María Ruiz
Las agresiones contra periodistas reflejan una violencia grave que inhabilita el ejercicio de la libre expresión. En San Luis Potosí, la impunidad de los delitos que fomentan la nulificación de esta profesión a través de la violencia, exponen el grave deterioro de un estado que no protege la vida de quienes ejercen una labor de la prensa libre y que, por ende, se enfrentan a la estigmatización y descrédito de su trabajo, acciones que incluso pueden resultar hasta en su muerte.
Basta recordar el caso de Federico Manuel García Contreras, reportero gráfico del diario Punto Critico y colaborador del programa Voces al Medio Día, quien desapareció en el municipio de Tanquián de Escobedo, en el pleno ejercicio de su oficio en el año 2012. Mismo año en el que también desapareció Adela Alcaraz López, reportera del Canal 12 de Televisión del municipio de Rioverde.
Pese a ello, la violencia y ausencia de condiciones de seguridad también le han arrebatado la vida a periodistas para quienes el estado nunca dispuso medidas de protección para salvaguardarlos de la exposición del riesgo que implicó su trabajo.
Como lo fue el lamentable asesinato del fotoperiodista de nota policiaca Edgar Daniel Esqueda Castro en octubre de 2017, quien anteriormente ya había realizado denuncias por amenazas. Un homicidio que constituyó también un acto de censura extrema y que puso de manifiesto la dilación de las autoridades para velar por su seguridad.
Pero también hay otras violencias que trastocan el ejercicio de la prensa y que flagelan severamente la labor periodística de mujeres y hombres, las cuales se dan a través de construcciones sociales de género que fomentan las desigualdades y prácticas sexistas.
Acciones que limitan su derecho a la libertad de expresión, pues hacen frente a agresiones físicas, psíquicas y morales que restringen su trabajo dentro de los medios de comunicación y los espacios en los que se desarrollan.
Aunado a todo esto, existe la incertidumbre de poseer una solidez financiera. Un dilema que expone la precariedad económica que enfrentan decenas de periodistas en medio de estos tiempos convulsos de violencia y que forman parte de la gran diversidad de agresiones que develan que en medio del cumplimiento de su labor afrontan salarios bajos, inestabilidad, prestaciones limitadas o inexistentes y además despidos injustificados.
Condiciones de riesgo que hacen de esta profesión y oficio particularmente peligrosa, a pesar de que existen normas establecidas en la Ley para la Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de San Luis Potosí, que deberían atender y disponer las medidas necesarias para que intervengan ante estos factores de peligro y garanticen los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de las y los periodistas.
Cifras y denuncias; el riesgo de ser periodista en SLP
Como se ha señalado, este fenómeno de violencia sistémica es una consecuencia severa del daño a la democracia que en sí depende del diálogo libre y la apertura del flujo de información.
Negar la existencia de trabajadoras y trabajadores en medios de comunicación que se enfrentan diariamente a una conflictividad social que vulnera su labor, es pasar desapercibidos los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación que sufren como informadores.
Pese a esto, la Unidad Estatal para la Protección de Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, expuso que hasta el momento no se han presentado solicitudes oficiales para la activación de Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección ante el Mecanismo.
“Han manifestado su interés en que únicamente se guarde el registro del presunto incidente o se canalice la situación al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, para que analice su asunto, con medidas especializadas aplicadas desde la Fiscalía General del Estado”.
A través de una solicitud de información realizada por Astrolabio Diario Digital, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que desde el año 2019, su Unidad de Protección a Migrantes, Grupos Vulnerables, de la Diversidad Sexual, Periodistas y Defensoras de los Derechos Humanos, ha contabilizado como “hechos con apariencia de delito” un total de 51 carpetas de investigación en agravio a periodistas y siete a personas Defensoras de Derechos Humanos.
Del total, se han clasificado nueve carpetas en archivo temporal, dos en ejercicio de acción penal, seis han sido judicializadas, una abstención, una incompetencia y 37 están en etapa de investigación.
Las medidas que se han brindado a estas víctimas consisten en evaluación del área médica y psicológica de la FGE, de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).
Además, la FGE informó que desde el año 2016 a la fecha, se han realizado un total de 158 denuncias y se mantienen abiertas la misma cantidad de carpetas de investigación sobre hechos relacionados con periodistas. De ellas, seis corresponden al 2016, 21 al 2017, 25 al 2018, 36 al 2019, 31 al 2020, 32 al 2021 y en el transcurso de 2022 un total de siete.
Estos números exponen la conflictividad social y las condiciones de inseguridad en las que las y los periodistas desarrollan su actividad profesional en un estado que puede ser mortífero para cualquiera que se desempeñe en esta labor.
Un mecanismo desde la utopía
El 25 de abril de 2013 se aprobó la Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo del Estado de San Luis Potosí, misma que solo contenía 21 artículos. En el año 2016 se le realizó una modificación, la cual atendía su adecuación al sistema federal.
