- La primera parte de este reportaje puede consultarse aquí.
María Ruiz
Las acciones de protección que ofrece el estado son constantemente cuestionadas por quienes hoy representan al gremio periodístico en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y/o Periodistas y quienes fueron seleccionados para conformar la Defensoría de los Derechos de Periodistas.
Para la periodista e integrante de esta Defensoría, la comunicóloga María José Puente Zavala, este Mecanismo actualmente presenta grandes e importantes áreas de oportunidad, sobre todo en la socialización de la existencia del Mecanismo y sus alcances, fuera de la zona metropolitana, al interior del estado y en los territorios alejados, donde también se realiza periodismo y defensa de derechos humanos en condiciones mucho más adversas.
“Es necesario socializar los derechos de las periodistas y de las defensoras porque muchos no los conocemos y pues creo que es un buen primer paso para exigirlos. Hasta el momento no hay un protocolo de atención, de análisis de riesgo y/o de contexto, ni un catálogo de medidas de protección. En la última sesión que tuvimos quedaron de tenerlo listo y han pasado ya un par de semanas”.
Esta disyuntiva, abre el diálogo sobre el trabajo de las instituciones estatales ante el contexto de violencia y el estado de indefensión que se perpetúa mediante la desatención y la falta de interés.
“Es prioritario asumir ese papel proactivo e incidir desde otras esferas y funciones en la defensa de la libertad de expresión y los derechos de periodistas y defensores. Gestionar el presupuesto para el Fondo (…) y buscar que llegue al presupuesto de egresos 2023. Y pues hacerse de mecanismos de evaluación, de rendición de cuentas, de autonomía, porque no deja de ser funcionariado público que muchas veces se encuentra en la situación de analizar el riesgo que un superior representa para una periodista o para una defensora”, explicó Puente Zavala.
Aunado a esto, la falta de las debidas diligencias y la poca garantía efectiva de los derechos de quienes se dedican a esta labor es notable ante la ausencia de la obligación de prevenir, pero sobre todo la impunidad generalizada que actualmente persigue a parte de los funcionarios públicos que actualmente integran este mecanismo.
“Cuando sugerimos cambios al proyecto de ley, pedimos que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso no tuviera representación en el Mecanismo por ser un cargo político (…) ¿Qué pasó? Tenemos en el Mecanismo a una diputada señalada por incurrir en violaciones a los derechos de periodistas y que, incluso, al ser acusada por activistas anticorrupción por el presunto uso de recursos del Congreso para la actividad proselitista de su partido, pretende usar las instancias de impartición de justicia del Estado para reprimir a ese periodismo o a ese activismo”, señaló.
Acciones que exponen fallas en la practicidad de este mecanismo, hechos preocupantes ante la falta de voluntad política que obstaculiza de manera significativa la comprensión de las necesidades del gremio periodístico.
“Una funcionaria que no comprende, no desde la mirada más elemental, la función auditora, observadora, crítica del periodismo, no tiene absolutamente nada qué estar haciendo en un Mecanismo de protección de los derechos que lo hacen posible”.
Perspectiva en la que coincide el periodista y también representante de la Defensoría de los Derechos de Periodistas dentro de este mecanismo, Samuel Antonio Estrada Rodríguez, quien comparte que al ser integrante de este órgano percibe que, desafortunadamente, carece de facultades para sancionar a quienes violan la libertad de expresión o violentan a los periodistas y defensores de derechos humanos.
“No funciona, o al menos no como me imaginé. El mecanismo tiene muchas áreas de oportunidad. Para empezar por reglamento las sesiones no son públicas, eso podría cambiarse. Por otro lado dotar de mayores facultades para poder sancionar efectivamente a quienes violentan a periodistas y defensores de derechos humanos, de tal forma que se pueda garantizar que no se vaya a repetir este comportamiento por parte de los agresores”, explicó.
Estrada Rodríguez también afirmó que este actual Mecanismo debería de tener acciones de vinculación a nivel federal como otros estados para poder mejorar los procedimientos, especialmente en el tema de los análisis de riesgo de cada una de las víctimas, de tal forma que las medidas a aplicarse dejen satisfechos a los periodistas y defensores de víctimas, y así les permitan ejercer su actividad de manera segura.
¿Cómo debería funcionar el mecanismo de protección?
Según lo observado por la periodista Puente Zavala, el Mecanismo debería funcionar entorno a los casos de agresión que se direccionan a la Unidad de Protección.
“Ahí debe hacerse un análisis de riesgo y contexto que determine el origen de la agresión, el tipo, las posibles consecuencias y las medidas de protección que corresponden por el riesgo. Ese plan de medidas se presenta al Mecanismo y se vota, a favor o en contra. En términos reales, como no existe todavía el protocolo de atención, quienes hacen el análisis y, digamos, se lo aprueban o lo implementan sin pasar por todo el Mecanismo, son los integrantes de la Unidad”, refirió.
