Por Victoriano Martínez
Justo cuando los grupos empresariales que pretenden la construcción de desarrollos industriales en territorio del Ejido La Pila estaban por lograr legalmente el pleno dominio de los predios, las protestas contra los procesos poco legítimos a los que recurrieron para ese fin se han convertido en un obstáculo que ha cimbrado a la Procuraduría Agraria… y hasta la tecnología les juega mal.
Los efectos de la queja presentada ante Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, procurador Agrario Nacional, frustraron el segundo intento de asamblea para dotar de pleno dominio a los empresarios-ejidatarios al suspender la participación de la Procuraduría Agraria de San Luis Potosí en la reunión programada para el 22 de mayo.
Pero ese no ha sido el único efecto. Desde que se presentó la queja el 16 de mayo, se encendieron alertas en la Procuraduría Agraria Nacional (PAN) y esta semana, tras la denuncia ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentada el pasado viernes, es muy probable que se dé cuenta públicamente de otros efectos.
Entre lo solicitado, primero a la PAN y después al Presidente, está que se investigue el papel que ha jugado el procurador Agrario en San Luis Potosí, Ernesto Rendón Aguilar, en las irregularidades en las que se han incurrido para incorporar a los empresarios como ejidatarios y ahora pretender otorgarles el dominio pleno con un precio pactado por la tierra de 120 pesos por metro cuadrado.
Rendón Aguilar, pues, se encuentra en la cuerda floja… y, en consecuencia, los procesos de adjudicación de las tierras a los empresarios también.
Una situación en la que se exhibe tanta premura para lograr las cosas que lo que pudo ser el aprovechamiento de la tecnología para elaborar documentos muy similares, pero no iguales, les ha jugado una mala pasada a las autoridades ejidales.
Usar el copiar-pegar o modificar la convocatoria en un procesador de textos los llevó a una pifia: emitir una vez más una “primer convocatoria” en lugar de convocar a una “asamblea ulterior”.
No se trata de un asunto menor y por ello trataron de corregirlo, aunque demasiado tarde. Los ejidatarios inconformes con la venta de sus tierras se percataron del error y de inmediato llevaron a un notario público para dar fe de los términos de la convocatoria.
La diferencia es que si es “primer convocatoria” se deben reunir tres cuartas partes de los ejidatarios para que la asamblea tenga validez, en tanto que en una “asamblea ulterior” basta con la mitad más uno.
Aunque ese no es el único obstáculo que enfrenta la realización de la asamblea convocada para el 5 de junio, la movilización de ambos grupos de ejidatarios (quienes son alentados por los empresarios para sus fines y quienes se oponen a vender sus tierras) no cesa, y este lunes, en una horas, los resultados de esa actividad podrían llegar hasta las puertas de la Procuraduría Agraria.
Hay indicios de que el número de inconformes puede ir a la alza, en tanto que los apoyos por parte de las autoridades agrarias locales para los empresarios que buscan el dominio pleno de las tierras van a la baja. Se rumora que Rendón Aguilar podría ser destituido en cualquier momento.
En noviembre de 2018, la incorporación de empresarios como ejidatarios tampoco se dio a la primera. La asamblea convocada para el 9 de noviembre de ese año no se realizó por falta de quórum. Finalmente se logró realizar el 18 de noviembre. Un indicador de que desde entonces ha existido una oposición que se mantiene.
Aquí puede consultar el acta de aquella sesión en la que aparecen las listas de los empresarios que fueron incorporados como posesionarios y avecindados, quienes ahora buscan el dominio pleno. La lista es tan larga, que el documento resulta útil para identificar a los empresarios involucrados y los grupos que representan.
