Por Victoriano Martínez
El 23 de octubre de 2019, Alejandro N., ex titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social (PDPAM), fue aprehendido por violación a un menor de edad, seis días después fue vinculado a proceso y este jueves enfrentará el juicio oral para oír una sentencia que podría liberarlo… a pesar de haber elementos para condenarlo.
Un juicio oral que se tenía previsto para los primeros días de julio, pero que se adelanta un mes, para este 2 de junio, con elementos que abren la sospecha sobre maniobras para facilitar la defensa y liberación del inculpado.
Los intentos por librarlo de su responsabilidad comenzaron desde el día siguiente de su primera vinculación a proceso. Con la etiqueta #somosmuchosconalejandro, el 30 de octubre de 2019, familiares y amigos del ex funcionario convocaron a una marcha por su liberación que finalmente no se realizó.
La marcha, convocada para el viernes 4 de noviembre, cuando ese año el día 4 cayó en lunes, se suspendió con el argumento “se cancela la marcha, pues es puente”, además de que se hizo la aclaración de que no era por su liberación, sino por un “juicio justo”.
Luego de que el 23 de diciembre la defensa logró que se ampliara el plazo de la investigación complementaria hasta el 29 de febrero de 2020, interpuso un amparo ante el juez federal quien concedió la reposición del procedimiento. En la segunda audiencia de iniciación, Alejandro N. volvió a ser vinculado a proceso.
Durante esta nueva vinculación, la defensa solicitó que el inculpado pudiera llevar el proceso en libertad, lo que negó el juez a petición de la representación de la Fiscalía General del Estado.
Desde el 19 de agosto del año pasado, Federico Garza Herrera, a pocos días de dejar la Fiscalía General del Estado, aseguró que no habría impunidad en el caso y se presentarían las pruebas suficientes y necesarias para acreditar la responsabilidad Alejandro N. sobre la violación al menor de edad.
El pasado 10 de marzo, José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del Estado, confirmó lo dicho por Garza Herrera, aunque señaló que “todo dependerá del juicio oral que emita su juicio condenatorio, que la expectativa de la Fiscalía es que sea condenatorio”.
Una expectativa que hace recordar que la que el mes pasado expresó Ruiz Contreras en el caso de Mónica Rangel Martínez, a quien le auguraba una pena de hasta 27 años de cárcel que terminó en un acuerdo reparatorio que le valió la libertad porque la condena fue de 4 años y 11 meses de prisión –menos de la quinta parte de lo que contemplaba–, lo que permitió su liberación.
El juicio oral previsto para este jueves, según se comenzó a notificar a las partes la semana pasada, presenta elementos de premura que, de acuerdo con algunos abogados cercanos al procedimiento, no pueden tener otra intención que facilitarle a la defensa elementos para permitirle al juez emitir una sentencia que deje en libertad a Alejandro N.
Consideraron que se trata de una situación que pudo ser alentada por la alianza del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona con la familia Valladares, al grado de incorporar a varios de sus integrantes al Consejo Consultivo Potosí y a Juan Carlos Valladares Eichelmann como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, dada la relación que tienen con la familia de Alejandro N.
El primer elemento de sospecha sobre la forma en que se favorece al inculpado tiene que ver con el hecho de que se notifica a la representación de la víctima con menos de una semana de anticipación, cuando la preparación del caso requiere de plazos específicos por involucrar a un menor de edad que debe participar como testigo.
De acuerdo con personal de la PDPAM, la participación del menor de edad que es la víctima requiere de un protocolo de actuación que por lo menos requiere de un periodo de 20 días de preparación, dado que debe darse una evaluación psicológica y un dictamen previo para su intervención, así como tramitar la autorización por parte de su tutor.
Otro elemento es que el menor que acusa a Alejandro N. no se encuentra en un albergue potosino para su protección, sino que está internado en Jalisco, lo que implica una serie de trámites adicionales imposibles de satisfacer en menos de una semana.
Aunque el procedimiento parece acomodado para favorecer a Alejandro N., a la representación de la víctima le queda argumentar para que se suspenda el juicio oral por no haber dado tiempo para la preparación, aunque si hay línea para favorecer al inculpado, poco podrán lograr.
Todo parece listo en la causa del juicio número 35/2022 para favorecer a Alejandro N., con tantas señales de la existencia de línea para su liberación en la causa penal 1098/2019 que, aunque hace 87 días se afirmara que cuenta con materia para condenarlo, el “falta que esto lo valore el tribunal de juicio oral” abre la posibilidad de que también se abran las rejas.