No obstante, fue hasta mayo de 2019 que se presentó ante el Poder Legislativo del Estado, la iniciativa para expedir la Ley de Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de San Luis Potosí, elaborada por el exdiputado, Edgardo Hernández Contreras.
Esta iniciativa expuso el contexto de peligrosidad y amenaza que enfrentan tanto periodistas como defensores, al dedicarse plenamente al ejercicio de su labor y como esto anunciaba el devenir de una vulneración inminente de sus derechos.
Por ello, se integró a esta propuesta la aplicación de un Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y/o Periodistas, el cual tiene el objetivo de proteger a los activistas y profesionales del periodismo en el ejercicio de su labor.
Esta ley fue aprobada en agosto de 2021 y de esta manera se abrogó la Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo del Estado de San Luis Potosí, para que también se pudiera contemplar la protección de personas defensoras de los derechos humanos; incluye un total de 12 capítulos con 57 artículos.
Pero, ¿de verdad esta ley y su mecanismo están cumpliendo con su objetivo primordial?, ¿atienden su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos tanto de periodistas como defensores?
A través de una solicitud de información con folio 241234222000095 presentada por Astrolabio Diario Digital, la directora general de Derechos Humanos y Políticas Públicas y coordinadora de la Unidad Estatal para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, Verónica Onofre Serment informó que el Mecanismo apenas ha realizado tres sesiones de trabajo ordinarias y tres sesiones extraordinarias desde noviembre de 2021 a la fecha.
Y pese a que se trata de un programa consolidado en materia de protección, Onofre Serment confirmó que hasta el momento no se han sostenido reuniones colectivas e
individuales con medios de comunicación municipales o estatales, debido a que estas acciones no forman parte de las atribuciones del citado Mecanismo Estatal en términos de la legislación estatal y su reglamentación.
Sin embargo, ¿cómo es que se puede generar incidencia para garantizar el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, si no se tiene un acercamiento directo con quienes diariamente enfrentan hostigamiento y agresiones por la labor que desempeñan?
Referente a esto, Onofre Serment señaló que actualmente sí se han llevado a cabo reuniones individuales a través de la Unidad Estatal, para implementar y operar medidas de prevención en el ejercicio de labores de las y los periodistas.
Estas medidas van desde cursos de auto protección individual como colectivos, acompañamiento de observadores de Derechos Humanos, difusión de mensajes de cero tolerancia a la violencia de periodistas y defensoras, hasta cursos de capacitación en temas relacionados con la Ley Estatal.
Onofre Sement aseguró que, desde la creación de este Mecanismo, el cual inició labores el 4 de noviembre del año pasado, no se han recibido solicitudes de evaluación de riesgo por parte de personas defensoras de derechos humanos ni de periodistas.
En contraste, la Secretaría de Gobernación Federal informó a través de la solicitud de información con folio 330026222000733, que actualmente 18 periodistas potosinos se encuentran incorporados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; cuatro son mujeres y 14 hombres.
Del total, 15 periodistas cuentan con la activación del botón de asistencia, tres con servicio de escolta de seguridad, nueve con infraestructura en sus inmuebles, nueve con vigilancia a través de patrullajes, 16 con directorio de emergencia, a dos se les proporcionaron manuales de protección, dos cuentan con medidas preventivas y 15 con notificación a autoridades. Algunos cuentan con hasta siete medidas de protección simultaneas.
Onofre Serment afirmó que, a la fecha, el Mecanismo y la Unidad Estatal no tienen registros de personas defensoras de derechos humanos o periodistas que hayan desaparecido en el Estado de San Luis Potosí.
Datos que nulifican la existencia de las denuncias por desaparición de los periodistas Federico Manuel García Contreras y Adela Alcaraz López, ambos ilocalizables desde el año 2012.
Según lo indicado por Onofre Sermente, se han atendido 19 casos de agresiones, quejas y denuncias por parte de la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, hasta marzo del presente año. Sin embargo previo a la instalación del Mecanismo, desde 2017 al 3 de noviembre de 2021, se atendieron un total de 88 casos.
De las medidas preventivas que se ejecutan desde el mecanismo, según lo reportado por Onofre Serment, se realizan la elaboración de instructivos, manuales, cursos de autoprotección tanto colectivos como individuales, acompañamiento de observadores de Derechos Humanos, difusión de mensajes de cero tolerancia y elaboración de material informativo encaminado a comunicar de manera general los alcances de las medidas de protección, así como los derechos y obligaciones de las y los beneficiarios.
No obstante, en un sondeo realizado a diferentes grupos de periodistas locales, se pudo constatar que ninguna de estas acciones se han llevado a cabo, lo cual sería una omisión por parte de las autoridades y se suman al riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos.
Respecto a las medidas de protección contempladas dentro del mecanismo, la titular de esta Unidad refirió que se emiten diversas medidas, las cuales incluyen la evacuación, reubicación temporal, escoltas de cuerpos especializados, protección de inmuebles, números de teléfono de contacto de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, entrega de equipo celular, rondines y el equipo de seguridad que determine el Mecanismo Estatal.
