Jaime Nava
Con la llegada de Héctor Serrano Cortés, exasesor de la campaña de Ricardo Gallardo Cardona a la gubernatura de San Luis Potosí, como nuevo dirigente del Partido del Trabajo en el estado, la política de opacidad del instituto político se mantiene y se profundizó. El partido dejó de cumplir con todas sus obligaciones en materia de transparencia, por lo que se desconoce el destino de más de tres millones de pesos de financiamiento público.
De acuerdo con los resultados electorales obtenidos en 2021, al Partido del Trabajo le asignaron un presupuesto de 10 millones 161 mil 239 pesos como financiamiento público para el ejercicio 2022; es decir, 846 mil 769 pesos al mes, cantidad que debería aparecer desglosada en la Plataforma Estatal de Transparencia.
Los artículos 84 y 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado,
obligan a los partidos políticos a dar a conocer cada mes una serie de datos entre los que se encuentran sus egresos, remuneraciones, contratos, adjudicaciones directas y licitaciones.
Sin embargo, si se ingresa a la Plataforma Estatal de Transparencia y se busca al Partido del Trabajo, únicamente aparecen reportes correspondientes a los meses de enero y febrero de 2022 que ni siquiera cuentan con la información completa, pues en ambos casos omitieron transparentar sus egresos, por lo que no es posible saber cómo y en qué se gastaron sus recursos.
Sólo en el mes de enero reportaron haber gastado 168 mil 856 pesos por concepto de 14 contrataciones de servicios profesionales por honorarios entre las que se encontraba la excomisionada María Patricia Álvarez Escobedo, con un sueldo de 28 mil 768 pesos brutos al mes.
El pasado 18 de marzo, Héctor Serrano fue presentado como comisionado político nacional del Partido del Trabajo en San Luis Potosí, por lo que ya bajo su dirigencia, el partido estaba obligado a difundir la información sobre el uso de los recursos públicos durante marzo (documentos que debieron publicarse en los primeros diez días de abril) y el destino del financiamiento público en abril (documentos que debieron publicarse los primeros diez días de mayo); no obstante, ni un solo archivo ha sido transparentado.
De enero a abril, el Partido del Trabajo ha recibido 3 millones 387 mil 76 pesos, más 846 mil 769 pesos en mayo, mismos que deberían ser transparentados en los primeros diez días de junio.