Es decir que, actualmente, el Mecanismo se concibe y se activa cuando algo ya pasó, no actúa como un ente que puede impulsar medidas preventivas o hacer gestiones que tengan un impacto positivo para las y los periodistas y defensores.
“Algo que no quiero dejar de mencionar es que cuando los casos atañen al funcionariado público estatal, sobre todo que forma parte del propio Mecanismo, pues se canalizan los casos al federal. Ese ha sido un tema de discusión a nivel nacional porque hay periodistas que consideran que los mecanismos estatales no van a funcionar porque la mayoría de las agresiones vienen de funcionariado público de ese nivel de gobierno y pues los conflictos de interés son recurrentes”.
Y otra corriente de análisis de esta discusión, remarcó Puente Zavala, es que el Mecanismo federal está saturado de casos y enfrenta cierto nivel de corrupción o malos manejos del fideicomiso que lo sostiene y que al análisis de contexto o riesgo es un problema.
“Actualmente funciona de esta manera: Los representantes de las periodistas tenemos voz y voto; y se supone que participamos de la discusión, las propuestas y la aprobación de las medidas de protección en casos específicos. Creo que la intención también es que exista una representación real en el Mecanismo que entienda las necesidades del sector porque se es parte de él”.
A pesar de que una de las funciones del actual Mecanismo es reconocer el riesgo inminente que padecen las y los periodistas en medio del desarrollo de su labor, parece ser que se olvidan de diversos cuestionamientos que podrían determinar y encaminar acciones y diagnósticos que eviten perpetuar su estado de indefensión.
Desaparecer no es normal; la memoria de Federico García Contreras
El riesgo que corre un periodista dentro de un entorno violento como el que se vive, es un factor de conflicto que ha derivado también en hechos de desaparición o no localización.
El fotoreportero y periodista Federico Manuel García Contreras fue reportado como desaparecido el 18 de mayo de 2012, luego de que tomó un autobús desde la Ciudad de México en dirección a Tanquián de Escobedo, San Luis Potosí, el 13 de mayo de ese mismo año.
Según la relatoría de la familia, ellos mantuvieron contacto con él a su llegada a este municipio que colinda con los límites del estado de Veracruz. No obstante, días después perdieron comunicación con Federico, quien anteriormente les mencionó que su ejercicio como periodista se encontraba limitado por la presión ejercida por José Alberto Troas Pérez, jefe de la policía de Tanquián, quien además le prohibió realizar entrevistas.
Esto, ya que García Contreras se dedicaba a viajar y retratar sitios de la República Mexicana como parte de una sección para el medio en el que laboraba y la cual llevaba por nombre Recorriendo México.
Después nada se supo del paradero de García Contreras. Hechos que resultaron en una denuncia y averiguación previa AP/PGJE/SRZHN/TANQUIAN//75/2012, radicadas también en la indagatoria PGR/FEADLE/54/12 de la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República).
Tanto Casa de los Derechos a los Periodistas A.C., como la Fundación para la Libertad de Expresión se manifestaron al respecto y expresaron en su momento todas las arbitrariedades que rodearon el caso de Federico, así como el contexto de violencia que se produjo durante su visita a Tanquián de Escobedo.
Tras 10 años y 12 días de desaparecido, se sabe que la Fiscalía General del Estado continúa las diligencias de investigación sobre el paradero de Federico, quien cuenta con una ficha de búsqueda activa por parte de la Unidad de Personas Desaparecidas de este órgano público.
También se tiene conocimiento de que el 24 de febrero de este año, fue emplazado un edicto por el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, para convocar a interesados a activar el protocolo especial de la Ley Especial de Declaración de ausencia para personas desaparecidas.
Este protocolo consiste en un conjunto de acciones y medidas tendientes a facilitar el acceso a la justicia y la reparación del daño, pero sobre todo una vía jurídica para que la familia proteja y garantice los derechos civiles o patrimoniales de esta persona desaparecida. Sin embargo, se desconoce si alguno de los tres hijos que le sobreviven a Federico (Ángel Rodrigo, Marisol y África Gabriela García) tuvo algún interés en este procedimiento.
Hoy Federico Manuel García Contreras contaría con 67 años de edad y una trayectoria de más de 33 años dentro del periodismo cultural y deportivo, donde su trabajo se destacó por el detalle de sus fotografías y la escritura de sus crónicas.
Trabajo que resguarda parte de su memoria, que se mantiene viva y latente, pero que sobre todo seguirá presente hasta encontrarle.
Consulta la primera parte de este reportaje en el siguiente enlace:
