sólo resulta similar en cuanto a la tendencia de un incontenible flagelo criminal, sino que también se comienza a parecer en una postura de falso consuelo optimista que, a base de declaraciones, la autoridad se justifica con inoperantes contrastes con la situación general del país y la situación más grave en otros estados.
¿Cuántas veces habrá comparado Alejandro Leal Tovías, como secretario de Gobierno la mayor parte del anterior sexenio, la situación de inseguridad en el estado con la de otros estados y la nacional acompañada de la afirmación “no es una justificación, es una explicación lo que estoy dando”?
“Se siguen generando acciones para ayudar a contener está situación”, afirmó en septiembre de 2017, “ya la próxima semana entrará en funcionamiento la nueva Policía Metropolitana Estatal y no se descarta también solicitar la presencia de más elementos federales”. Cualquier parecido con la Guardia Civil Estatal…
“El trabajo del comisario es un trabajo bastante eficiente, dentro de lo difícil que es la seguridad en el país; nuestros estados vecinos están muy complicados en comparación con nosotros… hemos estado trabajando”, repitió en junio de 2019.
Jorge Daniel Hernández Delgadillo, quien sustituyó a Leal Tovías, se mantuvo en la misma línea. Justificó el aumento en las ejecuciones como algo que no se registró únicamente en San Luis Potosí sino a nivel nacional, por lo que el compromiso con la seguridad tenía que ser compartido con la federación.
“En San Luis Potosí estamos trabajando coordinadamente con el Ejército y con la Guardia Nacional”, decía Hernández Delgadillo.
José Guadalupe Torres Sánchez, actual secretario de Gobierno, se sumó este jueves a dar continuidad al mismo argumento del sexenio pasado. San Luis Potosí “está muy lejos de ser un estado con alto problema en materia de seguridad pública”, dijo.
Luego de que se le señaló que el pasado fin de semana el Estado figuró entre los primeros lugares con mayor número de ejecuciones señaló: “Pese a eso, pese a eso (…) estimamos que no es un tema tan fuerte como en otros estados”.
La incidencia de ejecuciones no cede sino que mantiene una tendencia creciente. Pero igual también las comparaciones contra otros estados que están peor tampoco ceden.
En cuatro años la Fuerza Metropolitana Estatal, la medida que se tomó para contener la violencia, obtuvo nulos resultados y fue avasallada por la delincuencia.
Se ofreció una evaluación a los resultados que dé la Guardia Civil Estatal en seis meses. Más vale que para entonces la conclusión no sea “hay estados que están peor” y los resultados se reflejen en una Crónica de Ejecutados reporte mucho menos casos que hace 80 meses.
